La Audiencia Nacional suspende el bloqueo a Telegram

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que el pasado viernes ordenó el bloqueo de Telegram, ha suspendido este lunes la orden y ha ha solicitado a la Comisaría General de Información un informe sobre la incidencia que tendría la medida entre sus usuarios. En un auto, el magistrado el pasado viernes tomaba esta medida cautelar en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en la red social Telegram.

En concreto, Pedraz tomaba esta decisión a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por un presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.

El titular del Juzgado Central Cinco de la Audiencia Nacional consideraba esta medida como «necesaria, idónea y proporcional» para la que no existe alternativa que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados, toda vez que «las autoridades de las Islas Vírgenes no han colaborado con la comisión rogatoria» enviada con el fin de que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

El magistrado, partiendo de la premisa de que el «incumplimiento reiterado» de la petición dirigida a Islas Vírgenes el pasado 28 el julio del 2023 impide la continuación de la instrucción de la causa, había sostenido que «no existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados».

Esa falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes a las que «solo se les pide una actividad de comunicación a los responsables de la red social Telegram» provocaba que, según el magistrado, debieran adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares.

«Esta reiterada comisión del delito contra los derechos de la propiedad intelectual justifica la adopción de las medidas cautelares interesadas al concurrir los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad», argumentaba Pedraz.

En esa línea, había añadido que la medida acordada era «idónea» porque su ejecución «podría fin a la infracción de los derechos de la propiedad intelectual denunciada» al impedir el acceso al medio por el que se distribuyen los contenidos cuyos derechos de propiedad se ven afectados.

Asimismo, fundamentaba su auto en el apoyo legal contemplado en el artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), por el que «el juzgado podrá acordar, como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero».

Por la suma de todos estos elementos, el juez Pedraz había concluido que la medida cautelar interesada «está justificada» porque es necesaria para poner fin a la infracción denunciada, es «proporcional e idónea» para el fin perseguido por la medida, ya que no cabe acudir a otro tipo de actuación con la misma finalidad, y «está contemplada expresamente por la ley».

En su auto, Pedraz ha acordado también la prórroga de la investigación por seis meses, hasta el 29 de septiembre.

El sábado pasado Pedraz ya dio orden de bloquear la aplicación en tres horas desde la recepción de la comunicación, pero el domingo las operadoras aseguraron que no habían recibido aún la orden. 

Una decisión muy polémica

Tras hacerse pública la decisión del juez Pedraz, han sido numerosas las reacciones en contra de esta medida. Una de las primeras en pronunciarse ha sido la organización de defensa de los consumidores Facua, que considera «desproporcionado» el bloqueo.

Facua advierte de los «enormes» perjuicios que causará la decisión judicial para los millones de usuarios de Telegram y para las empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas que difunden contenidos de forma lícita a través de sus canales en esta plataforma. «Es como si cerraran internet porque existen webs que alojan ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor, como si cortaran toda la señal de televisión porque existen cadenas piratas», dice en una nota el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

También los ingenieros informáticos se han manifestados en la misma línea. En una nota, el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería de España explica que dejar sin comunicación a millones de personas por un conflicto de propiedad intelectual es una medida «desproporcionada».

El presidente del Consejo, Fernando Suárez, entiende que es «bastante sorprendente» bloquear Telegram por una demanda de propiedad intelectual cuando, en otros momentos ha habido investigaciones en materias como terrorismo, pornografía infantil o narcotráfico, «que parecen más justificadas».

«Es como si se decidiera cerrar completamente una provincia de nuestro país porque dentro del territorio se produjese un caso de narcotráfico o un robo», añade.

Para el abogado  y experto en derecho digital, Borja Adsuara, se trata de «matar moscas a cañonazos». «Me parece una medida desproporcionada que seguramente se echará para atrás (...), es matar moscas a cañonazos porque afecta a derechos fundamentales de libertad de expresión y de libertad información», subrayó.

Adsuara ha recordado que el intercambio de contenidos es delito cuando tiene ánimo de lucro y ahí es cuando se persigue. «Aquí lo que ha debido de ocurrir es que han localizado grupos de Telegram en los que, con ánimo de lucro, se proporciona contenido de pago (...), es decir, que existen unos ingresos, si no, no se podría perseguir por la Audiencia Nacional».

«Es un órdago a la grande y desproporcionado, sí, pero el debate de fondo es por qué con Telegram y no con WhatsApp donde también hay grupos en los que se hace de todo». Adsuara ha detallado que la razón es porque Meta está en Europa y acata la legislación europea (Telegram, dice, está en Dubái). «Si un juez pide a Meta unos datos para que identifique a un grupo de WhatsApp donde se están cometiendo delitos, seguramente la empresa se los dará».

«Las multinacionales, por muy multinacionales que sean, no están por encima de las leyes europeas ni de la Policía ni de los jueces».

Al final, ha agregado este abogado, es una reacción ´lógica´ (la del juez), siendo, no obstante, ´una barbaridad´ porque afecta a muchos derechos. «Pero en el fondo dices: usted quiere presentar servicios en Europa, encantados, pero tiene que cumplir la legislación europea tal y como se le exige a la más pequeña de las pymes».

«Es un pulso entre el Estado de derecho y unas multinacionales que se comportan como señores feudales (...)», resume Adsuara, quien cree que Telegram recurrirá la medida.

Para este abogado, el juez Pedraz sabe que «es muy probable que se lo echen atrás» pero ha querido «dar este puñetazo encima de la mesa» y hacer esta «amenaza de suspensión, porque ya no es por un delito de propiedad intelectual sino por un delito de obstrucción a la Justicia».

Un paso más en la amplia lista de restricciones a Telegram

El bloqueo cautelar de Telegram en España es un paso más en una amplia lista de restricciones adoptadas por diferentes autoridades en el mundo contra esta aplicación de mensajería instantánea.

En mayo del 2020 el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) bloqueó 122 canales de Telegram, con más de 380.000 usuarios, en los que se compartían miles de copias piratas de libros, periódicos y revistas durante el confinamiento.

Telegram es una aplicación de mensajería instantánea para dispositivos electrónicos lanzada en el 2013 por los hermanos rusos Nikolái y Pável Dúrov como una alternativa a la aplicación WhatsApp.

Sin embargo, la seguridad y la protección a la privacidad del usuario que ofrece pronto la hicieron muy popular, hasta el punto de alcanzar actualmente los 900 millones de usuarios en el mundo.

Con sede en Dubái y traducida a más de 20 idiomas, si algo caracteriza a Telegram es la sincronización a la nube de forma permanente, algo que WhatsApp no tiene, de manera que sus usuarios pueden acceder a los mensajes desde diferentes dispositivos a la vez, incluyendo tablets y ordenadores, y compartir un número ilimitado de fotos, vídeos y archivos (doc, zip, mp3, etc.) de hasta 2 GB cada uno.

Pero la plataforma ofrece también la creación de bots (mensajes automáticos), la implementación de chats secretos que protegen la privacidad de los usuarios con un cifrado exclusivo entre el emisor y el receptor y la limitación de hasta 200.000 personas por grupo.

Por todo ello —su cifrado, el gran tamaño de los grupos y la posibilidad de compartir archivos de cualquier tipo o tamaño— no es de extrañar que la plataforma se haya convertido en algo único pero a la vez en un instrumento muy atractivo para delincuentes y extremistas. De hecho Telegram ha sido retirada de las tiendas de apps o bloqueada judicialmente en varias ocasiones por permitir el intercambio de contenidos ilegales, y en el caso de los regímenes autoritarios, por alentar protestas de opositores.

Telegram en España

En España, y según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicado en noviembre del 2023, un 18,7 % de los españoles que utiliza internet al menos una vez a la semana usa Telegram Messenger.

La aplicación ha crecido a un ritmo constante desde su lanzamiento en el 2013. En el 2016 contaba con un 5,2 % de los usuarios y para la primera mitad del 2023 ya superaba el 18 %.

Sin embargo, un estudio publicado ese mismo año por la Universidad de Granada (UGR) alertaba también de la potencial proliferación de canales falsos en Telegram y de la poca cantidad de canales correctamente verificados en España, alrededor de un tercio de los existentes.

Restricciones a Telegram en la UE

También en otros países de la UE esta red ha tenido que afrontar limitaciones, como las adoptadas en mayo del 2021 por las autoridades de Países Bajos, que bloquearon dos canales en los que se distribuían teorías de la conspiración sobre la comisión de actos pedófilos y rituales satánicos con sacrificio de niños.

En Alemania, la extrema derecha y los «antivacunas» encontraron en plena pandemia su sitio para difundir bulos, odio y amenazas hasta el punto de que las autoridades se plantearon el bloqueo de la plataforma. En ese mismo país, en octubre del 2022, las autoridades alemanas impusieron una multa de 5.125 millones de euros a la compañía, acusándole de violar las leyes sobre información del país.

En junio del 2022, cuando entró en vigor el código de buenas prácticas de la Comisión Europea para combatir la desinformación en internet, acordado con Google, Meta, Twitter, Microsoft y TikTok, las autoridades europeas animaron a Telegram y Apple a firmarlo, aunque señalaron que no había intención de «forzar a nadie» porque «estamos en una democracia».

Bloqueos y suspensiones en el mundo

Indonesia fue uno de los primeros países en actuar contra esta aplicación de mensajería y en julio del 2017 bloqueó el acceso a once de sus servidores para evitar la proliferación de contenidos radicales y terroristas.

En abril del 2018 un tribunal de Moscú ordenó el bloqueo de Telegram en toda Rusia al considerar que no cumplía con sus obligaciones legales en la difusión de información. El cierre provocó protestas con miles de asistentes. Las autoridades levantaron el bloqueo en junio del 2020.

También en el 2018, en mayo, fue Irán quien bloqueó Telegram por dañar la seguridad nacional por su papel en la convocatoria de protestas.

El mismo motivo, impedir la convocatoria de protestas, estuvo detrás de la decisión del Gobierno de Tailandia de bloquear la aplicación en octubre del 2020.

En marzo del 2022 la Corte Suprema brasileña ordenó el bloqueo de Telegram por la negativa de sus responsables «a colaborar con la Justicia» en relación con la difusión en masa de noticias falsas. Dos días después la justicia anuló la suspensión después de que la plataforma retirara informaciones falsas publicadas por el presidente Jair Bolsonaro, entre otras «determinaciones judiciales».

Desde entonces ha habido varias suspensiones temporales, por no entregar datos de grupos neonazis (abril del 2022) o por una campaña de Telegram contra un proyecto de ley para combatir la desinformación en internet (mayo del 2023).

En agosto del 2023 el Gobierno de Somalia prohibió TikTok y Telegram para evitar su uso terrorista.