Las personas que donen órganos o tejidos en vida tendrán una baja laboral propia

Este miércoles, el Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de ley para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo. La propuesta tiene como objetivo principal facilitar que este gesto altruista, que en muchas ocasiones permite salvar vidas o mejorar las condiciones de la persona que recibe el órgano o tejido, no suponga un problema económico para la persona donante. 

Con esta reforma, quienes donen órganos o tejidos mantendrán el 100 % de su salario durante su ausencia en el puesto de trabajo, tanto en los preparativos como durante el tiempo de ingreso y hasta el alta médica. De esta manera, se les concederán permisos retribuidos en las fases previas a la operación. 

«Estamos entusiasmados. Es algo que llevamos reclamando durante años», declara Beatriz Domínguez, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Reformas

Una de las novedades más destacadas es la consideración de la donación en vivo como un supuesto especial de incapacidad temporal, contando así con una protección específica. Actualmente, estos procesos ya están cubiertos dentro de las incapacidades temporales por enfermedad común, pero la propuesta busca aumentar la protección con una baja laboral propia para que «la persona altruista no se vea obligada a asumir determinados perjuicios económicos por ello».

El texto contempla además que para tener derecho a la prestación por esta incapacidad temporal no será necesario un período previo de cotización. La cobertura contempla tanto los días discontinuos como ininterrumpidos del proceso preparatorio, así como el tiempo transcurrido entre el ingreso hospitalario hasta el alta médica.

Antes del proceso, las personas donantes tendrán un permiso retribuido y obligado que abarcará todas las ausencias (horas o jornadas) precisas para recibir información sobre la donación y sus consecuencias, realizar los informes y exámenes médicos, así como expresar su consentimiento ante el juez.

Este detalle es, en palabras de Juan Carlos Julián, director general de Alcer, «lo principal de esa ley, porque la baja sanitaria ya la cubría el sistema público».

Las propuestas contaron con el apoyo de todos los grupos excepto de Vox y del PP. Los populares han votado en contra de la enmienda que contempla que el Gobierno evaluará la repercusión de esta norma para estudiar la ampliación de la protección. Consideran que esta evaluación debe «remitirse al Congreso de los Diputados» y aseguran que defienden esta posición «por transparencia democrática, no para limitar el poder del Gobierno». Además, solicitaron aprobar una enmienda para definir qué colectivos podrían beneficiarse de la norma.

La ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Antes de su publicación en el BOE, deberá ser ratificada en el Senado. Previsiblemente, estará activa en la primavera del 2025.  

Reclamación histórica

La propuesta, lanzada por el grupo socialista con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), da respuesta a una reclamación histórica de las asociaciones. «Esta iniciativa va a ofrecer la necesaria protección sociolaboral a personas que donan un órgano en vida. Desde el punto de vista médico tienen todo tipo de protección en nuestro país, pero desde el punto de vista sociolaboral carecían de la protección necesaria», asegura su directora general, Beatriz Domínguez.

Un proceso de trasplante, desde las evaluaciones médicas y psicosociales, hasta la comparecencia ante un juez, además de la cirugía y su posterior recuperación implican ausencias en el puesto de trabajo «y esto repercute negativamente incluso en su situación económica y en su relación laboral. Hemos tenido algún caso de despidos», explica Domínguez. 

Abelardo Sánchez, presidente de Airiños, también recuerda situaciones que derivaron en despidos, uno de los motivos por los que llevan cerca de una década solicitando mayor protección legal.

Sobre la propuesta, desde la asociación gallega destacan que «no hay órganos para todos, así que hay que favorecer la donación en vivo, aunque no necesariamente estas medidas deriven en una mayor o menor donación. Estas situaciones tienen que tener cobertura legal», recalca Sánchez.

Juan Carlos Julián, califica esta garantía como un reconocimiento que «es de justicia. Estamos hablando de personas que van a ofrecer algo de forma altruista a otras personas y que supone un importante ahorro también para el sistema sanitario».

Alcanzada esta reclamación, el director de Alcer recuerda la importancia de otras peticiones históricas de la asociación, como un plan estatal para afrontar las enfermedades renales, «para que no sea necesario que las personas lleguen a esta situación», o la creación de un sistema específico para personas con diálisis que tengan que trasladarse a otras comunidades autónomas de manera temporal. 

Aumento de las donaciones

España es ya un país líder en donación de órganos, con cerca de 6.000 trasplantes en el 2023. Solo Estados Unidos registró más operaciones de este tipo. Según los datos del último balance de la Organización Nacional de Trasplantes, en el 2023 el número de donantes vivos aumentó un 24 % respecto al 2022.

La organización destaca que el año pasado se realizaron 435 intervenciones de trasplante de riñón y dos de hígado. En lo que va de año se han alcanzado las 285. 

Además de los beneficios para las personas que reciben el trasplante, desde la ONT destacan el ahorro económico que supondrá esta medida. La organización estima estima el impacto presupuestario de esta medida en un millón de euros al año, una cifra que «es muy reducida, sobre todo teniendo en cuenta lo que aporta cada una de estas personas». 

La directora general destaca además que las donaciones en vivo ayudan a aliviar la lista de espera de trasplantes, «contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario». Como ejemplo, Domínguez indica que en los casos de trasplante renal, «en cinco años de tratamiento el ahorro por paciente es de 160.000 euros en comparación con la hemodiálisis y de 90.000 euros en comparación con la diálisis peritoneal. Todas estas personas que donan un riñón en vida están ahorrando millones de euros al sistema sanitario cada año».