«Pagué 600 euros por abortar y, tras la intervención, me echaron a la calle cuando aún no me mantenía en pie»

Cecilia se abre en este periódico por primera vez hablando de su traumático aborto. Ana es el nombre ficticio de una coruñesa que no tiene problema en contar su calvario. Pero prefiere mantener el anonimato. Las dos representan a esas mujeres que han tenido que sufrir —y algunas siguen padeciendo— unas interrupciones del embarazo que les han hecho sentir vulnerabilidad, culpa y rechazo.

No se conocen, pero con 24 años acabaron en la misma clínica privada para que les practicaran un aborto. Ana se quedó embarazada en el 2016, estaba a punto de empezar una nueva carrera y no estaba preparada para tener un hijo. A lo largo de la conversación, durísima, en la cual no puede contener las lágrimas, repite en varias ocasiones que ahora sí le gustaría formar una familia, y que a veces se castiga pensando que «quizás perdí la oportunidad». Sabe que no debe hacerlo.

«Tengo 33 años y hace mucho de aquello. Amigas que también abortaron pudieron borrar aquel día, pero yo no». «Fui a un centro de planificación familiar. Allí ya me pidieron cita en una clínica y cuando aparecí me dijeron que, como estaba solo de dos semanas y media, o me tomaba una pastilla o tenía que esperar otras dos semanas para que me intervinieran». Ana decidió esperar «porque me dijeron que si no iba a sangrar mucho en casa; a mí me daba miedo y prefería estar en un entorno médico. Pero este tiempo fue durísimo».

Cuando llegó el día, la situación no mejoró. «Te hacen esperar en la sala de enfrente a donde están las chicas que buscan concebir; y eso te martiriza, claro [comienza a llorar]. Después, en la intervención, no sentí nada de humanidad entre los sanitarios, y eso que estás sola. Pero lo peor vino después: me desperté temblando y al segundo una enfermera me dijo que me vistiera y me fuera; me sacó a la calle sin avisar a mi madre, que estaba esperándome».

Exactamente esto es lo que recuerda Cecilia. «No tengo muy vívido aquel día, pero sí sé que me echaron a la calle nada más despertarme».

Su caso es diferente al de Ana. Ella era estudiante de Veterinaria y dependía de la mutua de su padre, que es personal docente. Cuando descubrió que estaba embarazada llamó a su seguro e inició los trámites para que pudiera abortar cuanto antes porque estaba de 12 semanas —en España la ley permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación—. «No fue que dejara pasar el tiempo, es que estaba en exámenes y en esas épocas normalmente no me venía la regla. Así que no me preocupé hasta que empecé a notar síntomas», se justifica sin necesidad Cecilia.

Además de «un trato extremadamente frío, en la clínica me dejaron caer que muchas chicas usan el aborto como método anticonceptivo; y no creo que nadie quiera exponerse a esa situación». Las dos revelan que de haber tenido la oportunidad habrían interrumpido su embarazo en la sanidad pública. «No sé cómo es, pero supongo que el personal que no es objetor tiene más empatía. A mí me hicieron una ecografía un viernes y otra al lunes siguiente porque, si estaba ya de 13 semanas, el precio de la intervención subía. Al final pedí un crédito y pagué 600 euros».

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Galicia garantiza «de facto» el acceso al aborto en la sanidad pública

«La situación en el momento actual es bien distinta a la de años anteriores, siendo asumidas la práctica totalidad de las IVES [interrupción voluntaria del embarazo] a nivel público». Un documento del Sergas plasma en cifras cómo desde que comenzó el 2024 en Galicia se garantiza de facto que las mujeres puedan abortar en centros hospitalarios de la red pública. Según esta información, de las 1.700 mujeres que eligieron no continuar con su embarazo en el primer semestre del año, el 93 % realizaron la intervención en un centro hospitalario público. Este dato choca con lo que ocurría hace apenas dos años, ya que en el 2022 solo el 68 % abortaban en este tipo de centros.

Las áreas sanitarias dejaban entonces diferencias más que significativas. En Vigo, por ejemplo, el 100 % de las IVES ya se realizaban en la sanidad pública, pero en A Coruña la cifra caía hasta el 36 %; mientras que en la primera mitad del 2024 solo tres de cada cien chicas fueron a una clínica privada a abortar. «El número es ínfimo y casi siempre son mujeres que eligieron esa alternativa voluntariamente, no porque se les derivara», indican fuentes del Chuac.

La nueva ley

Es relevante este matiz, del que también se hacen eco en el Sergas. «Hace falta recordar la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo [la norma se reformó en febrero del 2023 para implementar esta prestación en centros sanitarios públicos]». Se refieren en el órgano de administración sanitaria a que debe «garantizarse que la mayoría de IVES puedan hacerse en el ámbito público siguiendo los criterios de gratuidad, accesibilidad y cercanía».

Con el objetivo de que el engranaje funcione y ninguna mujer pueda ver vulnerado su derecho, el Ministerio de Sanidad anunció un protocolo para el registro de objetores. Cada comunidad debe tener el suyo, de tal forma que los centros hospitalarios puedan organizarse y que, si se requiere, haya facultativos disponibles para realizar estas intervenciones. Con la comunidad gallega con la lista aún sin confeccionar, el departamento que dirige Mónica García tiene previsto que los sanitarios que no quieren practicar abortos puedan elegir entre dos modelos: en uno se oponen a realizar esta práctica en cualquier situación; en el otro, según los plazos y supuestos de permite la ley vigente.

La tasa más baja de IVES

Galicia registró la tasa más baja de España de interrupciones voluntarias del embarazo en el 2023. Con un total de 3.075 IVES, esto se corresponde con 7,26 abortos por cada mil mujeres. El incremento ha sido constante pero ligero desde hace 20 años, cuando la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo se hacían en una clínica privada —un 97 % en el 2004, concretamente—.

El Tribunal Constitucional blindó el aborto como un derecho 13 años después de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular. De este modo, no solo avalaba la ley de interrupción del embarazo, sino que sentenciaba que realizar esta intervención fuera de la red pública debe ser algo excepcional.