Cientos de portuguesas recurren a clínicas españolas para abortar

En solo dos clínicas españolas, de Vigo y Badajoz, se confirman 530 abortos de mujeres procedentes de Portugal en el 2023, según recoge una investigación del periódico Expresso. Otros centros médicos gallegos, andaluces y madrileños también aseguran recibir habitualmente pacientes portuguesas y, aunque no dan cifras, la investigación estima que la cifra total puede superar el millar en toda España.

La gran mayoría de las pacientes de la clínica pacense, un 64 % de 439, realizaron el aborto entre la décima y la catorceava semana de embarazo; es decir, en esas cuatro semanas que diferencian a la legislación española de la portuguesa en cuanto al período legal para abortar. Si bien en España el límite es de 14 semanas, puede extenderse hasta las 22 en casos de riesgo físico o mental de la gestante o de anomalías fetales graves. La situación es muy distinta en Portugal, que se sitúa como uno de los países más restrictivos de la Unión Europea en este aspecto: solo permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la décima semana de gestación, al igual que Croacia. En Polonia solo es posible en caso de violación o incesto y en Malta, si hay riesgo de muerte para la madre. Los restantes 23 países del bloque oscilan entre las 12 y las 21 semanas.

La norma se ha mantenido inmutable en Portugal durante los últimos 17 años, pero el debate público y político también ha sido constante. En septiembre, el Partido Socialista, líder de la oposición, introdujo una propuesta legal para igualar a Portugal con otros 15 estados miembro, que ponen el límite en las doce semanas; una modificación que la formación de centroizquierda no logró realizar en sus últimos ocho años en el Gobierno. El Bloco de Esquerda (BE) ha ido más allá, y propuesto al Parlamento que sitúe este umbral en las catorce semanas. Pero es muy poco probable que estas iniciativas prosperen, dada la mayoría de derecha elegida tras las elecciones del pasado mes de marzo (138 escaños de 230).

Ambos proyectos de ley pretenden cambiar uno de los grandes problemas que enfrentan quienes quieren abortar en Portugal, que es la reducida accesibilidad. Sugieren eliminar el período de tres días de reflexión obligatorios desde que se inicia el proceso —y que a veces son cruciales para poder llevarlo a cabo en plazo— y la exigencia de una autorización por parte de dos médicos. El BE también propone modificar el sistema de objeción de conciencia para los médicos, de tal manera que no sea un «prejuicio en el acceso al aborto o inviabilidad de cumplimiento de los plazos legales».

De hecho, como también reporta Expresso, 1.366 procesos de aborto no se completaron, entre el 2018 y el 2022, por exceder el límite legal: o bien porque el embarazo fue detectado tras la décima semana, o bien porque el proceso se demoró demasiado. A menudo, la consulta tarda cinco días en obtenerse (el máximo legal), a lo que hay que añadir los tres días de período de reflexión. El último obstáculo se sitúa en los propios hospitales: un tercio de los centros habilitados simplemente no practica el aborto por no haber médicos disponibles.

Un médico consultado por La Voz explica que muchos facultativos exponen objeción de conciencia, pero realmente se niegan debido a una sobrecarga de trabajo. Estas dificultades son especialmente notables en regiones rurales o insulares, y se consideran una vulneración al derecho a la salud, según la Carta de Derechos Fundamentales Europea.

El debate también expone posturas en la dirección contraria, con voces que piden un referendo para anular la ley en vigor. Con todo, el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, ha manifestado que no pretende emprender cambios en esta materia.