España exige a Bruselas un plan de choque para Mercosur

Apenas han pasado 14 días desde que la UE y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) sellaron su histórico acuerdo comercial, fraguado durante 20 largos años. Y 14 días es el tiempo exacto que ha tardado España en hacer públicas sus reservas. Lo expresó esta mañana el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, recién aterrizado en Bruselas.

El valenciano extendió sobre la mesa del Consejo dos demandas dirigidas a la Comisión Europea. La primera tiene que ver con revisar las directivas de negociación, que datan del año 1998, y pedir un análisis «más exacto» y pormenorizado del impacto que puede tener el acuerdo comercial sobre los distintos sectores de la actividad agraria y ganadera. Algo que no sería descabellado haber analizado antes de firmar. La segunda: establecer un plan de choque por si las cosas se tuercen y nuestros agricultores tienen que hacer frente a crisis precipitadas por la desaparición gradual de aranceles: «Hay intereses ofensivos de la UE y de España en el aceite de oliva, en vinos, en frutas y otros sectores que nos deben permitir reequilibrar una situación que, desde el punto de vista comercial hoy es desequilibrada», subrayó Planas antes de recordar a Bruselas que será necesario preparar un paquete de «medidas y cláusulas de salvaguarda para, eventualmente, dar respuesta».

De la respuesta que dé la Comisión Europea dependerá el respaldo que el Congreso español dispense a un acuerdo que tiene que se ratificado por los 28 parlamentos europeos y la Eurocámara. Y no hay garantías de que pueda pasar la criba. El gobierno francés está divido. El presidente galo, Emmanuel Macron, también recibió enormes críticas por parte de agricultores y sindicatos al levantar su veto a la firma del documento en cuanto consiguió garantías para preservar los objetivos de lucha contra la crisis climática recogidos en el Acuerdo de París. El francés tuvo que prometer una «evaluación independiente, completa y transparente», del acuerdo. Una autopsia post mortem que podría sacar a relucir deficiencias en el funcionamiento del acuerdo.

A pesar de las dudas que alberga el sector en torno al futuro de las indicaciones geográficas protegidas, sobre el dumping laboral o la mínima exigencia en torno al cuidado medioambiental, el ministro español defendió parcialmente el acuerdo: «Es moderno. En términos de salud, en términos sociales, porque se incluyen las condiciones de la OIT y en términos de cambio climático (…) Es positivo», deslizó para tranquilizar a un sector que acusa a la Comisión Europea de cerrar con nocturnidad y alevosía el acuerdo en los minutos de descuento de la legislatura para apuntarse un tanto ganador.

La batalla no ha hecho más que empezar. Quedan dos años para culminar el proceso de ratificación en las capitales europeas y otros ocho para ir levantando de forma progresiva los aranceles a la carne, el azúcar, el vino o las frutas y hortalizas. «Tenemos tiempo para adaptarnos», manifestó convencido el ministro, quien quiso recordar los efectos positivos del acuerdo CETA con Canadá: «España ha aumentado un 90% sus exportaciones agroalimentarias desde su entrada en vigor», explicó.