La política vitícola de la UE no ayuda a la competitividad ni a la sostenibilidad del sector

El Tribunal de Cuentas de la UE ha pasado revista a la política vitícola que ha desarrollado la Comisión Europea durante los últimos años. Y, si tuviera que poner nota a las medidas implantadas, esta sería sin duda un suspenso. De hecho, la entidad no duda en hablar de que medidas como las autorizaciones de viñedo o las ayudas para la reestructuración de plantaciones dejan «un sabor amargo». Porque es imposible medir si contribuyen a la competitividad de los viticultores, que es su principal objetivo; y, desde luego, no ayudan a que el sector sea más sostenible, otro de los fines que deberían perseguir.

La auditoría se llevó a cabo entre mayo y diciembre del 2022 e incluyó visitas a Chequia. Grecia, Francia, Italia y España, siendo Castilla-La Mancha la región elegida en este último país. Su intención era revisar la aplicación de las medidas de apoyo a la reestructuración de viñedos, ayudas que permiten realizar nuevas plantaciones para mejorar la competitividad de los viticultores; y el régimen de autorizaciones, que reparte permisos de forma gratuita para que se pueda plantar viñedo.

Los inspectores comprobaron, en primer lugar, que las ayudas para la reestructuración se concedieron a todo el que las solicitó, sin utilizar criterios que primaran los proyectos que fomentan las competitividad. Pero es que ni los reglamentos de la UE, ni las directrices de la Comisión «definen la competitividad de los viticultores ni la forma de medir los progresos», reza el informe. Es más, insiste en que estas ayudas deben destinarse a la reconversión varietal, a la reubicación, a mejorar las técnicas de gestión del viñedo o a replantar por motivos fitosanitarios. La renovación normal, entendida como volver a plantar la misma variedad de uva usando el mismo sistema y en la misma parcela, no debería subvencionarse, pero así sucede en alguno de los estados examinados. Además, los beneficiarios no está obligados a comunicar cómo mejoró su competitividad gracias a la reestructuración.

Autorizaciones de plantación

No salva de las críticas tampoco el sistema de autorizaciones de plantación. Con el fin de evitar el exceso de oferta que caracterizó al sector durante muchos años, se creó un sistema que permite aumentar la superficie del viñedo en cada estado hasta un máximo del 1 % anual repartiendo autorizaciones gratuitas para que los viticultores puedan hacer nuevas plantaciones. El problema es que cuando se propuso esa cifra del 1 % no se llevó a cabo ninguna evaluación del impacto que iba a tener. A mayores, como no se controla a qué zonas van esas nuevas autorizaciones se dan casos como el de Ribera del Duero, cuya superficie creció una media de un 4 % al año, cifra muy por encima de la máxima permitida. Otro problema es que estos permisos tienden a repartirse entre todos los solicitantes, concediéndoles superficies muy pequeñas, lo que dificulta la planificación de estas nuevas plantaciones.

Una viticultura más ecológica

«Aumentar la competitividad del sector vitícola es fundamental y especialmente importante para la UE, pero debería acompañarse de una mayor sostenibilidad ambiental», afirma Joëlle Elvinger, miembro del tribunal que dirigió la auditoría. Ese el tercer problema que el Tribunal de Cuentas le encuentra a las políticas vitícolas. «En la UE los vinos pueden ser tintos, blancos y rosados, pero la forma en que se cultivan rara vez es verde», reza el comunicado. La entidad sostiene que la política de reestructuración de viñedo muestra escasa consideración por los objetivos ecológicos. «Los proyectos que visitamos muestran una escasa consideración por la mejora de los sistemas sostenibles o la huella mediomabiental del sector vitícola», asegura la auditoría, que también concluye que el dinero de la UE no se ha dirigido a proyectos que buscan reducir el impacto de la viticultura sobre el clima o el medio ambiente. Es más, estos podrían provocar el efecto contrario, como cambiar a variedades de uva que precisan más agua.

La auditoría también concluye que la ambición medioambiental para el sector vitivinícola en la nueva Política Agraria Común (PAC) sigue siendo limitada. Anteriormente, los auditores habían recomendado que los pagos a los viticultores se vincularan con requisitos medioambientales, pero en la nueva PAC se eliminaron esas condiciones para financiar la reestructuración. Es más, los estados solo tendrán que usar un mínimo del 5 % del dinero asignado al sector vitícola para acciones relacionadas con el cambio climático, el medio ambiente y la sostenibilidad. Porcentaje que , en sectores como la agricultura, es del 40 %.

Las recomendaciones a la Comisión

Ante los problemas detectados en las diferentes medidas que forman la política vitícola común, el Tribunal de Cuentas realiza una serie de recomendación a la Comisión Europea que, considera, se deberían aplicar entre el 2025 y el 2026. Así, por ejemplo, en lo relativo a las ayudas para la reestructuración de viñedo, pide que se aclare lo que implica la competitivdad de los productores para poder evaluar si ese objetivo se consigue o no con estas subvenciones. También reclama que se evalúe la ejecución de la medida y el régimen para identificar y compartir buenas prácticas y riesgos.

Con el objetivo de reforzar la ambición medioambiental de la política vitícola, la entidad pide a la Comisión que evalúe si la proporción del mínimo del 5 % del gasto vitícola asignado que debe dedicarse a clima y medio ambiente es adecuado. También aconseja que, en las ayudas de reestructuración, facilite el intercambio de mejores prácticas y divulgue los resutlados para la protección del medio ambiente. En cuanto a las autorizaciones, se debe evaluar el contexto para saber en qué medida las nuevas plantaciones tiene impacto en el medio ambiente.