Pilar Martínez, abogada medioambiental: «La Agenda 2030 y la PAC son un lastre absoluto para las zonas rurales»

El despacho de Pilar Martínez cuenta con más de treinta años de experiencia en derecho medioambiental, trabajando en toda España con el sector agrícola y ganadero. Esto le ha permitido ver cómo han ido evolucionando las normativas nacionales y europeas en la materia hacia una situación que le parece alarmante. Se ha primado el proteger por proteger, asegura, sin razones técnicas o científicas que lo justifiquen.

—¿En los últimos años se ha tendido a la sobreprotección?

—Las normas medioambientales no deben ser solo exigir protección. Esa protección tiene que estar justificada y ser necesaria y eficaz. Es necesario que la protección se justifique con informes científicos y técnicos y que se contemple el interés económico y social, que en esas zonas rurales se desarrollan actividades y se puedan utilizar estos recursos.

—Los agricultores se quejan de que no se han tenido en cuenta sus necesidades.

—Lo que ha ocurrido en España y en Europa es que se han desarrollado normativas, y se han olvidado de otros aspectos. La protección ha supuesto un sumidero de dinero europeo para los estados, que han empezado a declarar zonas de protección. Pero el aspecto de compensación y de cuidar el medio rural se ha olvidado. Hacen normas sin fundamentos técnicos. Nos hemos olvidado de que las normas medioambientales exigen que se contemple ese aspecto. Se ha mirado solo el dinero que viene de Europa y se han olvidado de quién hace esos ecosistema. Han impuesto limitaciones y una visión extrema que impide que pueda ser rentable cualquier actividad agrícola y ganadera. Pero eso lo venimos viendo ya desde hace años.

—¿Se está invirtiendo esa tendencia de proteger por proteger?

—Europa está reaccionando a medida que la vente se va levantando. La Agenda 2030 es un lastre absoluto para las zonas rurales y la PAC, lo mismo. Priman lo que llaman la agricultura ecológica, que supone métodos que limitan la producción. Los tratamientos fitosanitarios son esenciales en algunos cultivos, como el viñedo. La Agenda 2030 impone limitaciones que reducen el ámbito de la agricultura y la ganadería y se buscan instalaciones de menos producción y ecológicas. Por cierto, que nadie ha descrito todavía la agricultura ecológica con fundamentos técnicos y científicos. Cuando recurrimos estas afecciones solicitamos informes a técnicos y científicos internacionales y sus conclusiones son tremendas, porque no hay un rigor para imponer estos criterios de protección.

—¿Y eso está afectando gravemente al sector agrícola?

—Los hacemos desaparecer. Tenemos casos de normas medioambientales que les impiden la entrada a fincas en determinados períodos. Por ejemplo, el plan hidrográfico declara inundables ámbitos enormes y, en el Duero, elimina una zona de plantación de chopos, de los que ya hablaba Machado. En el País Vasco se ha impuesto una moratoria para el eucalipto sin contar con informes, cuando la especie que ahí se plantaba, que era el pino, tiene una enfermedad. Eso sí, luego decimos que hay que sustituir el plásticos por el papel. Pues el papel se hace de eucaliptos.

—¿Cree que es posible que con las protestas de los agricultores se cambie esa tendencia?

—Creo que hay que ser racional. Hay que buscar un equilibrio ecológico con la agricultura y la ganadería. Dejar todo a monte y que los animales campen a sus anchas en las ciudades eso no es ecológico, eso es desequilibrio, que también se está produciendo. Ahí tenemos los problemas con el lobo o el jabalí. Al final, es un desequilibrio producido por el hombre.

—Vamos, que por tanto proteger se está haciendo más daño.

—Esta tendencia nos lleva a la catástrofe, tendremos que buscar un punto de equilibro. No puede ser que las administraciones o Europa miren solo al aspecto económico, a que llegue dinero, y se dejen abandonados otros aspectos. ¿Por qué no se pagan los servicios ecosistémicos a los agricultores y ganaderos? Igual se lo merecen más.

—Pero se siguen haciendo leyes de protección.

—Otra gran problema es la excesiva legislación. Desde hace años hay una avalancha de normas. A veces, para tratar una cuestión menor tenemos que consultar ocho normas diferentes, y cada día sacan una nueva. Si la gente piensa que los agricultores son los que había a principios de siglo están muy equivocados. Hoy tienen una formación y tiene que atender a normas que, a veces, resulta difíciles hasta para nosotros, los abogados.