La cárcel no «quema»: solo hay 21 presos por incendios forestales

Nueve mil incendios forestales, 260.000 hectáreas quemadas, tres muertos, casi 30.000 evacuados por las llamas... y solo 21 incendiarios en la cárcel. «Sale barato meter fuego al bosque», dice Theo Oberhuber, coordinador de Proyectos de Ecologistas en Acción. «El Código Penal establece penas de hasta 20 años de prisión si hay peligro para la vida de las personas, es una pena dura», recuerda Carmen Eiró Bouza, fiscal de Medio Ambiente en Galicia, comunidad tradicionalmente azotada por el fuego en verano y que tiene encarcelados de manera preventiva a cuatro de esos 21 presos. «No es necesario endurecer las penas», responde Oberhuber, «pero hay una sensación de impunidad, de que puedes meter fuego al monte y no va a pasar nada, y la razón es que es un delito muy difícil de resolver, es complicado encontrar al autor e incluso cuando identificas al sospechoso, luego tienes que probarlo, y las pruebas, normalmente desaparecen».

Con todo, Oberhuber cree que en los últimos años «se ha avanzado» con la creación de las Fiscalías de Medio Ambiente, pero aún así «faltan más medios y más vigilancia para que esas condenas sean de tantos años como refleja el Código Penal».

Curiosamente este verano las causas naturales como los rayos han tenido una alta incidencia en la formación de los 55 grandes incendios forestales (los que afectan al menos a 500 hectáreas) frente a los provocados por la mano del hombre. El peor de todos, el de la Sierra de la Culebra, en Zamora, con 30.000 hectáreas arrasadas, se desató por una tormenta seca. Igual que el de Bejís, en Castellón, que calcinó 20.000 hectáreas, o los superincendios que quemaron en julio 33.000 hectáreas en Lugo y Ourense. Pero la acción humana también ha estado detrás de un volumen importante de fuegos (Valle del Jerte, Mijas, Ateca, en Zaragoza, Los Guájares, en Granada.), bien por imprudencia, casi siempre relacionada con el manejo negligente de maquinaria agrícola, o bien con la clara intención de hacer daño, los llamados incendios «con dolo», atribuidos a los que meten fuego al monte por puro vandalismo y a los que, de poner en peligro vidas humanas, se les puede aplicar la pena de 10 a 20 años de cárcel que establece el artículo 351 del Código Penal.

Y pese a las miles de hectáreas forestales destruidas de manera negligente o dolosa, solo 21 personas se encuentran hoy en prisión, ya sea de forma preventiva o con una condena firme. No parece una cifra de esas con efectos disuasorios. Sobre todo después de unos meses de julio y agosto con los telediarios abriendo a toda pastilla con impactantes imágenes de montes ennegrecidos, haciendas humeantes, las lágrimas desesperadas de una legión de afectados... y compromisos políticos que generalmente no se cumplen. «En verano hay una gran sensibilización, luego desaparece», reflexiona Oberhuber.

450 investigados

Pero lo cierto es que el Seprona y los fiscales de Medio Ambiente no dejan de trabajar todo el año. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en el 2021, se investigaron o se detuvieron a 450 personas por su implicación en incendios forestales y hubo 109 sentencias condenatorias, la mayoría penas leves porque se trataron de negligencias sin intencionalidad, o de entre uno y cinco años de cárcel porque, aunque hubo intencionalidad, no hubo riesgo para la integridad física. Muy pocas fueron condenas que implicaron el ingreso directo en prisión. En Galicia se registraron algunos de los fuegos «con dolo» más sonados del verano. Y hay cuatro personas encarceladas, todas en prisión preventiva. Tres de ellos son jóvenes de 29, 26 y 19 años acusados de provocar diez incendios entre 2021 y 2022. En ese caso hubo «vandalismo puro y duro», como subraya la fiscal gallega de Medio Ambiente. Y el pasado 13 de septiembre ingresó en la cárcel una mujer de 58 años (la única de los 21 reclusos) como responsable de un incendio en la comarca de Verín (Ourense), que afectó a mil hectáreas y por el que cuatro personas tuvieron que ser hospitalizadas. Aún no ha sido juzgada, pero «a priori», opina Carmen Eiró, se enfrenta a una pena de prisión.

¿Y qué pasa con los pirómanos?

La fiscal rechaza que los que meten fuego al monte sean tratados como pirómanos, entendiéndolos como enfermos mentales que disfrutan con las llamas. «El pirómano es un enfermo mental que disfruta provocando el fuego; eso es una patología psiquiátrica y como tal tiene que tratarse. Yo mantengo que el porcentaje de pirómanos enfermos mentales es muy pequeño».

«No podemos permitir que un señor de 80 años vaya con su mechero y su cubo de agua a hacer una quema en su finca»

Falta de control en la quema de rastrojos Carmen Eiró nació en un pueblo de Ourense donde la quema de rastrojos, origen cada año de miles de incendios, por parte de las gentes del campo está muy extendida. «En Galicia tenemos una cultura del fuego muy arraigada, pero hay que dar una vuelta a esas quemas», dice la fiscal de Medio Ambiente. «No podemos permitir que un señor de 80 años vaya con su mechero y su cubo de agua a hacer una quema en su finca. No se puede quemar como se hacía en el siglo XIX, porque la situación en el medio rural es ahora diferente. En épocas de condiciones meteorológicas desfavorables, sea febrero o diciembre, no hay que permitir las quemas. Hay que suspenderlas. Y si se autorizan que sean controladas y con personal cualificado», asevera.