El freno a la ganadería intensiva y a las macrogranjas llega al Congreso

La ganadería intensiva y, sobre todo, las macrogranjas están en el punto de mira desde hace tiempo. En este sentido, Unidas Podemos cree que ha llegado el momento de poner freno a esas prácticas. Para ello propone prohibir la instalación de nuevas granjas e impedir la ampliación de existentes en zonas declaradas como vulnerables o sobreexplotadas, así como endurecer la normativa a la hora de declarar este tipo de zonas. Así lo plantea esta formación, que gobierna en coalición con el PSOE, en una proposición no de ley registrada en el Congreso, y a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella piden que se declaren zonas vulnerables todas aquellas afectadas por contaminación derivada de nitratos o que puedan verse afectadas por ello.

Asimismo, plantea niveles límite de contaminación más exigentes para delimitar zonas afectadas, nuevas medidas de refuerzo, con medidas de control y sanción para garantizar la aplicación de los programas y la normativa, y publicar cada año las informaciones recabadas por organismos de cuenca y aquellos competentes de las comunidades autónomas sobre muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas.

REGISTRADA JUSTO DESPUÉS DE LA POLÉMICA POR EL VÍDEO DE GARZÓN

La iniciativa se registró justo un día después de la polémica suscitada a raíz del vídeo publicado en twitter por el ministro de Consumo y coordinador de IU, Alberto Garzón, con el que llamaba a reducir el consumo de carne por las emisiones contaminantes provocadas por la ganadería, especialmente de las macrogranjas.

A partir de ahí, diferentes formaciones de la oposición cargaron contra el ministro, llegando a acusarle de atacar la ganadería, e iniciando una campaña por el consumo de carne. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino al hilo de esta polémica, y no precisamente para respaldar a su ministro: «Donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible», dijo.

CONTAMINACIÓN POR EMISIONES AL AIRE Y VERTIDOS A AGUAS

En su iniciativa, el grupo confederal señala el «enorme impacto» de la ganadería industria en la contaminación del agua y del aire. Más del 80% de emisiones de amoníaco agrícola de la UE y del nitrógeno al agua se atribuyen al ganado, además de las emisiones de metano por parte de purines, un gas con efecto invernadero 20 veces más potente que el CO2.

La evolución de los niveles de contaminación, aseguran en Unidas Podemos, va de la mano con un proceso de concentración en torno a la industria intensiva, especialmente en España donde, según Greenpeace, el 04% de producción de carne de cerdo y de aves, y el 80% de leche y otros productos lácteos se concentran en granjas grandes y muy grandes.

DESAPARICIÓN DE PEQUEÑAS PRODUCCIONES Y AUMENTO DE MACROGRANJAS

Así, entre 2009 y 2018 se registra un importante descenso en el número de granjas, pero especialmente las de menor tamaño, ya que el número de granjas más grandes ha aumentado un 50%. También afecta al modelo de negocio, donde los ganaderos ponen sus instalaciones a disposición de grandes empresas, propietarias de los cerdos, encargándose el ganadero de su cuidado y de la gestión, en ocasiones sin recursos adecuados ni suficientes.

Unidas Podemos pone el foco en el impacto de este tipo de instalaciones, en zonas como Galicia, Murcia o la cuenca del Ebro, pero aseguran que es extensible a todo el país. del río Ebro, pero aseguran que son extensibles a todo el país.

Un informe de 2020 elaborado por la Dirección General del Agua cifra en un 27% las masas de agua subterránea contaminadas en el país, sin visos de recuperación para casi el 40% de ellas. Al menos el 40% de acuíferos, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, está en peligro por la contaminación de la industria agrícola y ganadera.

LA UE YA ABRIÓ UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

La Comisión Europea ya advirtió en 2015 a España, abriendo un procedimiento sancionador por incumplimientos de la normativa dirigida a reducir la contaminación provocada por nitratos de origen agrario, al suprimirse estaciones de control, hallarse deficiencias al declarar zonas vulnerables, no completarse programas de actuación y ausencia de medidas adicionales.

El grupo confederal entiende estos incumplimientos por una normativa nacional laxa, que no garantiza la protección, pero también la dejación de funciones de algunas administraciones que, denuncian, «han hecho caso omiso a su deber en el cumplimiento estricto de la normativa vigente».