Las granjas avícolas tendrán que contar con un plan de gestión de estiércol y reducir las emisiones de gases contaminantes

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un real decreto que establece las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, que supone una mejora en las condiciones de sanidad animal y medioambiental. Se trata, explica el Ministerio de Agricultura, de una profunda revisión de la normativa vigente, que databa del año 2005, y de la incorporación a la misma del sector avícola de puesta, que hasta el momento no contaba con una norma de ordenación específica. Entre otras cosas, este nuevo decreto establece la obligatoriedad de estas explotaciones de contar con un plan de gestión del estiércol y de reducir las emisiones de gases contaminantes. 

Explica Agricultura que la norma se ha redactado en estrecha colaboración con el sector y las comunidades autónomas y busca adaptar la regulación a los nuevos retos sociales, económicos, productivos y medioambientales de la producción avícola. No en vano este es un sector de gran importancia en España y altamente tecnificado, que en los últimos años evolucionó y diversificó su producción ante las demandas de la sociedad. 

Las novedades que incorpora este decreto se articulan en torno a dos grades áreas: reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas, con el fin de mantener el estatus sanitario adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en materia de medio ambiente, relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático. En este ámbito, la norma introduce la obligatoriedad de que las granjas dispongan de un plan de gestión de estiércoles, para evitar la contaminación del aire y de los suelos. Este formará parte de un plan de gestión ambiental individualizado para cada granja. Al mismo tiempo, se introducen también medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes. Cada granja deberá disponer, de manera individualizada, de un registro de emisiones y de las técnicas utilizadas para su reducción.

En cuanto al bienestar animal, se establecen requisitos horizontales en materia de formación, se incorporan recomendaciones de bienestar animal para aquellas especies que no cuentan con una normativa específica de la UE y se exige un plan individual para cada granja, que evalúe los potenciales riesgos para el bienestar de los animales. Todo ello será posible por la introducción de manera obligatoria de la figura del veterinario de explotación, que será el responsable de asesorar sobre los aspectos relacionados con la sanidad.

Con el objetivo de mejorar y garantizar el cumplimiento de los requisitos que establece la norma, se introduce la obligación de contar con un sistema integral de gestión en la granja, donde queden recogidos los distintos planes y protocolos implantados en la misma en ámbitos sanitarios, de limpieza, mantenimiento de las instalaciones, bienestar animal, gestión de estiércoles o de distintos residuos, y formación y control de antibióticos, entre otros aspectos. La publicación de este nuevo decreto permitirá establecer las bases para el desarrollo ordenado de la actividad de este sector en los próximos años.