La Xunta recurre en los tribunales la orden del lobo y aumenta las ayudas para prevenir los daños

Galicia será una de las primeras autonomías en presentar un recurso contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica en la que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Así al menos lo acordó ayer el Consello de la Xunta, que también dio el visto bueno a ampliar las ayudas con las que la Consellería de Medio Ambiente financia la instalación de sistemas de prevención de los ataques. Debido al aluvión de peticiones recibidas, y con vistas a poder atender a todas las que cumplan los requistos, el Gobierno gallego amplió hasta los 900.000 euros la partida y hasta el 26 de noviembre el plazo para justificar el pago. «Esto é un erro extraordinario», aseguró el presidente, Alberto Núñez Feijoo, sobre la orden de Transición Ecológica, al tiempo que recordó que «levamos traballando un ano as comunidades autónomas que padecemos problema de masificación de lobos e os resultados son decepcionantes». 

«Imos presentar un recurso fronte os tribunais. Imos pedir unha medida cautelar de suspensión da orde», afirmó Núñez Feijoo, quien considera que el Gobierno central no evaluó corectamente su decisión de elevar la protección del lobo. «Se se le con detalle a memoria económica que ven a prohibir a captura do lobo ten un importe de 25.000 euros. Se creen que os danos do lobo son 25.000 euros é unha broma de mal gusto», insistió. Y recordó que la Xunta ya ha invertido 4,6 millones de euros en este problema. «Esto é un erro extraordinario e ten unha mensaxe: hai máis tempo investido en crear confusión co lobo en España que en manter os postos de traballo da transición enerxética. Imos ter máis lobos e menos empregos», añadió.

Finalmente, Medio Ambiente decidió ampliar la cuantía de la partida destinada a sufragar las ayudas para la prevención de ataques de la fauna salvaje. Esto año, había 300.000 euros para subvencionar estas acciones pero, de todas las solicitudes recibidas, algo más de 900 cumplen con todos los requisitos con lo que, de mantener el crédito previsto, solo se podrían anteder un tercio de las peticiones. Es por ello que la consellería decidió ayer ampliar en 600.000 euros la partida prevista inicialmente. También se amplía el plazo para la justificación de los gastos hasta el 26 de noviembre. Según los datos que maneja la Xunta, desde el 1 de octubre del pasado año al 30 de septiembre de este se produjeron en Galicia 1.167 avisos por daños de lobo, que afectaron a más de 2.024 reses. En total, desde el 2016 hubo 7.217 avisos que corresponden a más de 12.815 reses. «Levamos máis de 2.000 animais mortos, 592 son vacas. Pero para o Goberno parece que non é ningún problema, por iso prohiben batidas controladas en todo o territorio», lamentó el presidente gallego.

Se mantienen así las ayudas para la prevención de daños, pero no las destinadas a sufragar las pérdidas que el cánido ocasione en las explotaciones. Medio Ambiente insiste en que la inclusión del lobo en el Lespre provoca que decaiga el plan de gestión de esta especie y, por lo tanto, todo el sistema de ayudas. Recuerda que ese programa se aprobó en 2009 para mantener el estado favorable de conservación del lobo en Galicia, «premisa que queda xa sen efecto ao establecer a orde ministerial que o devantido estado é desfavorable en toda España», argumenta la Xunta. Recuerda que todas las comunidades del norte hicieron en los últimos años un gran esfuerzo por atenuar el conflicto social que el lobo provoca en muchas zonas. Sin embargo, ahora, la orden de Transición Ecológica «non contén ningunha carga administrativa e non suporá o incremento dos recursos humanos e económicos dispoñibles por la Administración xeral do Estado». Medio Ambiente también considera que el Gobierno no ponderó adecuadamente las repercusiones económicas y las consecuencias que tendrá el cambio de status del lobo. Y eso a pesar de que, asegura, el Consejo de Estado, le dejó claro en su dictamen que se deberían aclarar estas cuestiones en la orden, pues se trata de un efecto relevante del proyecto por las consecuencias que previsiblemten tendrá para las administraciones públicas y el sector ganadero.