El Gobierno sufre una derrota histórica al no convalidar el decreto de la estiba

El Gobierno sufrió este jueves una derrota histórica en el Congreso al no conseguir convalidar el real decreto ley que regula la liberalización de la estiba portuaria. Hay que remontarse a 1979, en el mandato de Adolfo Suárez, para encontrar un precedente equivalente de un Ejecutivo incapaz de reunir la mayoría necesaria. Los sindicatos de estibadores desconvocaron inmediatamente los cuatro días alternos de huelga que quedaban, que empezaban este viernes.

El resultado de la votación fue de 142 diputados a favor, 175 en contra y 33 abstenciones (entre ellas la de  Íñigo Errejón por error). Quedaba así de manifiesto la debilidad de un Gobierno en minoría, que ni siquiera logró el apoyo de su socio Ciudadanos, que finalmente viró del sí a la abstención, y se reabría la incertidumbre sobre la estabilidad gubernamental y la duración de la legislatura. El Ejecutivo ya no se fía de la formación naranja y sabe que no puede contar con el PSOE. La única buena noticia que recibió fue el apoyo del PNV, que hizo su primera concesión a cambio del respaldo del PP a los Presupuestos vascos.

Multa a la vista

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se presentaba en la Cámara después de que fracasaran las negociaciones de última hora con los estibadores. Los argumentos que dio no convencieron a la oposición. De la Serna explicó que el decreto ley tenía como objetivo cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre del 2014, por cuyo incumplimiento se ha acumulado una multa por valor de casi 23 millones de euros y que pasará a ser de 134.000 euros diarios. Señaló también el gran esfuerzo que había hecho el Gobierno en su oferta a los estibadores, que podrían retirarse a los 50 años con el 70% de su salario.

Tras la votación, el ministro lamentó la falta de responsabilidad política de la oposición, especialmente del PSOE y Ciudadanos, que «aboca a que los españoles vayan a tener que pagar una sanción muy importante directamente de su bolsillo». «Se ha querido dar un palo al Gobierno pagado todos los ciudadanos», insistió. De la Serna destacó que en el debate no se había hecho ninguna propuesta alternativa a la presentada por el Ejecutivo. «Es una decisión que nos saca directamente del cumplimiento del Tratado de la UE y que va a obligar a pagar del bolsillo de todos los españoles el mantenimiento del último monopolio en este país».

El cambio de posición de Ciudadanos causó un gran malestar en los populares, que se quejaron de que hasta en tres ocasiones les habían prometido su voto favorable. Albert Rivera explicó que no entendía por qué el Gobierno había insistido en presentar el decreto sin contar con apoyos. «Hay que saber contar votos», afirmó. El presidente de la formación naranja valoró positivamente que el Ejecutivo presentara el miércoles una oferta para tratar de desencallar las negociaciones, pero lamentó que «sentarse en la mesa, después de dos años y medio de la sentencia, es demasiado tarde».

El PSOE defendió que su rechazo no respondía a «tratar de tumbar un decreto, sino a defender los derechos de los trabajadores» y llamó a las partes a «sentarse a negociar». Su portavoz, César Joaquín Ramos, acusó al Gobierno de culpabilizar a los estibadores y de demonizar a la oposición para justificar su propio fracaso. El portavoz de Unidos Podemos, Alonso Cantorné, por su parte, se opuso a un «decreto salvaje que haría estallar un sector estratégico par el país».

Los estibadores esperan que el Ejecutivo ocupe ahora asiento en la negociación

El rechazo al decreto de liberalización de la estiba ha terminado de decantar a favor de los estibadores el pulso que desde principios de febrero sostenían con el Gobierno. Después de que Fomento, el 9 de febrero, diese a conocer el texto que esbozaba el nuevo modelo de prestación del servicio -extinción de las actuales Sagep en tres años, en los que las empresas asumirían al 75, 50 y 25 % de la plantilla-, operarios de los puertos y Fomento se enzarzaron en un baile de aplazamientos -de la huelga con la que amenazaban aquellos, por un lado; y de la aprobación del decreto primero y del debate del mismo después, por la banda del Ejecutivo- que terminó ayer.

Los sindicatos han desconvocado las cuatro jornadas de huelga que guardaban en la recámara. El Gobierno tendría que sentarse a negociar y presentar otro decreto. Aunque, de todos modos, el ministro De la Serna, que insiste en que no hay plan B, aún no lo ha dado nada por perdido. Confía todavía en que se produzca un acuerdo en la reunión que el martes que viene mantendrán los sindicatos de la estiba con la patronal y que ese pacto sirva para cumplir con la sentencia de Bruselas.

Un punto de partida

Mientras, desde la parte social, esperan que el rechazo al decreto haga recapacitar a Fomento y se siente a negociar. Antolín Goya, líder de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, el principal sindicato de la estiba, considera que el no al texto «no es una victoria para nadie», sino «un punto de partida», el de una negociación para llegar a una solución pactada que recoja las exigencias de la UE y garantice el mantenimiento de los derechos de los trabajadores. Así, Goya apeló a abordar ahora la negociación desde la más absoluta normalidad y con la presencia del Gobierno, pues cree que el decreto debe recoger las condiciones prometidas a los trabajadores. Entre esas garantías, está el plan de prejubilaciones con 50 años con el 70 % del salario.

Por otra parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, lamentó ayer la «irresponsabilidad» de la oposición al rechazar el texto y auguró la «deslocalización en las próximas semanas de muchas mercancías».