La pesca europea exige mayor liderazgo a Bruselas para no perder más caladeros

La flota comunitaria ya no puede pescar en Gabón. El pacto que el país mantenía con la Unión Europea expiró hace un año y no se ha vuelto a renovar. Tampoco puede ya faenar en Gambia. Ni en Guinea Ecuatorial. A pesar de haber acuerdo entre Bruselas y Banjul, lo mismo que entre la capital belga y Malabo, la falta de un protocolo mantiene a ambos pactos en el limbo. Están ahí, pero en la práctica no existen. Ahora está en la cuerda floja el acuerdo con Guinea Bisáu, a quien, tras cuatro rondas de negociaciones, Bruselas no ha sido capaz de apear de las disparatadas condiciones económicas y técnicas que exige para dar entrada a los buques comunitarios. Y puede ser un mal precedente para Marruecos, con el que toca renovar el año que viene. 

En definitiva, que los armadores europeos asisten a una pérdida constante de caladeros para su flota de larga distancia. Un proceso al que, consideran, es preciso poner fin. Y así se lo ha expuesto la patronal europea Europêche al comisario de Pesca, Karmenu Vella, al que exigen mayor liderazgo y coordinación de la Comisión Europea en las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP).

La patronal, presidida por el español Javier Garat, confía en que ese golpe en la mesa que han dado en el despacho de Vella consiga despertar esos «acuerdos durmientes, como se denominan los que, como en el caso de Gambia y Guinea Ecuatorial, carecen de protocolo por el que guiarse. Y a que el maltés colabore prestando apoyo diplomático al más alto nivel para renovar en condiciones justas el acuerdo con Bisáu, que concluye el próximo 23 de noviembre y para el que las perspectivas no son precisamente buenas. 

Una decisión necesaria

Esa decisión se hace si cabe más necesaria después de que haya trascendido que los países africanos se están aliando para negociar acuerdos pesqueros con otros Estados, lo que podría complicar la renovación de los mismos.

Antes de que se vean los frutos de esa estrategia, Europêche cree que es necesario que el equipo de Vella haga comprender al presidente guineano, José Mario Vaz, que sus exigencias son desproporcionadas y que una hipotética ruptura supondría una pérdida para ambos, no solo para la flota comunitaria. 

Preocupación

Marruecos y Gabón también suscitan preocupación entre los armadores europeos. El pacto con Rabat finaliza en julio del 2018 y es importante para la flota andaluza y para los cefalopoderos gallegos, que operan allí reconvertidos en arrastreros demersales. Con Libreville expiró en julio del año pasado y la patronal pretende que se dé entrada a la flota marisquera.

En cuanto a los acuerdos durmientes, resucitarlos es importante porque, al introducir una cláusula de exclusividad, los armadores no tienen opción a hacerse con licencias privadas que les permitan operar en aguas de esos países.

La delegación encabezada por Garat también pidió a Karmenu Vella que ayude a los terceros países a la hora de realizar campañas científicas, dado que disponer de un informe que certifique que hay excedentes de recursos en aquellos estados que tengan acuerdos privados va a ser obligatorio a partir del año que viene. Así, «debe asegurarse de que la gestión de los recursos pesqueros en los países con los que mantiene acuerdos, como por ejemplo Mauritania, no tenga un impacto negativo en la actividad de las embarcaciones europeas.

Ocho países africanos crean una comisión para negociar pactos pesqueros

Ocho países de África occidental han acordado acordaron constituir una comisión conjunta que se encargará de negociar los acuerdos de pesca firmados por estos países. La decisión surgió en el marco de un encuentro regional celebrado hace unas semanas en Nuakchot. Los ministros de Pesca de Mauritania, Cabo Verde, Guinea, Guinea Bisáu, Senegal, Sierra Leona, Ghana y Liberia convinieron también reforzar su cooperación en materia de investigación científica, vigilancia marítima y la lucha contra la pesca ilegal. En este sentido, los armadores europeos demandaron a Bruselas que para las flotas de estos países sea obligatorio la introducción del número IMO en el certificado de capturas, tal y como se exige a los buques europeos.

De acuerdo con la declaración final del encuentro, los ministros llamaron a los otros países a incorporarse a la iniciativa de transparencia en el ámbito de pesca, que fue lanzada en enero del 2015 por el presidente mauritano, Mohamed Uld Abdel Aziz.

Mauritania dispone de las mayores reservas de pescado y el sector pesquero representa el 50 % de las exportaciones del país y el 10 % de su PIB, y emplea a 36.000 personas.

El acuerdo de pesca entre Mauritania y la Unión Europea, que expira en el 2018, limita el volumen de las capturas autorizadas a 225.000 toneladas a cambio de una subvención financiera de 55 millones de euros anuales. En este acuerdo se prohíbe la pesca de cefalópodos y se exige que el 60 % de los tripulantes de los barcos sean mauritanos.