La patronal pesquera se persona como acusación popular en el fraude del atún

La junta directiva de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) decidió personarse como acusación popular en la causa judicial abierta a raíz de la operación Tarantelo, que la Guardia Civil, coordinada con la Europol, lanzó contra la venta en España de atún rojo procedente de la pesca ilegal. Esa intervención dejó al descubierto una presunta trama dedicada al comercio ilegal de esa especie, en un caso que, por el momento, se ha saldado con la detención de 79 personas, todas españolas, y la incautación de más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita en los 49 registros practicados en doce provincias.

La decisión adoptada por la patronal responde a que «la gravedad de los hechos y las conductas» afectan directamente al sector y, consecuentemente, «a los objetivos fundacionales de la patronal, entre los que se encuentran promover el desarrollo de una actividad sostenible y responsable, así como la lucha contra la pesca ilegal», explica Cepesca en un comunicado. «Al personarnos, queremos salvaguardar los intereses del sector pesquero español, mostramos nuestro enérgico rechazo a las conductas irregulares y fraudulentas y defendemos la honradez y legitimidad de los operadores de este sector», abundó Javier Garat, secretario general de la organización empresarial.

La operación Tarantelo asestó un duro golpe a una red con vínculos con Malta e Italia Y es que, según expuso Cepesca en su escrito de personación, de confirmarse el «blanqueo» de las capturas procedentes de la pesca ilegal, así como la introducción de producto en mal estado o el uso de aditivos y colorantes para hacer pasar por atún rojo otros túnidos pertenecientes a otras especies o la falsificación documental, atentan directamente no solo contra los intereses del sector extractivo español, sino también de los propios consumidores.

También el Ministerio de Pesca

La patronal valora que también se haya personado en la causa de la operación Tarantelo el mismísimo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A juicio de Cepesca, eso es un claro indicio de la gravedad del supuesto fraude en torno al atún rojo.

En la que está considerada como la mayor trama mundial de fraude del atún rojo -blanqueaban al año capturas por unos 25 millones de euros-, Galicia no está implicada directamente, en el sentido de que no ha habido registros ni decomisos como los que se practicaron en Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva, Toledo y Madrid. De todos modos, la operación todavía está en fase de investigación judicial y no se descarta que engorde esa cifra de 79 detenidos.

Según las indagaciones de la Guardia Civil, la red introducía anualmente en España más de 3.500 toneladas de atún rojo pescado ilegalmente y que procedía, sobre todo de Malta, de donde llegaron unas 2.500 toneladas al año, e Italia, unas mil toneladas solo en el primer semestre del 2018.

Ganancias ilícitas

La comercialización de estas capturas habría generado un beneficio ilícito global de unos 25 millones de euros. Además de los 80.000 kilos de atún rojo incautados y de medio millón de euros en efectivo, también se requisaron joyas, relojes, otros bienes de gran valor y siete vehículos de alta gama valorados en 600.000 euros, así como ingente documentación que vendría a demostrar el blanqueo en la comercialización de atún y sus ganancias ilícitas.