El Tribunal de Conflictos tumba la concesión de Vulcano

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha tumbado la concesión de Vulcano y ha dado la razón al Puerto de Vigo. Este pidió ayuda de la Delegación del Gobierno, que entabló un conflicto con el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra después por permitir la venta del astillero con la concesión aparejada hasta el 2027. El organismo dependiente del Supremo ha fallado ahora que corresponde a la Administración y no al juez la potestad sobre la concesión.

El tribunal declara que la actuación del Juzgado de lo Mercantil con sede en Vigo invade las competencias de la Autoridad Portuaria sobre la gestión del dominio público portuario, así como su poder para declarar la extinción ex lege de la concesión demanial en su día otorgada a Factorías Vulcano SA.

La sentencia supone un jarro de agua fría para Astilleros San Enrique, nombre de la nueva empresa creada por el Grupo Argos, que adquirió la factoría y que estaba ahora con una actividad incipiente, tras contratar a varios de los antiguos trabajadores de Vulcano.

La concesión de Vulcano finalizaría el 15 de diciembre del 2027. El 3 de julio del 2019, el juzgado de lo mercantil declaró disuelta la empresa y nombró un administrador concursal. El 20 de octubre pasado, el delegado del Gobierno planteó el litigio que se ha fallado ahora.

El dueño del astillero, el empresario Alberto Barreras, anunció a los trabajadores, antes de que se hiciese público el fallo, que si el tribunal acababa tumbando el otorgamiento de la concesión volvería a solicitar una nueva concesión. Ahora tendrá que negociar con el Puerto vigués.

Los trabajadores del astillero han mostrado su preocupación por el futuro y han recibido el apoyo de los comités de empresa de otras factorías navales, especialmente de Comisiones Obreras, sindicato al que pertenece el que fue presidente del comité de empresa de Vulcano y hoy es trabajador del nuevo astillero. Fuentes de la plantilla han señalado: «Estamos un poco bloqueados porque no lo esperábamos». Señalan que ahora aguardan movimientos por parte de la empresa y de la Autoridad Portuaria que permitan mantener la actividad, como ha sucedido en otros casos en los que caducó la concesión. En estos momento el astillero está acometiendo la reparación de un barco inglés de 44 metros que se va a transformar en uno de bandera española, el Fénix Vigo, y esperan cerrar otros contratos.

El presidente del Puerto de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, declinó ayer hacer una valoración de la sentencia hasta que no se la notifiquen oficialmente.

El fallo recuerda que las concesiones sobre bienes de dominio público se regulan por su legislación específica, que en este caso no es la legislación concursal. Corrige así el auto de 15 de abril de 2020 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en cuya argumentación se apoya el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra para rechazar el requerimiento de inhibición pedido por la Delegación del Gobierno. Dice que las leyes invocadas por le Audiencia de Pontevedra fueron derogadas por el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 21 de octubre de 2011. Añade que esa legislación específica, es aplicable con independencia de que la entidad concesionaria se encuentre o no en situación de concurso de acreedores y atribuye de forma exclusiva a la Administración portuaria las competencias para constatar la extinción de la concesión.

«No existe ningún elemento de interpretación que permita sostener que la Ley Concursal atribuya competencia alguna al juez del concurso sobre el régimen de la concesión demanial», concluye.

Los principales sindicatos de la comarca de Vigo lamentan el nuevo «golpe» a la industria naval tras la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que abre la puerta a la extinción de la concesión portuaria de la antigua Factorías Vulcano (ahora Astilleros San Enrique). Reclaman a la Autoridad Portuaria que, junto a los nuevos propietarios de las instalaciones, busque una solución para mantener la actividad industrial en el recinto.

CC.OO. ha calificado la resolución como «muy negativa y perjudicial». «Es una piedra más en el tortuoso camino que los trabajadores y trabajadoras de la extinta Vulcano, así como los de la industria auxiliar del naval, tienen que sufrir por falta de apoyos, estrategias y políticas que ayuden a potenciar nuestras empresas para superar las dificultades actuales del sector», ha condenado la central sindical, que ha pedido una «reunión urgente» con el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuíña, para «buscar soluciones» ante la imposibilidad de continuar la actividad en la grada de Teis.

Por su parte, la Federación de Industria de UGT ha apuntado que «os claros perxudicados» son los trabajadores, ya que la sentencia provocará «un retraso importante na reactivación do estaleiro», cuando la plantilla tiene las prestaciones por desempleo agotadas y están «sen opcions reais de recolocación a curto prazo».

Para UGT, «chegou a hora da política con maiúsculas» y ha instado al presidente del Puerto a «situarse á fronte e dar unha solución viable e rápida» a la situación, ya que «ten toda a responsabilidade sobre a mesma». «Non imos permitir que se tomen decisiones distintas a que dita concesión siga vinculada a actividade naval e industrial», ha advertido el sindicato.

La CIG también ha lamentado la resolución del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que, en su opinión, evidencia «o nulo interese do Estado en apoiar o sector naval vigués», pese a que es una industria estratégica en Vigo y en Galicia y un motor del que dependen miles de empleos.La central nacionalista ha advertido de que la retirada de la concesión a los actuales dueños del astillero «frustra a posibilidadede iniciar calquera proxecto de construcción naval» en el astillero, que se quedaría sin lámina de agua.

El expresidente portuario de Vigo, Enrique López Veiga, que inició el litigio, opinó por su parte que permitir la actividad de un nuevo astillero «no parece lo más adecuado, mientras que el uso logístico sería lo más sensato». «Ahora la concesión está extinta por ley y lo que cabe es que el Puerto vea cuál es el mejor uso», declaró.