La decisión de posponer un año la creación de más áreas protegidas en la Antártida frustra a los grupos conservacionistas

Las partes contratantes de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (CCMLR, por sus siglas en inglés) han concluido su 40 reunión anual —celebrada por videoconferencia— aprobando una «declaración solemne» por «haber cumplido cuatro décadas ininterrumpidas de colaboración internacional en la conservación de los recursos marinos antárticos». En ese texto —en el que ha participado activamente España, según explica el Ministerio de Agricultura y Pesca en un comunicado—, se renueva el compromiso de todos los firmantes de la convención de seguir trabajando para desarrollar «una gestión basada en los ecosistemas y consolidar la protección y uso racional de los recursos vivos marinos de la Antártida, sobre la base de la mejor ciencia disponible». Asimismo, se subraya que la lucha contra la pesca ilegal sigue siendo uno de sus cometidos más importantes.

El ministerio destaca que en la temporada 2020-2021, trece partes contratantes de CCMLR, entre ellas España, participaron en pesquerías e investigación de las especies de la merluza negra austral (Dissostichus eleginoides), la austromerluza antártica (Dissostichus mawsoni), Draco rayado (Champsocephalus gunnari) y krill antártico (Euphausia superba). Destaca también que las medidas de conservación acordadas permitirán consolidar la pesca científica española, que proporciona los datos necesarios para el seguimiento de las poblaciones de peces en la Antártida por parte del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

La euforia de España tras el encuentro contrasta con la decepción de los grupos conservacionistas, en particular de Greenpeace, que ve frustrados sus intentos de aumentar las áreas marinas protegidas y restringir el campo de acción de la actividad pesquera. Según explica la organización ecologista, la comisión tenía sobre la mesa tres propuestas para proteger la Antártida oriental, el mar de Weddell y una zona de la península Antártica. De esa manera se salvaguardarían casi 4 millones de kilómetros cuadrados del océano Antártico, aproximadamente el tamaño de la UE. Sin embargo, las partes contratantes dejaron pendiente ese asunto y darse un año para estudiar el protocolo de protección.

Greenpeace recuerda que actualmente solo el 5% de las aguas antárticas están protegidas y alude al compromiso de que el 30 % de los océanos a nivel mundial estén protegidos para el 2030. Dos de las propuestas fueron realizadas conjuntamente por la UE y sus Estados miembros, Australia, India, Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay, mientras que la tercera fue propuesta por Argentina y Chile. A pesar del fuerte apoyo de una gran mayoría de miembros, no se ha llegado, de nuevo en el 2021, a ningún acuerdo para proceder a su declaración, señala Greenpeace en un comunicado.