La Xunta recurrirá la ley que limita a 75 años las concesiones de Costas

El Gobierno gallego decidió este jueves interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el pasado mes de abril, por entender que vulnera «dereitos consolidados» que tenían centenares de empresas de la cadena mar-industria ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre, así como a millares de viviendas situadas en dicha franja.

La citada norma fue concebida para canalizar los compromisos internacionales asumidos por España en la lucha contra el calentamiento global, pero su tramitación no solo se demoró varios años, sino que estuvo envuelta en la polémica por las nuevas condiciones que se imponen a los establecimientos industriales o residenciales de la franja litoral. Y aunque desde la oposición el PP facilitó con su abstención que la Ley de Cambio Climático recibiera luz verde, lo cierto es que comunidades gobernadas por los populares, con Galicia a la cabeza, mostraron grandes reservas sobre el texto.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, aprovechó la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello para explicar que la Administración autonómica estuvo trabajando en las últimas semanas con el Gobierno central para intentar aclarar algunos puntos, pero «non houbo ningún acordo», esgrimió.

El principal motivo de fricción entre Xunta y Estado es que deriva del artículo 20 del texto legal y la gestión de los «títulos de ocupación» del dominio público marítimo-terrestre o, lo que es lo mismo, las concesiones. La Ley de Costas de 1988 consolidaba la posibilidad de que las concesiones otorgadas a depuradoras, plantas piscícolas, conserveras u otras instalaciones de tipo industrial podían tener una vigencia de hasta 75 años y ser susceptibles de prórrogas.

Pues bien, Feijoo considera que, con la nueva ley en la mano, el período de concesión se limita a 75 años como máximo, incluidas las prórrogas, y estas solo se otorgarán «de ser posibles» por una decisión del Gobierno que la Xunta considera «discrecional». 

«Discrecionalidade impropia»

Es decir, con la nueva norma «non sabemos o prazo inicial polo que se vai dar unha concesión», objetó Feijoo, ni tampoco se sabe si habrá o no derecho a prórroga. Y toda la normativa tiene carácter retroactivo, para títulos de ocupación ya otorgados y que están a punto de expirar, algo en lo que el Ejecutivo autonómico ve una «discrecionalidade en favor da Administración do Estado que é impropia dun Estado de Dereito», subrayó el presidente de la Xunta.

Feijoo acusó al Gobierno central de jugar a la «improvisación» y de causar una «doble discriminación» y una «doble inseguridade» a los establecimientos industriales y residenciales ubicado en la franja del litoral.

La ley pone en cuestión, insistió el jefe del Ejecutivo gallego, derechos consolidados de quienes tenía títulos de ocupación del dominio público. ¿Pero hasta dónde llega esa afectación? Pues lo cierto es que la Xunta dice haber echado sus cuentas y detalló que la Ley de Cambio Climático afecta ahora mismo a 232 empresas de la cadena mar-industria y a 3.797 edificaciones, de las cuáles 2.690 se corresponden a viviendas afectadas por Costas.