Pesca pagará 4,7 millones a la Guardia Civil para que vigile la pesca y su comercialización

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, han suscrito el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras correspondiente al 2022 y que está dotado con casi 4,7 millones de euros. Ese presupuesto se dedicará a financiar las líneas de actuación coordinada en la vigilancia e inspección de la pesca marítima en aguas de soberanía española y el control de la comercialización de productos de la pesca a partir de su primera venta. 

Este plan se inscribe en el acuerdo marco entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio del Interior para la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima suscrito en el 2019 por Planas y Marlaska.  

Entre otros objetivos, se pretende evitar la presencia en el mar de aquellas embarcaciones ilegales o no autorizadas, así como detectar artes o aparejos de pesca no identificados, antirreglamentarios o prohibidos, al tiempo que se disuade a los pescadores de faenar en zonas o fondos prohibidos. Del mismo modo, el plan recoge las actuaciones a realizar por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil, para el seguimiento y control del cumplimiento de la normativa pesquera en tierra, respecto de las artes y capturas, la tenencia de especies con tallas inferiores a las reglamentarias o la verificación en cualquiera de los elementos que constituyen la cadena de distribución y comercialización.

Para ello, la Guardia Civil operará con siete patrulleras y cuatro helicópteros cedidos por Pesca, de acuerdo con el pacto firmado en el 2019. Por su parte, los inspectores de pesca marítima de la Secretaría General de Pesca embarcarán en estos medios aeronavales, para dirigir los objetivos de las misiones.

El Gobierno estima que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada representa alrededor de 26 millones de toneladas de pescado al año en todo el mundo, lo que equivale a más del 15 % de la producción total anual de los productos pesqueros.

España mantiene un «firme compromiso» en la lucha contra esta actividad ilegal, concluye el departamento en un comunicado.