Bruselas exige a España que ordene de una vez su espacio marítimo
Somos Mar
Bruselas envía una carta de emplazamiento al Gobierno español y le da dos meses para que cumpla la directiva que fijaba el plazo para marzo del 2021
20 May 2022. Actualizado a las 04:50 h.
Las autoridades comunitarias han lanzado un ultimátum a España pidiéndole que envíe el informe definitivo sobre su plan de ordenación del espacio marítimo (POEM), que tiene como objetivo conocer las garantías que otorgan los países de la Unión Europea a la convivencia de las nuevas energías renovables con las actividades pesqueras tradicionales.
A través de una carta de emplazamiento, que la Comisión no solo ha mandado al Gobierno español, sino también a Bulgaria —país que se encuentra en la misma situación que el español—, el Ejecutivo comunitario exige que se pongan de acuerdo para conseguir trazar una hoja de ruta para coordinar las diferentes prácticas marítimas y prevenir conflictos por el uso del espacio de los océanos. Se trata de cumplir así una directiva del 2014 que imponía a los 22 Estados miembros ribereños —con tienen costa— que planificasen sus espacios antes del 31 de marzo del 2021, hace ya más de un año. En esa fecha, tan solo seis —España no era uno de ellos— llegaron a presentar formalmente su plan de ordenación.
Rezagados
Fue entonces cuando la Comisión Europea volvió a citar de nuevo a los países rezagados el 2 de diciembre y concluyó que cinco Estados miembros (Croacia, Chipre, Grecia, Italia y Rumanía) no habían avanzado lo suficiente en el establecimiento de estos planes de ordenación del espacio marítimo, por lo que decidió enviarles cartas de emplazamiento.
Ahora, ya en el 2022, las autoridades europeas han vuelto a pasar revista y marcaron en rojo las casillas de 8 países ente los que se encontraban Estonia —que consiguió incorporar esta directiva unos días después, el 12 de mayo—, Portugal y los expedientados España y Bulgaria. Al Ejecutivo de Pedro Sánchez como al búlgaro les da una primera advertencia por incumplir las obligaciones pactadas en este ámbito y les otorga un plazo de dos meses para abordar las deficiencias planteadas por la Comisión.
En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir emitir un dictamen motivado.