Xunta y oposición avalan que Galicia gestione su litoral sin variar el Estatuto

Galicia no tiene por qué reformar su Estatuto de autonomía para gestionar plenamente el ordenamiento de su litoral. Xunta y oposición coinciden en llevar la contraria al Gobierno central en su afirmación expresada ante el Congreso de los Diputados de que la comunidad gallega solo podrá decidir sobre la ocupación y uso del dominio público marítimo terrestre si incluye expresamente esa competencia en el Estatuto, que nunca se ha modificado en sus 41 años de vigencia.

Gobierno gallego, BNG y PSdeG coinciden en advertir que hay vías legales suficientes para poder asumir la gestión integral de la costa sin modificar la norma autonómica. Es más, preguntados al respecto, Ejecutivo gallego y nacionalistas estiman que abrir el melón del debate estatutario podría acabar dando pocos réditos a favor de hacerse con el mando del litoral, al dar por hecho que el debate político acabaría colonizando dicho intento. Una reforma del Estatuto tendría que ser aprobada por dos tercios del Parlamento gallego, luego el visto bueno de las Cortes y el referendo de la ciudadanía.

Valentín González Formoso sí que demanda, como planteó en su día Emilio Pérez Touriño desde la presidencia de la Xunta, que Galicia aborde la reforma del Estatuto «para dotarse de novos instrumentos xurídicos máis áxiles e flexibles», que de no adoptar puede conllevar «unha merma importante na capacidade de xestión», advierte el secretario xeral de los socialistas gallegos.

Advertencia del Gobierno

El frente político sobre la reforma del Estatuto la ha abierto el Gobierno central al solventar una pregunta del diputado y líder de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, indicando que la norma autonómica permitió a la Xunta asumir en 1985 algunas funciones y servicios en materia de ordenación del litoral y vertidos al mar. Pero el Ejecutivo añade que Galicia «no puede asumir nuevas funciones en materia de ordenación del litoral sin una previa reforma estatutaria que le atribuya nuevas funciones no contempladas en la versión inicial de su Estatuto, como ya efectuaron Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares».

La Consellería de Medio Ambiente negó ayer ese argumento, asegurando no entenderlo, además de no haber sido notificada aún al respecto. El departamento que dirige la conselleira Ángeles Vázquez argumenta que Galicia tiene las mismas competencias exclusivas en materia de ordenación del litoral que Cataluña y Andalucía, con la única diferencia que esas autonomías ya tienen transferida la gestión del dominio público marítimo-terrestre, «e Galicia aínda non». Niega la Xunta que esa circunstancia dependa de una reforma estatutaria y alude a un fallo del Tribunal Constitucional en ese sentido.

El Ejecutivo gallego da en todo caso dos soluciones para completar la transferencia de la gestión del litoral: un traspaso mediante real decreto por parte del Estado, o que lo reclame el Parlamento gallego presentando una proposición de ley orgánica ante la mesa del Congreso. PP, BNG y PSdeG votaron el año pasado en la cámara gallega a favor de dicho traspaso, que entre otras cosas serviría para definir el futuro de las concesiones existentes en el litoral y los cambios de uso de las mismas, como pretende la Xunta por criterios patrimoniales y turísticos. Avisa que insistiría en reclamar dicho traspaso.

La doble solución apuntada por la Xunta a este conflicto es también señalada desde el BNG por su parlamentario Luís Bará, quien ve en el argumento del Gobierno central «unha escusa para atrancar a aprobación de transferencias como antes fixo o PP. Só é cuestión de vontade», concluye, mientras advierte un afán recentralizador en la política estatal.

El líder del PSdeG, Valentín González Formoso, que ve posible la transferencia con un acuerdo bilateral con el Gobierno, tercia en que solo Galicia y el País Vasco mantienen sus estatutos tal y como se aprobaron, con la diferencia de que la autonomía vasca tiene un marco competencial más amplio y desarrollado que el gallego. «O PSdeG apoiou sempre a reforma e actualización do autogoberno, pero foi o PP o que sempre actuou de freo ao non dotar á Xunta de ningunha competencia nova en trece anos», concluye.

Solo una reunión en el Congreso en quince meses para abordar el traspaso de la autopista AP-9

El Congreso de los Diputados acordó en febrero del 2021 por 287 votos a favor y 51 en contra (los de Vox) abrir el debate sobre la transferencia a la Xunta de la titularidad de la autopista AP-9. Desde entonces la propuesta solo ha merecido el acto de constitución de la ponencia de la que deberá salir un texto en el que se regule dicho traspaso para que el Congreso y el Senado lo valoren, voten y analicen las posibles mociones que los grupos traten de añadir. Ese acto inicial se llevó a cabo el 21 de septiembre, y ya no ha vuelto a saberse oficialmente nada más sobre la transferencia reclamada tres veces y por unanimidad por el Parlamento gallego.

En respuesta también al diputado de Podemos Antón Gómez-Reino, el Gobierno se limita a señalar que el asunto de la AP-9 está en tramitación en las Cortes y que, si es aprobada, pasaría a la comisión mixta Estado-Xunta para acordar entre las dos administraciones las condiciones del traspaso, para el que el Ejecutivo gallego demanda todos los fondos necesarios para las obras pendientes y mantener las bonificaciones actuales del vial.

Galicia recibió las últimas competencias del Estado en el 2008

 pablo gonzález

O el Estatuto ha tocado techo o en los últimos catorce años no hubo interés por parte de la Xunta o del Estado de habilitar nuevas competencias para la autonomía gallega. Son las dos opciones para explicar la sequía de transferencias que afectan a Galicia desde el 2008, cuando se aprobaron los siete últimos traspasos, que suman 154 desde que en 1979, con la Xunta preautonómica, se inició un tímido proceso de descentralización. Este proceso tuvo sus momentos álgidos entre 1982 y 1985, una vez aprobado el Estatuto y con la maquinaria del Estado en pleno proceso de adelgazamiento para dotar de contenido al sistema autonómico que emanó de la Constitución de 1978. Fue en ese período cuando se transfirió la mayor parte de las competencias relacionadas con la Educación. Y en solo cuatro años se cedieron el 44 % de los poderes administrativos que gestiona la Xunta en la actualidad. En 1987 se culminó este proceso con el paso de las universidades y de la Formación Profesional al ámbito de gestión autonómico. En 1990 se firmó el real decreto que otorgó plenos poderes al Gobierno de Galicia en el ámbito de la sanidad.

La sequía de transferencias en Galicia contrasta con el apogeo que está viviendo el País Vasco en este asunto en los últimos cuatro años, cuando recibió hasta diez competencias de distinta relevancia. Y ello a pesar de que el País Vasco, como Galicia, aún no ha reformado su Estatuto. Sin embargo, al ser parte el PNV de la mayoría que facilitó la investidura de Pedro Sánchez han sabido negociar traspasos para intentar agotar el desarrollo del Estatuto de Guernica. Uno de los más relevantes fue en junio del 2021, cuando se cedió la capacidad de ejecutar la legislación penitenciaria del Estado en la comunidad vasca. O la ampliación de las competencias en materia de carreteras que ya disfrutaban las Diputaciones Forales.

Los últimos traspasos

Las últimas competencias recibidas por la Xunta —un total de siete— datan del 2008, cuando gobernaba el Ejecutivo autónomo el bipartito PSOE-BNG bajo la presidencia del socialista Emilio Pérez Touriño. Eran, no obstante, traspasos de entidad menor, salvo las facultades de conservación de la naturaleza en el parque nacional de las Illas Atlánticas. No obstante, el último traspaso entre el Estado y la Xunta data de junio del 2010, pero no se trata de cesiones competenciales, sino de bienes inmuebles patrimoniales que seguían en poder de la Administración central, como el edificio administrativo de la Xunta en A Coruña. Al margen del intento fallido de la AP-9, este fue el único traspaso que se produjo durante los trece años en los que Alberto Núñez Feijoo estuvo al frente de la Xunta, en los que nunca mostró interés por reformar el Estatuto, como hicieron la inmensa mayoría de las comunidades autónomas para elevar su techo competencial.