El Gobierno fía la transferencia de las competencias en la gestión del litoral a una reforma del Estatuto

En el encuentro entre Sánchez y Rueda celebrado este jueves en Madrid, el presidente del Gobierno se mostró poco receptivo en lo que concierne a la transferencia de las competencias en la gestión del litoral, en donde el presidente gallego recibió un «no categóricamente» del jefe del Ejecutivo, a pesar de que, según Rueda, se trata solo de una cuestión de «voluntad política» de la que dependen muchas empresas. Según el Gobierno, esa transferencia es inviable en tanto Galicia no modifique su Estatuto para que recoja la posibilidad de asumir ese traspaso. El Ejecutivo niega que sea una cuestión de «voluntad política», a pesar de que Rueda aportó a Sánchez un estudio jurídico en el que se establece que no es necesario modificar el Estatuto y recordó que Canarias acaba de recibir ese traspaso, que ya tienen otras comunidades.

«Le he dejado toda la documentación», indicó Rueda, antes de incidir que la Xunta tiene en cuenta la necesidad de «preservar» el medio ambiente, pero también que edificaciones y empresas que efectúan su actividad en el litoral necesitan «certezas». «Me dijo que no categóricamente y yo le he trasladado que la Xunta y yo seguiremos insistiendo para que esa transferencia se produzca. Es difícil porque se acaba de acordar con Canarias lo que a nosotros se nos niega de raíz», añadió Rueda, que entre la documentación entregada incluyó un informe del Consello Consultivo de Galicia, «un órgano independiente que indica que el traspaso depende de la voluntad política porque no hay argumentos jurídicos en contra» del traspaso de competencias, continuó.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistió en que el Estatuto de Autonomía de Galicia no recoge la posibilidad de asumir las competencias en materia de costas, por lo que no es posible la transferencia solicitada a menos que este se modifique. Rodríguez argumentó que no se trata de falta de voluntad política por parte del Gobierno, sino que es una cuestión «meramente jurídica» que tiene que ver con la reforma del Estatuto, que ha animado a emprender a la Xunta, como hizo Canarias en el 2018. «La ley, la Constitución y los estatutos nos marcan la dirección; es la única dificultad que podría existir para trabajar en la transferencia», resumió la ministra.