España irá al Tribunal de la UE contra las 87 vedas de la Comisión Europea

Al sector pesquero apenas le quedaba duda de que España iba a actuar jurídicamente contra las 87 vedas a la pesca de fondo que ha impuesto a lo largo de los cantiles de cuatro países: España, Portugal, Francia e Irlanda. Pero sospechaba que lo iba a revelar el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, mañana, en la clausura de la feria de la pesca que se está celebrando en Vigo. Pero no. Lo ha anunciado esta mañana en el Congreso, quizá espoleado por los ataques del diputado popular lucense Joaquín García Díaz, que le preguntó sobre cómo iba a afrontar el Gobierno la expulsión de parte importante de la flota pesquera de 87 áreas del Atlántico nororiental, reprochando al Ejecutivo una reacción tardía y acusándolo de inacción para frenar una decisión lesiva para un sector económico que, si una suspensión no lo remedia, tendrá que salir de esos caladeros el próximo domingo. Un problema al que, por cierto, al presidente español ni siquiera se ha referido, dejó caer el popular.

Para un Luis Planas que ya en Bruselas había dicho que su postura era favorable a presentar un recurso contra el acto de ejecución de la Comisión, las puyas de García Díez lo hicieron saltar como un resorte. «Efectivamente, le voy a confirmar: el Gobierno de España va a interponer ese recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo anuncio en este momento». Y aún añadió: «Lo hace porque asume la representación del conjunto del sector».

Las autoridades pesqueras, tanto Planas como la secretaria general, Alicia Villauriz, habían dicho que querían tiempo para argumentar y presentar un recurso «para ganarlo». Y en eso confían, porque, dijo el ministro en el Congreso, hay argumentos de peso: «España considera que la información científica en que se ha basado el acto es insuficiente y anticuada y, además, no se han tenido en cuenta los aspectos económicos y sociales».

Devolviendo el guante a Díaz, llamó al PP a ponerse al lado del Gobierno: «Si quiere defender los intereses de España, lo tiene fácil: apoye usted la acción del Gobierno de España, apoye lo que estamos haciendo de la mano del sector y no busque, como siempre, excusas para no apoyar los intereses de España y de la mayoría de los pescadores». 

La única solución que cabía

Tras conocer el anuncio de planas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebró la decisión porque, dijo, era la única solución que cabía: «Que o Reino de España presentase unha denuncia contra a Comisión Europea». Por tanto, «se fixo o que había que facer» y ahora toca esperar a «que teña éxito». Lo que no le ha quedado claro ni a Rueda ni al sector, porque Planas no lo ha dicho, es si ese recurso llevará o no aparejada la petición de una suspensión cautelar del reglamento de ejecución. «Entendemos que debería ser así», dijo el presidente que, no obstante, se refirió a al presentación del recurso como una «magnífica nova dentro da complicada situación que provoca precisamente que haxa que acudir á xustiza».

Galicia estará «apoiando ao sector e ao Goberno e ao sector ata que se nos dé a razón sobre unha medida que non ten pes nin cabeza».  

También la líder del BNG, Ana Pontón, ve positivo que el Goberno presente recurso contra el veto de Bruselas a la pesca de fondo, pero considera que es insuficiente, pues sigue comprometido el futuro de 200 barcos. La nacionalista considera imprescindible solicitar una moratoria en la aplicación del reglamento y eso es lo que demandó ayer desde Conxemar: «Hai que tomar decisións máis contundentes e esixir unha moratoria para que non se poña en marcha este veto inxusto e arbitrario».

De no conseguir esa suspensión de las 87 vedas, Pontón cree que se deberían dar ayudas directas a la flota afectada, al menos mientras no se levante la prohibición a la pesca de fondo en esas zonas. «Igual que houbo axudas para outros sectores haberá que telas para este e evitar que se perda nin un só posto de traballo pola inxusta decisión da Comisión Europea», argumentó.

La responsable del Bloque explicó que la medida adoptada por el Ejecutivo comunitario no solo impactará en los pescadores. También se hará notar en la cesta de la compra de la mayoría de la población, dado que «supón retirar millóns de toneladas de peixe fresco do mercado, un produto básico na cesta da compra. Tomar esta decisión no medio dunha crise de prezos é unha barbaridade porque as familias están afogadas e a decisión da UE é quitar peixe fresco do mercado, é dicir, poñerllo máis difícil cun produto esencial para unha alimentación saudable», denunció.

En el mismo escenario intervino también el líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, que aplaudió la interposición de un recurso que demandaban tanto el sector como las instituciones ante un «ataque inusitado da Comisión Europea» al sector pesquero. El presidente del PSdeG llamó a actuar también por la vía jurídica, para volvió a demandar al PP una «interlocución directa» con los miembros de la Comisión, donde mandan los populares.