España descenderá al Villa de Pitanxo más de un año después del naufragio

Se le escapaban las lágrimas, «emocionada, llena de orgullo por la unanimidad» de la Eurocámara al apoyar la petición de las familias de descender al Villa de Pitanxo para «devolverles la dignidad y justicia que reclaman». Dolors Montserrat, eurodiputada española y presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cerró así casi una hora de debate en Bruselas. Allí, en nombre de los parientes de 21 de los 24 tripulantes que perecieron el 15 de febrero cuando ese pesquero de Marín naufragó en Canadá, su portavoz María José Dopazo expresó unas conmovedoras gracias por el respaldo a su clamor de «justicia y de seguridad para toda la gente del mar, un avance para que nunca más vuelva a pasar».

Volcada con ella y con los dieciséis familiares que la acompañaron, la Eurocámara también escuchó a Fotini Ioannidou, jefa de unidad de Seguridad Marítima en la Comisión Europea, confirmar que España enviará un robot submarino al pecio más de un año después de irse a pique a unas 250 millas de Terranova.

Allí, caladeros de eternos temporales, a una profundidad de entre 800 y 1.000 metros continúan los restos de un tragedia cuyas causas técnicas intenta esclarecer en España la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (Ciaim). Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional trata de dirimir las penales, instruyendo el procedimiento por los 21 homicidios imprudentes que se atribuyen al patrón, Juan Enrique Padín. Él y su sobrino mantienen versiones diferentes a las del tercer superviviente, el marinero Samuel Koufie. 

Críticas al Gobierno

De eso y de las «muchas incógnitas» les habló María José Dopazo a los eurodiputados. Apeló a ellos como «garante de que no sepulte la verdad debajo del mar». Sobre todo, subrayó, porque sobran medios para bajar al pecio y recopilar «información veraz» que contribuya a esclarecer lo ocurrido. Criticó al Gobierno español por su «desidia», porque «nos negó todo» y porque su investigación «ha sido laxa, no empezó a trabajar hasta que las familias vinimos a Bruselas». Censurándolo por haber «perdido unos meses valiosísimos», los ocho transcurridos desde el naufragio,  pidió a las autoridades comunitarias «que lo fiscalicen».

El propósito de hacerlo lo expresó la popular Dolors Montserrat, quien añadió que la Eurocámara mantiene abierta la petición de las familias hasta que se cumpla. Paralelamente, emplaza a la Comisión Europea a responderle a su consulta sobre la actuación de España y a remitirle «puntualmente» información. Además de trasladarle su decisión al Gobierno español —a propuesta de eurodiputados españoles— la Comisión de Peticiones le solicitará «informes» a otras dos del Parlamento, la de Pesca y la de Empleo.

«Queremos saber qué ocurrió»

En nombre de la Comisión Europea,Fotini Ioannidou concretó que la directiva comunitaria que según las familias «incumple» España establece un análisis técnico para «entender las causas y evitar que se repita». Diferente al judicial, penal o civil, recalcó. Desde la Comisión siguen «muy de cerca» las actuaciones de España. Por eso saben que el Ciaim contratará una prospección submarina para «primavera o verano». Por la seguridad presente y futura de los trabajadores del mar, la Comisión destacó su «interés muy grande» en un caso en el que «queremos saber qué ocurrió». Parte llegará en febrero, cuando el Ciaim debe presentar un informe, probablemente provisional hasta que baje un robot al pecio y se emita el definitivo.

Eurodiputados españoles como Millán Mon, González Casares, Adrián Vázquez, Sira Rego o Ana Miranda intervinieron en el debate, reiterando su respaldo a las familias de los náufragos.