«¿Por qué no se puede tocar la política de pesca? ¡Ni que fuera el lienzo de Turín!»

La Comisión Europea tiene la obligación jurídica de hacer, cada diez años, un chequeo a la política común de pesca (PPC). Calibrar qué ha funcionado bien, qué hay que corregir, qué mejorar, qué objetivos ha cumplido, qué retos quedan por alcanzar... Y ha cumplido. Dentro del paquete de cuatro comunicaciones sobre la pesca que lanzó Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, iba ese análisis. A modo de conclusión sostiene que la política pesquera acordada en el 2013 «es ahora más relevante que nunca y contiene todas las herramientas que se necesitan para conseguir una acuicultura firme y resiliente», dijo en la Eurocámara la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare), Charlina Vitcheva.

Tan buena ha sido, que de los cinco stock que se explotaban en niveles sostenibles antes de la reforma se ha pasado a 60 en el 2022 y se han visto avances incluso en los caladeros con más dificultades, como el Mediterráneo. Y todo, siguió Vitcheva, sin minar la resiliencia del sector, que «fue rentable» incluso en el 2020, con la crisis del covid. Si ahora ya no lo es, no se debe a la política común, sino a los precios del combustible. Así que, si funciona bien, ¿para qué cambiarla? Con unos simples ajustes y con poner el foco en su aplicación efectiva es suficiente. Con seguir gestionando los stocks en el rendimiento máximo sostenible (RMS) guiándose más por el conocimiento científico, mejorar la selectividad de las artes para minimizar las capturas no deseadas y cumpliendo la obligación de desembarque, mejorando la transparencia y premiando con cuotas a quienes realizan una pesca responsable, no hará falta cambiar una coma del texto del 2013, sostuvo. Es más, la Comisión incluso va a convocar un premio anual para reconocer los procesos innovadores en el sector pesquero, acuícola y transformador. Así, dentro de diez años habrá un sector pesquero resiliente y, tras el siguiente paquete que pretende lanzar la Comisión sobre Pescadores del Futuro, unos océanos llenos de peces y unos mares llenos de productores sostenibles...

«¿Pero en qué planeta vive la Comisión Europea? ¿Se está enterando de algo?», estalló el eurodiputado holandés Peter van Dalen tras un discurso que sonó ingenuo a prácticamente todos los presentes a excepción de los representantes de Los Verdes. «¿No se dan cuenta de que la pesca está desapareciendo, de que los pescadores están al borde del abismo y que dentro de nada estaremos comiendo pescados capturados por una flota china a la que no le queremos sacar tarjeta roja?». La indignación de Van Dalen —aún dolido por el rechazo a la pesca eléctrica de fondo que los holandeses probaron y la UE desterró— fue en aumento durante su intervención que finalizó asegurando que los documentos lanzados por la Comisión Europea no valen «ni el papel que se ha usado para imprimirlo».

Reproches generalizados

Vitcheva siguió cosechando reproches que llegaban de la derecha y de la izquierda, indignados por su total convencimiento —y del Ejecutivo comunitario— de que una Europa Azul construida en el 2013, a la que le han pasado diez años por encima e hitos históricos tan importantes como un brexit que dejó en Veintisiete el club comunitario, una pandemia mundial, una guerra de Ucrania con altísima factura para Europa y quién sabe qué otros sobresaltos pueden venir más, pueda resistir otros diez años más sin mover una coma.

Gabriel Mato (PP) también vio a la Comisión «desconectada de la realidad del sector pesquero y de la sociedad». No concibe que no vea la necesidad de adaptar una política a pesar de que la crisis geopolítica y económica esté poniendo a la flota al borde del colapso. Con todo ese panorama, la «Comisión solo presenta iniciativas tendentes a restringir la pesca» y habla de «predicar con el ejemplo» a terceros imponiéndole a su flota exigencias que le impiden «competir en igualdad de condiciones» y que solo alientan «las importaciones de productos no sostenibles en detrimento de la seguridad alimentaria». Para Mato no hay duda de que hay reequilibrar esa casa común para que se asiente sobre los tres pilares de la sostenibilidad —medioambiental, social y económica— y que ahora carga solo en el primero.

Clara Aguilera, eurodiputada socialista curtida en sucesivas negociaciones de la PAC (política agrícola común), puso el acento en la diferencia de esta con la PPC (política pesquera común): «Cada siete años nos patean la PAC, y en mitad de su ejecución se hace una revisión. No sé por qué no se puede hacer con la política pesquera, ni que fuera el lienzo de Turín», espetó la andaluza, que recordó que no funciona la obligación de desembarque, que cada país reparte las cuotas como le viene en gana sin transparencia alguna, que el apoyo a la pesca artesanal se queda en los discursos y ni siquiera se entra a abordar su definición, que no se facilita el relevo generacional, que la mujer no aparece por ningún lado en la PPC y que la renovación de la flota es una quimera... Eso por no hablar ya de la acuicultura, en la que en lugar de avanzar se va hacia atrás. Por eso «no hay que tener miedo a la reforma. Dejar entrar el aire fresco se hace en las mejores casas». Izaskun Bilbao (PNV) también fue de las que reprochó que se deje pasar esta oportunidad para mejorar una PPC «obsoleta» y a la que se le presentan «varios retos». Recordó que el mandato de quienes ahora ocupan la DG-Mare y la comisaría de Pesca está en tiempo de descuento y resaltó que lo más conveniente sería que en la próxima legislatura no se dejase la pesca en las mismas manos que agarran la cartera de medio ambiente porque se corre el riesgo de caer favoritismos.

Para empezar, destacó el brete en que se ha puesto al sector industrial de la pesca, al que se le aboca al desguace con los vetos y prohibiciones para alentar las importaciones. Afortunadamente, dejó caer Bilbao, el plan de acción presentado no tiene «fuerza jurídica».

La Comisión dice que el veto al arrastre traerá solo un 2 % más de importaciones

Para la Comisión Europea «no está bien enfrentar a pescado y pescadores», en palabras de la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca. Pero los eurodiputados la conminaron a echar cuentas y a atender el impacto socioeconómico de las medidas que adopta, que solo hacen desalentar al sector. Como el veto al arrastre en las áreas marinas protegidas, que para el 2030 tienen que ser el 30 %. Los eurodiputados reprocharon a Vitcheva que no hayan calculado el impacto socioeconómico de la medida, que restará soberanía alimentaria a Europa y supondrá un aumento de las importaciones, aparte del duro golpe a las empresas y a las zonas costeras dependientes de la pesca.

Vitcheva aseguró que sí se ha hecho un cálculo del impacto. Y restó hierro a esa balanza comercial con saldo todavía más negativo que preconizan los eurodiputados. Trató de tranquilizar a los miembros de la Comisión de Pesca asegurando que «aunque se elimine todo lo que pesca el arrastre de fondo, el incremento de las importaciones sería del 2 %».

Pero más que tranquilos los dejó atónitos. Porque, además, refirió que la mayor parte de las importaciones de pescado son salmón, de acuicultura, y gambas, que en gran parte también son de cría. Así que si se apuesta por la acuicultura en Europa, bien puede mitigarse ese hueco que dejarán en la despensa las medidas que trae el polémico plan de acción.

Un documento político

«Sabemos que no es fácil porque las artes de fondo móviles son muy importantes en algunos Estados miembro, pero no pediríamos este esfuerzo si no estuviésemos convencidos de que es preciso un compromiso conjunto para proteger los océanos, garantizar una gestión sostenible de la producción pesquera y pedimos a los Estados miembros que ayuden a la comunidad pesquera en esa transición para aumentar su resiliencia con el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA)», argumentó Vitcheva.

Ante tal insistencia, a los eurodiputados no les quedó más remedio que incidir en que «afortunadamente no se trata de un documento jurídico vinculante», apuntó Van Dalen. Pero la responsable de la DG Mare hace hincapié en que «es cierto que es un documento político», pero se base en «legislación existente», dejó caer.

«Non tivo os efectos desexados»

Millán Mon (PP) y Ana Miranda (BNG) pusieron voz gallega al balance de la PPC. Para la eurodiputada nacionalista, esta «non tivo os efectos desexados». Sobre todo porque no ha puesto en la misma balanza la sostenibilidad social, económica y medioambiental. En consecuencia, han desaparecido barcos, se han perdido mariscadoras y se ha ganado en contaminación por plásticos.

En cuanto al eurodiputado popular, mostró abiertamente su decepción por la falta de ambición de la Comisión y su visión «complaciente y desconcertante» del resultado de diez años de PPC. Criticó el exceso de celo en todo lo que concierne al medio ambiente y, como Aguilera, incidió en el contraste con la PAC, con una regulación mucho más flexible y dinámica.