La pesca de toda Europa exige el fin de políticas que la abocan a la desaparición

La pesca europea lanzó ayer un SOS. Una llamada de atención a la Comisión Europea para decir que se está hundiendo. Mejor dicho, que la está hundiendo. Desde Alemania, desde Irlanda, desde Países Bajos, desde Italia y, por supuesto, desde España salieron gritos de auxilio en forma de bocinazos de embarcaciones para que «los responsables políticos de la UE detengan las políticas que están desencadenando esta crisis», advirtió ayer la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA), promotora, junto al sindicato ETF (European Transport Workers Federation), de una protesta sin precedentes por la unión demostrada por el sector.

Este está convencido de que, si el plan de acción que en febrero lanzó el Ejecutivo comunitario —que plantea vedar el 30 % de las aguas comunitarias al arrastre de fondo— y la Ley de Restauración de la Naturaleza salen adelante tal y como están redactados, «Europa arriesga el 25% de su producción pesquera, 7.000 embarcaciones y 20.000 empleos», asegura en un comunicado la entidad que preside el gallego Iván López.

Son cifras que se corresponden con las del arrastre de fondo en la Unión Europea. Porque es ese segmento de flota el más afectado por las políticas de Bruselas. Y por eso Ribeira, uno de los puertos en los que esta modalidad se hace fuerte, fue ayer epicentro de las protestas en Galicia. «Están atentando contra un sistema vital da economía galega», clamó Nacho Vázquez, presidente de los arrastreros ribeirenses, antes de una concentración en la lonja a la que asistieron centenares de personas para mostrar su rechazo a las decisiones comunitarias en materia de pesca. La misma repulsa que mostraron ante la Cooperativa de Armadores de Vigo, la lonja de A Coruña o el puerto de Burela, pero también en Barcelona, Almería, Carboneras, Vélez Málaga, Punta Del Moral, Isla Cristina, Ayamonte, Puerto de Santamaría y Sanlúcar de Barrameda... Incluso los buques de Anamer que pescan en África merced a acuerdos comunitarios hicieron sonar sus bocinas.

Todo un éxito, a juicio de la patronal española Cepesca. «Los pescadores y sus comunidades han hablado alto y claro. No podemos seguir tolerando políticas que pongan en peligro nuestra forma de vida y la de las generaciones futuras», sentenció Iván López. Y todos los dedos apuntan hacia el comisario de Medio Ambiente, Pesca y Océanos, Virginijus Sinkevicius, al que acusan de saltarse al Consejo, al Parlamento Europeo y por descontado al propio sector pesquero para imponer una falsa política verde que no tiene para nada en cuenta los enormes avances realizados en los últimos 20 años en la protección del medio marino y la recuperación de las poblaciones de peces.

Así, «sin consulta, nin debate nin defensa legal posible» y sin «sustento en informes científicos», dice Nacho Vázquez, Bruselas estrecha el cerco sobre la pesca comunitaria, impidiéndole competir con otras flotas que no tienen que observar tantas restricciones como la europea, y cediendo una soberanía alimentaria ya en entredicho al tener que importar del extranjero el 70 % del pescado que se consume. No es extraño, entonces, que allí donde la pesca aún tiene pulso, como A Coruña, Vigo, Burela, Celeiro o Ribeira lancen con el SOS una petición de dimisión a Sinkevicius.