La flota solo usa 12 de las 93 licencias que el pacto con Marruecos otorga a España

Los armadores españoles usan 12 de las 93 licencias de pesca que otorga a España el acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea (UE), que expira el próximo 17 de julio, sin visos de renovación a la espera de una sentencia europea sobre si es lícito que este pacto abarque el territorio del Sáhara occidental. Según una fuente cercana al sector pesquero, esas son las licencias que los pescadores españoles tenían activas en el segundo trimestre de este año, lo que supone un 13 % de las que podrían utilizar de acuerdo al pacto pesquero del país magrebí con la UE.

Las licencias efectivamente activas por los pesqueros españoles se reparten entre las categorías 1 y 2 -de pesca artesanal de cerco y palangre en la zona norte (no engloba el Sáhara occidental)- y la categoría 5, que corresponde a los atuneros que sí faenan en esas aguas -. Los barcos que tenían activas licencias en el segundo trimestre (se renuevan cada trimestre en las categorías de pesca artesanal y cada año en la de atuneros) son de Galicia -los que menos-, Canarias -faenan en las categorías 1 y 5- y Andalucía -lo hacen en la categoría 1 de pesca artesanal de cerco-.

Según la misma fuente, las 93 licencias que permite el acuerdo de pesca para España -de un total de 138 permisos, el resto son para Lituania y los Países Bajos- nunca se cubren en su totalidad y desde que se renovó el acuerdo en el 2019 el máximo de licencias activas ha sido de 27.

Aunque son menos en número, los barcos de los Países Bajos son los que más cantidad de pescado recogen (entre el 80 % y el 90 % del total), ya que se trata de grandes buques factoría de la categoría 6, pesca pelágica industrial (boquerón, anchoa o arenque para la fabricación de harinas), y que faenan aguas adentro del Sáhara occidental.

El acuerdo pesquero UE-Marruecos expira el próximo 17 de julio y todo indica que esta fecha llegará sin un convenio nuevo, en cuyo caso los barcos europeos tendrán que salir de los caladeros.

La razón es que en el 2021 el Tribunal General de la UE (TGUE) anuló ese acuerdo con Marruecos -y también el comercial-, al entender que Europa no puede negociar con el país magrebí pactos que abarquen el territorio del Sáhara occidental sin el consentimiento de los saharauis del Frente Polisario. La parte europea impugnó esta sentencia y ahora el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se debe pronunciar sobre esta apelación en una resolución, contra la que no cabrá recurso.

A cambio del acceso de la flota, Marruecos recibe una contrapartida económica de 50 millones de euros anuales, incluyendo el apoyo sectorial y el canon que pagan los armadores, de alrededor de 12 millones.

Es así un acuerdo que no supone una alta ganancia económica para Marruecos, pero sí política en su pugna por el reconocimiento del Sáhara occidental, la excolonia española en disputa con los saharauis del Polisario controlada en un 80 % por Marruecos.

A los buques españoles el acuerdo les da la posibilidad de recurrir a licencias de pesca en un contexto en el que los recursos pesqueros mundiales y las zonas de faena son limitados.