Mariscadores gallegos perdieron más de 10 millones en los últimos 70 días

Todavía no se sabe cuántos de las alrededor de 2.700 mujeres y de los 900 hombres con licencia para mariscar en Galicia se han quedado sin parte o sin ninguno de los ingresos con los que contaban. Durante las últimas semanas se nota en decenas de poblaciones marineras el severo impacto de una crisis desatada tras las intensas lluvias de octubre y noviembre, las que redujeron la salinidad del mar como no se recuerda, y eso fue la puntilla para bivalvos ya tocados por las inusuales temperaturas del agua durante el verano.

Tampoco trascendió ninguna valoración oficial, pero las ventas en las lonjas entre el 1 de octubre y el 10 de diciembre permiten estimar las pérdidas más de 10 millones de euros, respecto a la facturación media en esos 70 días durante los cinco años anteriores a este. Y la producción de moluscos cayó o a la cuarta parte del promedio de ese lustro.

No se salva de la catástrofe ninguno de los bivalvos que recolectan las y los mariscadores de a pie en los arenales gallegos. Con datos oficiales de PescadeGalicia, la plataforma que gestiona la Consellería do Mar, es posible comparar las cantidades subastadas en las rulas entre el 1 de octubre y el 10 de diciembre y constatar el desastre total con el berberecho: se han vendido 52.200 kilos, diecienueve veces menos que los 996.000 del año pasado en ese mismo período.

También cayeron alrededor de un 60 % las de las almejas babosa (44.400 kilos en los citados 70 días de este año), fina (20.500) y japónica (236.900), mientras las de ameixón (2.400 kilos) se redujeron a la mitad. Resistieron mejor la almeja rubia, con 21.500 kilos, alrededor de un 20 % menos, y la cornicha, con 107.500 kilos, un 10 % menos que entre el 1 de octubre y el 10 de diciembre del año pasado.

Unos 3.000 euros para cada una de las 3.400 licencias

Los 501.600 kilos de una decena de bivalvos comercializados en los últimos 70 días en las lonjas gallegas no representa ni un tercio de los 1,78 millones de kilos del año pasado, pero la diferencia es todavía mayor respecto a la media de ese período entre el 2018 y el 2022, pues se queda en la cuarta parte. Los 7,66 millones de euros facturados este año suponen casi la mitad de los 14,16 del pasado y menos de la mitad de los 18,08 del promedio de los cinco años anteriores.

Si los exactamente 10,4 millones de euros que dejaron de facturarse en las lonjas se repartiesen linealmente entre las 3.400 licencias para extraer bivalvos, resultaría que a cada mariscadora y mariscador le corresponderían unos 3.000 euros.

Igual que las estadísticas oficiales en las que se basan esos cálculos, también son números puros y duros, pero el reparto individual ayudar a comprender los problemas de los profesionales que se han quedado sin el dinero que esperaban y, lo que es peor, sin atisbar a corto plazo las soluciones que a tantos les urgen.

El sector urge ayudas y los políticos no se ponen de acuerdo

José Antonio Pérez, presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, resumía la situación del marisqueo en una entrevista con Ana Lorenzo, redactora de La Voz en Barbanza: «Esta é a peor campaña de Nadal de toda a historia para os mariscadores». En nombre del sector urgía ayudas porque cientos de familias están pasando apuros, sobre todo en las veinte cofradías más afectadas. Los pósitos comparten con la Consellería do Mar la opción de solicitar al Gobierno español la declaración de zona catastrófica, pero el proceso puede demorarse y los mariscadores no pueden esperar.

Alfonso Villares, conselleiro de Mar, sostiene que solo si el Estado declara zona catastrófica todos los mariscadores tendrían opción a recibir compensaciones. Desde su departamento insisten en que esa fórmula «non só permitiría cubrir a reparación de tódolos danos nas producións mariñas senón que facultaría a ir máis aló, pois abre a porta a axudas a empresas e traballadores con aprazamentos e exencións das cotas á Seguridade Social».

Desde hace más de dos semanas, añaden en un comunicado, preparan la solicitud al Goberno central «para que se declare as áreas das rías afectadas como zonas catastróficas co fin de que o Estado se encargue dunha reparación dos danos que chegue a todos os afectados, recompilando os datos para os informes necesarios para fundamentala: análise pluviométrica, da salinidade das augas e da mortaldade dos moluscos en cada unha das áreas».

Desde la Xunta defienden esa alternativa ante la que planteaba el diputado socialista pontevedrés David Regades, portavoz socialista en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, quien considera que la Xunta «non pode permanecer parada e debe asumir as súas competencias en emerxencias axudando a un sector clave na economía». Por «tratarse dunha situación que só afecta a Galicia», cree que si el Ejecutivo autonómico hubiese aprobado la declaración de emergencia ya podría haber «liberado as primeiras axudas específicas».

Rosana Pérez, diputada del BNG en el Parlamento gallego, acaba de anunciar que pedirá la comparecencia de Villares en el próximo pleno para explicar cómo prevén resolver un «problema produtivo, económico e social de primeira orde». En su opinión, la Xunta debe «saír da situación de parálise» adoptando medidas extraordinarias como la creación «con carácter de urxencia dun fondo específico de axudas tanto para as persoas traballadoras como para as confrarías afectadas pola baixa produtividade das rías».

La diputada del Bloque también solicitará «a creación inmediata dun comité de crisis no que, ademais do propio Goberno galego, participen representantes do marisqueo, de institutos científicos e das universidades, co obxectivo de estudar en profundidade as causas da baixa produtividade e coñecer con exactitude por que están a morrer os bivalvos».