Tres barcos españoles ya acreditan que ofrecen trabajo digno a sus marineros

Las exigencias que trae la ratificación por parte de España del convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo en la pesca «ocupa y preocupa» a la flota pesquera, que, a pesar de que ya tiene elevados estándares sociales —a años luz de flotas como las asiáticas—, tendrá que acreditar que paga a sus pescadores un salario digno, que los trata bien, que los alimenta suficientemente, que los deja descansar el tiempo correspondiente, que trabajan en condiciones adecuadas de temperatura, higiene y limpieza, que están sanos, protegidos con los equipos correspondientes... Desde que el 29 de febrero pasado entró en vigor en España un convenio internacional que se aprobó en el 2007, se hizo efectivo en el 2017 y que en el 2024 solo han adoptado 21 de los 187 Estados miembros de la OIT, los armadores están de los nervios. No todos, claro, sino los de aquellos 325 pesqueros que deben demostrar al mundo que a bordo se trabaja dignamente. Son aquellos que pasan más de tres días en la mar sin tocar puerto y miden más de 24 metros de eslora. Esto es, tanto flota de Gran Sol, de caladeros lejanos y en el marco de acuerdos con terceros países.

Por más que se trata de un proceso más burocrático que de otra cosa, la casuística particular de cada embarcación, de cada tripulación y de cada empresa es tan amplia que los armadores temen no poder cumplimentar uno de los trámites, sea obtener el certificado médico, facilitar la lista de tripulantes a tiempo, demostrar la formación de los empleados extranjeros o conseguir una agencia acreditada en un tercer país para pasar las inspecciones que exige el convenio. Y menos tranquiliza que haya implicados en la tramitación tantos departamentos en la consecución de ese certificado de conformidad: la Dirección General de la Marina Mercante, el Instituto Social de la Marina, la Inspección de Trabajo y, entre aguas, el Ministerio de Pesca.

Primeros certificados

El miércoles, en una jornada organizada por los productores pesqueros de Marín (Opromar), la Administración trató de calmar esas inquietudes al mostrar toda su disposición a facilitar tanto el cumplimiento de los requisitos mínimos como su demostración proporcionando plazos amplios y la ayuda necesaria. De hecho, según la subdirectora general de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, Ana Núñez, a mediados de mayo se habían certificado tres barcos. «Si pueden tres, puede el resto», aseguró indicando que otros 49 han solicitado ser inspeccionados, 18 en España y 21 en el extranjero. De estos últimos, una decena han solicitado hacerlo en una organización autorizada y acreditada y otros ocho han pedido que este proceso público lo haga un inspector de Marina Mercante. Núñez animó a los armadores a iniciar la tramitación y señaló que ya pasó por similar proceso la flota mercante (por el convenio MLC sobre el trabajo marítimo) «y no se paró ningún barco».

El mismo mensaje lanzó Alba Ballesteros, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, que, sin negar el desafío que supone, blandió la experiencia de coordinación de la campaña Segumar (de revisión de botiquines y seguridad a bordo) para tratar de reducir la carga burocrática a los armadores. Detalló las fases del proceso, la disposición de la Administración a simplificar los formularios (como los de registro de jornada o el de quejas de los tripulantes) y desgranó las medidas más novedosas, como la edad mínima para trabajar en la pesca, que será de 16 años (15 si está recibiendo formación) y habrá que esperar a los 18 para hacer trabajo nocturno o peligroso.

Frente a las dudas del sector pesquero sobre si tiene la obligación de fichar, Ballesteros fue tajante: «Sí lo está». Como quedó claro en la interpretación que publicó el BOE sobre la directiva de la UE sobre el tiempo de trabajo.

En ese sentido, el convenio 188 establece que el marinero debe descansar 10 horas en un período de 24 o 77 en siete días, salvo por causas de fuerza mayor. Ballesteros animó a llevar a la negociación colectiva la distribución irregular de la jornada que hará más fácil llevar el registro horario diario y señaló que el tiempo de más se podrá remunerar económicamente o acumular a las vacaciones, siempre con la vista puesta en que no pueden ser más de 80 al año.

Un elemento para atraer a jóvenes al sector y para diferenciarse de flotas asiáticas

Ya que hay que pasar el calvario burocrático, por lo menos sacarle rendimiento. Para empezar, para convencer a los jóvenes de enrolarse en un barco pesquero. Pero sobre todo ahora que se está montando el andamiaje legal para actuar contra el trabajo forzoso. Así como las empresas están reclamando pruebas de la sostenibilidad de las capturas con sellos y certificaciones, el sector pesquero puede «poner en valor los estándares del 188 para situarse en el mercado», expuso Rocío Béjar, secretaria general adjunta de la patronal Cepesca. Por más que Juana Parada, gerente de Orpagu, mostró su escepticismo dado que con la que está cayendo lo que más mira el consumidor «es el precio», sí es cierto que puede servir como un elemento diferenciador frente a las flotas asiáticas.

Sobre todo tras conocer los detalles de la investigación realizada por la fundación EJF sobre el trabajo en flotas asiáticas. Clara Burillo, de esa organización, reveló que todos los tripulantes de la flota china entrevistados hablaron de condiciones abusivas, el 96 % denunció horas extraordinarias excesivas y más de la mitad hablaron de violencia física, pruebas que quedaron recogidas en un duro documental expuesto en la jornada. Pese a todo, el 73 % de lo que capturan esos barcos acaba en el mercado de la UE.

El convenio 188, por tanto, supone «una oportunidad para demostrar la aplicación de los estándares sociolaborales más avanzados a bordo de nuestros buques» y «distinguirnos de otras flotas», resumió Francisco Fernández, de Opromar.