La anulación de los pactos con Marruecos sume en la incertidumbre a agricultores, pescadores y a la conserva

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado los recursos de casación que tanto el Consejo de la UE como la Comisión Europea presentaron contra la decisión del Tribunal General de anular, en el 2021, los acuerdos comercial y pesquero suscritos entre Bruselas y Marruecos. Si el que atañe a la pesca no estaba ya en vigor desde julio del 2023, el fallo recoge que las condiciones del agrícola se mantendrán por doce meses «habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica».

Con todo, el fallo, que no es recurrible, ha sumido en la incertidumbre tanto a agricultores, como pescadores e, incluso, a las empresas de transformación, dado que desconocen si tendrá consecuencias para las inversiones españolas y gallegas allí asentadas (varias conserveras y distribuidoras de pescado) y a la relación comercial, pues buena parte de la materia prima proviene de esa área geográfica.

Aunque el fallo no sigue al pie de la letra la opinión que había manifestado la abogada general Tamara Capeta, lo cierto es que esta Corte de Justicia, como antes la letrada, entiende que el pueblo del Sáhara occidental no ha dado su consentimiento y, por tanto, se celebraron «vulnerando los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados». Cierto que esa aceptación no siempre «debe ser necesariamente explícita» y puede presumirse si «el acuerdo no crea obligaciones al pueblo tercero» y, por el contrario, le «confiere una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de ese territorio», aduce el tribunal. Pero este no es el caso, dado que no se consultó al pueblo saharaui, sino a la población de dicho territorio, «en el sentido de sus habitantes actuales», pues gran parte de los realmente «titulares del derecho a la autodeterminación sobre el territorio del Sáhara occidental [...], viven en el exilio desde los años setenta y ha encontrado refugio en Argelia». Por tanto, no obtienen «ningún derecho ni ventaja».

La sentencia, además, reconoce al Frente Polisario como «un interlocutor privilegiado en el marco del proceso que tiene lugar bajo la égida de las Naciones Unidas con el fin de determinar el futuro estatuto del Sáhara occidental y «cumple los requisitos para poder impugnar ante el juez de la Unión las Decisiones controvertidas, en interés de dicho pueblo».

Reacciones políticas

El Frente Polisario interpretó como un «triunfo de la resistencia» la anulación de los acuerdos entre la UE y Marruecos, según expresó a Europa Press su representante en España, Abdula Arabi. Mientras, su delegado en Bruselas, Oubi Bouchraya, consideró que el fallo es «la mejor respuesta a las últimas decisiones unilaterales poco responsables de algunos Estados europeos, especialmente Francia y España», recoge Efe.

La Comisión Europea, que va a analizar la sentencia en detalle, no renuncia a seguir teniendo «estrecha relación con Marruecos», un país con el que la UE mantiene una «sólida amistad» y «sólida relación», que, además, quiere llevar «a un nivel superior», dijo la portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Nabila Massrali.

Mientras, Marruecos no se considera afectado por la decisión del TJUE, al no ser parte del proceso. Ahora bien, exige «al Consejo, a la Comisión Europea y los socios de la UE» que «adopten las medidas necesarias para respetar sus compromisos internacionales» y «preservar los logros de la asociación» bilateral, expresó en un comunicado. Marruecos es «socio de la Unión Europea en varias cuestiones estratégicas» y reclama «la seguridad jurídica a la que tiene derecho», recalca el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Nuevo palo para el sector pesquero

En opinión de Cepesca, la patronal pesquera española, la sentencia tendrá consecuencias relevantes y «supone un nuevo palo para el sector pesquero», dijo Javier Garat, secretario general de la confederación. Este recordó que el acuerdo abría la posibilidad de obtener licencias a 138 barcos comunitarios, de los que 92 eran españoles (47 andaluces, 38 canarios y 7 gallegos) y, aunque si bien es cierto que en el último período, del 2019 al 2023, no se utilizaron más que la mitad fue porque irrumpió el covid y los stocks de peces no se encontraban «en su mejor momento».

Pero el hecho de que ahora se cierre esa puerta pone en un brete, sobre todo, a la flota del golfo de Cádiz, en especial puertos como Barbate, Conil o Algeciras, que tendrán que limitarse a desarrollar la actividad en un caladero nacional al que Bruselas amenaza con recortar en un 54 % la cuota de boquerón y ya tiene limitaciones para la sardina. Todo eso hace pensar «en barcos parados y destrucción de empleo y riqueza».  

Eso sin contar que el pacto pesquero llevaba una contrapartida financiera de 50 millones de euros anuales, que era lo que la UE pagaba a Marruecos por que pescasen los barcos comunitarios. Ese agujero en las cuentas del país podrían ser cubiertas con alternativas, que serían cerrar acuerdos con países que ya han mostrado su interés por las aguas africanas, como China, Japón o Rusia.