Galicia se pone de ejemplo en Bruselas para apoyar que se regule el transporte de pélets por mar

Para la ministra española de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el de ayer fue su primer Consejo de Ministros del ramo. Y para la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, su primera intervención en un cónclave tal. Ambas defendieron la posición de España, firme defensora de incluir el transporte marítimo en la normativa que Bruselas prepara para reducir la contaminación por microplásticos.

La representante gallega, que habló por boca de todas las comunidades españolas, puso como ejemplo los daños que ocasionó en Galicia el vertido involuntario de pélets hace ahora justo un año, cuando un mercante, el Toconao, perdió varios contenedores con 26 toneladas de pélets que las corrientes y el viento llevaron a la costa gallega. Por experiencia sabe que «es mejor prevenir que curar, pues el vertido «obligó a un gran despliegue por tierra, mar y aire», recordó Vázquez, que costó más de 2,5 millones de euros.

La conselleira defendió también la necesidad de dotar de recursos financieros y técnicos para que las Administraciones regionales y locales puedan hacer frente a los costes derivados de estos episodios accidentales.

Lo cierto es que la posición del Consejo defiende incluir en la normativa el transporte de esta mercancía en contenedores de, estableciendo obligaciones para los buques que muevan pélets en la UE, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI). No son pocos los Estados miembros que recelan de unas medidas que solo se van a aplicar a las compañías que operen en la UE, pero la inclusión de una serie de medidas que intentan garantizar la competencia equitativa, como la figura del representante autorizado, y evitar la excesiva burocracia arrancó el consenso.

Así, las normas que pretenden reducir hasta un 74 % las pérdidas de plástico al medio ambiente, afectará a los operadores económicos que manipulen más de mil toneladas de granza al año y a todos los transportistas, comunitarios o no, que operen en la UE. Los de fuera tendrán que designar a un representante autorizado.