Todos a una con el arrastre de fondo

Que si dañan los fondos marinos —pese a que en la Unión Europea (UE) ya no se usan en zonas protegidas y su impacto es relativo en los arenosos—; que si al remover la superficie del mar liberan tanto dióxido de carbono como para contribuir al calentamiento global de modo significativo... Olvidando la máxima de que no hay arte pesquero malo si se usa correctamente, ambientalistas y la propia Comisión Europea demonizan al arrastre de fondo tachándolo como «la actividad más perjudicial para el fondo marino». En defensa de las redes sin las que no llegarían a las mesas rapes, lenguados, gallos, lirios, bacalaos, fletanes, cigalas, langostinos o gambas, entre otros productos del mar, casi toda la flota europea toca a rebato y se moviliza para contrarrestar los ataques de ambientalistas. Se proponen convencer a la sociedad y a los políticos de que ese arte es compatible con la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

El tiempo apremia. Antes de la primavera está previsto que la Comisión presente su plan de acción para preservar los mares y océanos. Los de la UE, porque en otras zonas del planeta campan a sus anchas poderosas flotas, especialmente chinas, que legal o ilegalmente engullen cada vez más trozos del pastel de los productos del mar. Es otra «guerra», esta por un alimento esencial para la humanidad, el mismo que países terceros introducen en el mercado comunitario, a menudo sin aranceles y pese a haberlo obtenido con cuestionadas prácticas que incluyen denuncias de esclavismo y malos tratos a tripulantes. 

Planas, con los pescadores

La Comisión, en el marco de su Pacto Verde y su Estrategia de Biodiversidad, prevé «medidas para limitar el uso de los artes de pesca más dañinos» y, al mismo tiempo, «estudiará cómo conciliar el uso del arrastre de fondo con los objetivos» medioambientales. Para Luis Planas, ministro español de Pesca, «es perfectamente posible hacer compatible la sostenibilidad de mares y océanos y la biodiversidad biológica con la rentabilidad económica y social de nuestros pescadores», sostuvo en un canal de televisión. En esa misma entrevista, sobre la enésima ofensiva contra el arrastre, añadió que, como ministro, «no me queda sino defender los intereses de los pescadores, cosa que hago con mucho gusto».

Dos veces —la última este jueves— se han reunido esta semana dirigentes de organizaciones de armadores y de asociaciones de productores pesqueros de casi todos los países de la UE. Se arman para defenderse de lo que interpretan como una «declaración de guerra» contra el arrastre de fondo. Y preparan la reunión, prevista para la próxima semana, con Virginijus Sinkevicius, el eurocomisario de Pesca.

A él le exigieron una entrevista urgente para conocer «su postura real» sobre ese controvertido método de pesca. Reaccionaron indignados después de verlo posando con cara de felicidad con ambientalistas que el 20 de diciembre le entregaron 152.000 firmas recogidas por seis oenegés en Internet. Emplazan a los Veintisiete a prohibir ese arte en reservas marinas, pese a que según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, «ya tiene cerrados todos los lugares del mundo donde existen ecosistemas vulnerables». Declarándose «realmente sorprendidos con la actitud» de Sinkevicius, esas dos organizaciones censuran «esta visión única ambientalista de la pesca, por su inconsistencia, ignorancia y lejanía de la realidad. 

Apelan a la «honestidad»

Llamándolo a actuar «desde la honestidad y el conocimiento, marco en el que no caben las emociones», la flota lamenta «la demagogia de quienes, sin vivir de la pesca, demonizan el arrastre con informaciones que generan confusión en los ciudadanos, las instituciones y las personas que las representan».

Al encuentro con el eurocomisario acudirán representantes de las flotas de los Veintisiete, recordándole todos sus esfuerzos por mejorar la selectividad y minimizar el impacto del arrastre de fondo y, también, lo que representa social y económicamente en la UE. Solo en primera venta, genera unos 2.200 millones de euros al año y de él dependen los tripulantes de unos 10.000 buques comunitarios (103 de ellos gallegos, entre los 900 españoles), así como todas las empresas que pivotan alrededor de ellos.