Suspense sobre el «dramático» veto a toda la pesca de fondo en 94 áreas

Para el común de la ciudadanía suele resultar incomprensibles los enrevesados lenguajes y procedimientos administrativos, legislativos o jurídicos. Tantos vericuetos tienen y dan pie a tantas interpretaciones que incluso los habituados pueden sorprenderse a veces. Así se han quedado dirigentes de la Administración y de la flota comunitaria con la «no opinión» del Consejo Europeo sobre la propuesta de la Comisión Europea para prohibir toda la pesca de fondo en 94 áreas de España, Portugal, Francia e Irlanda. En el Comité de Pesca y Acuicultura del Consejo de este martes obtuvo 14 votos a favor, 2 en contra, 9 abstenciones y 2 que no participaron. ¿Se aparca o sigue adelante lo que la flota ve como una «condena» que le costará casi mil millones de euros al año, además de privar a los europeos de millones de kilos de un alimento tan esencial como los productos del mar?

Pues habrá que esperar, si bien la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), que preside el gallego Iván López, activa las alarmas porque la Comisión «puede aprobar unilateralmente el cierre», aun habiéndose quedado «sola» en el Consejo. Pese a un resultado sin mayoría cualificada a favor ni en contra, «algo extremadamente raro en los procedimientos legislativos europeos, debe decidir unilateralmente». Para la EBFA, que cuestiona su legalidad, «sería especialmente sorprendente que se abriera paso a la fuerza». Sobre todo, tras las reservas de algunos Estados y a la vista «de las lagunas científicas reconocidas y de la falta de una consulta adecuada, de una evaluación integral del impacto socioeconómico y de respaldo del Consejo»

Se abre un compás de espera sobre la propuesta de Virginijus Sinkevicius, eurocomisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, defendida por carta ante los Estados por su directora de Asuntos Marítimos y Pesca, Charlina Vitcheva

Caladeros tradicionales

De las cuatro opciones sugeridas por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), eligieron una de «impacto económico limitado», porque, en su opinión, «logra un equilibrio entre la protección de los intereses de nuestros pescadores y la del medio ambiente marino».

Así intentaron convencer a los Veintisiete sobre una medida que la Comisión que preside Ursula Von der Leyen tramitó en el Consejo como un acto de ejecución y, por tanto, jurídicamente vinculante y de aplicación inmediata.

Para la EBFA, la opción por la que se decantaron es «la más restrictiva, propone cerrar la pesca en caladeros tradicionales completos» y alerta de las «dramáticas consecuencias». Muy crítico, Iván López lo atribuye, «más allá de una necesidad real, solo para alcanzar objetivos políticos sin ningún beneficio real para la naturaleza y con enormes consecuencias para los pescadores y la seguridad alimentaria».

Invocando el reglamento en el Pacto Verde y la Estrategia de Biodiversidad, la Comisión quiere proteger ecosistemas marinos vulnerables. Son hábitats donde se sabe o se supone que hay arrecifes y jardines de coral, agrupaciones o jardines de esponjas, campos de plumas de mar u otra fauna de arena y fango. Se localizan a profundidades de entre 400 y 800 metros, en los cantiles, al final de la plataforma continental, donde se capturan especies como merluzas, palometas rojas, alfonsinos o cabras. Son zonas donde faenan barcos de artes fijas, de anzuelo, como los pincheiros, o de redes, como los volanteros, pues la mayoría de los arrastreros de fondo largan sus aparejos en zonas de playa y fango.

Si las cierran, expulsarían de sus caladeros a más de 50 de los 88 barcos españoles que quedan Gran Sol, causando efectos colaterales dañinos para el medio marino porque sobrecargarían los otros, perjudicando además a los barcos que faenan en ellos. Aparte de amenazar empleos, pondrían en peligro el suministro de alimentos en una UE que importa el 70 % de los productos del mar que consume.

La votación en el Consejo

La flota comparte con la sociedad y las autoridades comunitarias la necesidad de preservar el medio marino, pero combinándolo con la protección de los pescadores y, por tanto, emplaza a la Comisión a retirar su propuesta, repensarla y vedar solo las áreas donde la ciencia acredite que verdaderamente es preciso.

Según EBFA, «la falta de una consulta adecuada y la debilidad de las evaluaciones de impacto» socioeconómico, explican el voto de algunos países que se abstuvieron: Bélgica, Chipre, Croacia, Estonia, Grecia, Lituania, Malta, Polonia y Portugal. Solo dijeron no España e Irlanda, abanderados de la oposición. No asistieron Italia y Eslovenia y apoyaron la propuesta Francia —pese al rotundo rechazo de sus pescadores—, Alemania, Austria, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Rumanía y Suecia. Dirigentes de la Comisión habrían admitido la conveniencia de afinar las consultas, con sector y científicos y un país tercero, el Reino Unido.