La flota desembarcará en el Congreso cargada de argumentos contra la expropiación de cuotas

Individual o colectivamente, la mayoría de las especies pesqueras de interés comercial se gestionan mediante cuotas. De esas posibilidades de pesca depende la rentabilidad de la flota. Desde hace años, todos los que han gobernado España permiten e incluso alientan la compraventa y el alquiler. A título particular o a través de las organizaciones que los agrupan, armadores de todas las comunidades autónomas han invertido millones de euros en adquirir cupos. Por su valor económico, sin reparos del Estado, hasta la banca se los acepta como aval de créditos. Sin embargo, la Ley de Pesca aprobada por el Consejo de Ministros a mediados de mayo abre las puertas a expropiarlos. Dispuestos a dar la batalla, dirigentes del sector citados para opinar sobre la nueva ley desembarcarán entre los días 6 y 8 en el Congreso cargados de esos y otros argumentos.

La norma nacional que actualiza la del 2001 llega a las Cortes sin incluir las alegaciones de la organizaciones pesqueras a ese aspecto, de los más controvertidos. Tal cual la elaboró el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que preside Luis Planas, incluye la posibilidad de retirarle las cuotas a armadores que en dos años transfieran [el eufemismo oficial empleado para definir el alquiler o la compra-venta] el 90 % de ellas. Sin resarcirlos y reservándose la redistribución entre el resto de la flota.

«Crítica xeralizada»

Basilio Otero, patrón mayor de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, es uno de los dirigentes de la flota invitado a comparecer en el Congreso. Este miércoles constataba la «crítica xeralizada, pola inseguridade xurídica que crea», a una modificación que puede afectar a las posibilidades de pesca ya distribuidas y, por tanto, a derechos e intereses de quienes invirtieron en ellas.

Javier Garat, secretario general de la patronal Cepesca, insistía semanas atrás en que la ley debe dejar claro que los nuevos criterios se aplicarán solo a las especies que se repartan por primera vez. De lo contrario, «provocaría serios perjuicios a muchas empresas y atentaría contra su seguridad jurídica porque, comprando o alquilando cuotas, han realizado importantes inversiones para contar con las suficientes posibilidades de pesca que aseguren su rentabilidad».

Pesca otorga como una «cesión» cupos que son «un bien común»

Frente a esa defensa de los derechos de los pescadores que compraron cuotas para poder pescar los suficiente, en el sector también hay quienes aplauden la posibilidad de retirárselas a los «armadores de salón», como bautizaron a los que viven de alquilarlas, no de capturarlas.

La Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, el nombre completo de la nueva, establece que los cupos repartidos antes «mantendrán en todo su vigencia, sin perjuicio» de los cambios rechazados.

Alicia Villauriz, secretaria general de Pesca, los justificó tiempo atrás en Burela cuando respondió a las críticas subrayando que son «un bien común, un recurso público», no una propiedad particular, recalcó. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas las considera un bien público que, tal y como dijo Ignacio Gandarias, director general de Ordenación Pesquera, se otorgan a los pescadores como «una cesión». Desde Pesca inciden en su propósito de «garantizar la máxima seguridad jurídica» a los armadores que cumplan las normas al utilizarlas.