El expresidente de El Musel subraya que las auditorías por las obras del puerto no destaparon delitos

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, ha afirmado en la Audiencia Nacional que la ampliación de El Musel pasó «un constante control» de obra y gestión, sin que las «numerosas auditorías» realizadas detectasen actuación delictiva alguna.

La Audiencia Nacional ha celebrado hoy la segunda sesión del juicio que sienta en el banquillo de los acusados a cuatro exaltos cargos de Puertos del Estado y a 16 responsables de las empresas que componían la UTE Dique Torres, que resultó adjudicataria del contrato de las obras de ampliación y para quienes la Fiscalía solicita penas de dos a tres años de cárcel. La sesión ha continuado con el interrogatorio del fiscal a Menéndez Rexach, quien ayer aseguró que toda la actuación en El Musel había estado avalada por Puertos del Estado.

Hoy, a preguntas de su abogado defensor, Agustín Azparren, ha explicado que la obra de ampliación fue refrendada por las tres administraciones -central, autonómica y la local de Gijón- y ha contextualizado este apoyo en la época en la que la Unión Europea (UE) mantenía un contencioso abierto con España con motivo de los modificados. Este contencioso, según ha asegurado, estuvo motivado «por las presiones de las empresas contratistas europeas» que pensaban que no podían entrar en el mercado español porque «no sabían moverse en él».

En ese contencioso, España modificó la Ley de Contratos de 2010 y Bruselas le obligó a su revisión en 2011 porque, según ha explicado, consideraba que «no estaban suficientemente explicitados ni protegidos» el tratamiento de los modificados. En esa batalla entre Europa y España, el puerto gijonés fue considerado como emblemático y de ahí el respaldo que tuvo de las instituciones y de las propias administraciones en aquella época, «cosa que ahora evidentemente no tiene», ha lamentado.

Según su declaración, hubo un gran control de las obras con dos informes anuales de la Intervención General del Estado sobre las inversiones ejecutadas y la inversión que se remitían al consejo de administración. Cada seis meses se enviaban las certificaciones de obra a Hacienda para que las enviara a Bruselas para cobrar el porcentaje de los Fondos de Cohesión Europeos, a las que se sumaba una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo por la ejecución y el modificado y auditorías específicas de Puertos del Estado.

Menéndez Rexach ha recordado que incluso la Fiscalía de Gijón archivó en 2010 una denuncia que un vecino de Carreño, residente en Luxemburgo, interpuso dos años antes porque tampoco apreció indicios delictivos. El expresidente supo que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) había iniciado una investigación por las posibles irregularidades ante el sobrecoste final de la obra -de los 499 millones iniciales se pasó a los 800 millones- cuando los medios de comunicación reflejaron la existencia de «una connivencia entre directivos de la Autoridad Portuaria y la UTE Dique Torres».

El acusado ha sido muy crítico con este organismo, del que ha dicho que «adolece de falta de seriedad y rigor» porque, ha asegurado, emplea una metodología errónea ya que «no buscó a las personas que han tenido más contacto directo con la obra para sacar sus conclusiones». Ha puesto como ejemplo que «habla de piedras» cuando se refiere a todo el material pétreo de canteras y «parece mentira que no distinga escollera de terraplén de relleno», ha añadido, y a todo le asigna la misma densidad «cuando son distintas».

A su juicio, el informe de la OLAF comete numerosos errores, entre los que cita que «la obra ha sido realizada a tanto alzada cuando es una modalidad de contratación que no existe en España» y expone que la UTE tiene que devolver 92 millones porque la liquidación es negativa «cuando no ha cobrado ese dinero», ha matizado. Rexach ha recalcado además que su función era dirigir el consejo de administración, hacer cumplir las decisiones y tener la garantía del control económico, representación y defensa en la autoridad portuaria, pero ha negado que tuviera la responsabilidad técnica de la obra, informa Efe.

Justificación de las obras

Por su parte, el exdirector del puerto de El Musel José Luis Díaz Rato, ha justificado este martes en la Audiencia Nacional la necesidad de realizar las obras de ampliación ante la situación de «congestión» que se registraba hacía casi dos décadas con unas instalaciones «obsoletas» para atender al incremento del tráfico marítimo, donde los barcos tenían una espera media para atracar de «tres y cuatro días». La Fiscalía solicita una pena de tres años de cárcel y 18 años de inhabilitación para Díaz Rato, al que imputa un delito de fraude y otros, como cooperador necesario, de prevaricación administrativa.

Díaz Rato, que estuvo al frente de la dirección del puerto gijonés entre febrero de 2000 y noviembre de 2011, ha explicado que el puerto gijonés presentaba en el año 1999 una situación muy complicada por su estado de congestión que hizo necesaria la realización de varias ampliaciones. En su declaración, ha asegurado que el primer proyecto de ampliación le «fue impuesto» por Puertos del Estado ya que, aunque él aportó varios informes técnicos que indicaban que no era «ni el más indicado, ni el más efectivo», le dijeron que debía llevarlo adelante y tenerlo terminado en 2008 porque en caso contrario no habría financiación.

Díaz Rato ha incidido también en que todos los modificados estaban «consensuados y aprobados» por unanimidad y siempre avalados por Puertos del Estado. El exdirector ha justificado los sobrecostes de la obra -de los 499 millones iniciales se pasó a los 800 millones- en «circunstancias sobrevenidas» por el déficit en el suministro de materiales en la cantera de Aboño y Perecil 1, ya que, según ha explicado, era la piedra angular de toda la obra.

Además, ha denunciado que en una reunión Manuel Menéndez, presidente de Hidroeléctrica del Cantábrico -uno de los grupos que integran la UTE Dique Torres, adjudicataria del contrato- fue «muy rotundo» al decir que no les iba a permitir que explotaran la cantera de Aboño hasta que se hiciera la desulfuradora que, en su opinión, es ilegal porque inició las obras sin declaración de impacto ambiental y sin licencias cuando creían que cumplía con todas las obligaciones, ha dicho.

El fiscal le ha preguntado también las razones por las que envió una carta en diciembre de 2004 a los que resultaron posteriormente adjudicatarios de la obra y Díaz Rato ha argumentado que se debió a que las empresas que formaban parte de la UTE estaban realizando las obras de Langosteira, en el puerto de A Coruña, y tenían la duda de si «iban a hacer un baile de medios y personal».

La Fiscalía sostiene que, en 2004, Díaz Rato junto al expresidente del puerto de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, impulsaron el proyecto de ampliación «aun siendo plenamente conocedores de que únicamente redundaría en un beneficio económico, directo o indirecto», para la empresa o empresas privadas que resultaran adjudicatarias del contrato público con un endeudamiento a largo plazo para la Autoridad Portuaria de Gijón, tesis que ambos niegan.