El juez de disciplina social de la Liga ataca al Dépor y a los políticos gallegos

«El resultado [del partido contra el Fuenlabrada] es absolutamente intrascendente para dicho club [el Deportivo], al haber descendido ya a Segunda División B». De esta forma se manifiesta Manuel Rivero González, el juez de Disciplina Social de la Liga, sobre la legitimación del Deportivo en el caso Fuenlabrada. Esa es una de las vías en las que se dirimen las reclamaciones del club coruñés por la adulteración de la competición al no jugarse todos los partidos de la última jornada al mismo tiempo.

El abogado cántabro utiliza esta expresión en su respuesta a las medidas provisionales pedidas por el instructor del expediente abierto contra el club madrileño. «A la vista del relato jurídico, de la aparición de nuevos contagios, de la excepcional repercusión mediática y de salud pública, y de la previsible realidad de que la competición de Segunda División quede paralizada», Javier Carneros (instructor) había pedido al juez de Disciplina Social que suspendiera el derecho del Fuenlabrada a disputar partidos durante la tramitación del expediente.

Manuel Rivero González, que en su día fue secretario del consejo de administración de Autopistas del Atlántico, las deniega bajo un argumentario que incluye ataques al Deportivo, al que acusa, sin citarlo, de tratar de obtener un rédito de la calamidad y a los políticos gallegos que han defendido a la población tras la negligencia del Fuenlabrada de viajar el pasado lunes a A Coruña.

Entiende el juez de Disciplina Social de la Liga que esta situación ha generado un contexto «excesivamente ruidoso y demagógico» y califica de «lamentable» el proceder de los políticos con sus quejas. «Sin dicho contexto, por más que en muchos puntos sea excesivamente ruidoso y demagógico —incluso por parte de responsables políticos, lo que es harto lamentable—, cualquier decisión que aquí se adopte o cualquier fundamentación que se realice, quedarán necesariamente huérfanos de justificación completa», subraya antes de proseguir: «La repercusión mediática de este asunto —excesiva, seguramente, en medio de la inmensa catástrofe que está viviendo nuestro país y el mundo en general— ha llegado a desbordar los límites razonables de los hechos producidos».

Dentro del sorprendente escrito elaborado el pasado sábado, 25 de julio, Manuel Rivero se ve en la obligación de decir que «no se contagian territorios, sino personas» y va más allá: «Los positivos que han venido apareciendo en la expedición del Fuenlabrada han quedado circunscritos a dicha expedición, que no solo no ha contagiado a ninguna persona, al parecer, sino desde luego, a ningún territorio. Hasta ahora todos los contagiados son empleados del Fuenlabrada», justifica.

En su controvertido fallo compara las críticas a la Liga y al Fuenlabrada por su actitud en este asunto, con las realizadas contra el gobierno por su gestión de la crisis sanitaria para acabar defendiendo que ni el club ni el organismo que preside Tebas han traído el virus a Galicia.

«Al igual que, por ejemplo, desde muchas instancias se pretendió en su momento, demagógicamente, culpar al Gobierno de la Nación de la desgracia del covid-19, ahora quizás otros pretendan ver responsabilidades (incluso penales) en el contagio de unos deportistas que han cumplido todos los protocolos —ellos y la entidad para la que trabajan— y aprovechar la desgracia ajena para obtener beneficios. Viajar entre dos puntos de España no estaba prohibido cuando lo hizo el Fuenlabrada, y se dice esto porque se ha llegado a afirmar —y volvemos a referirnos al contexto ruidoso que rodea este expediente— que el Fuenlabrada, o La Liga han llevado el virus a Galicia», concluye.

Obvia, el juez de la Liga que viajar entre dos puntos de España no está prohibido para personas sanas, pero sí para aquellas sospechosas de haber podido ser infectadas por haber estado en contacto directo con positivos.

Llegados a este punto, Rivero González incluso se atreve a aventurar que «es posible, pero no probable» que la negligencia del Fuenlabrada y la Liga puedan generar una investigación penal, y más improbable aún que «nuestro sistema jurídico como en cualquier otro civilizado» pueda generar algún tipo de responsabilidad, ya que él entiende que va a ser imposible acreditar que hubo dolo en el Fuenlabrada, «a la luz de cualquier cabal interpretación».

Dentro de lo surrealista que parece que un juez deportivo pretenda analizar el papel de los representantes políticos en un caso sanitario, Rivero considera que debe recordar a los enfermos para atacar, de nuevo, a los políticos gallegos: «Una inicial mención a los enfermos y un deseo de pronta recuperación se hace a nuestro entender tan necesario como obligado creemos que es poner de manifiesto el estruendo quejoso y reivindicativo que ha rodeado a este incidente y que ha sido tan estentóreo como el olvido a las personas que en el ejercicio de su profesión han caído contagiadas. Antes al contrario, una cadena de denuncias, declaraciones, quejas, reivindicaciones y acciones ante muy diversas instancias, promovidas incluso por cargos políticos, ha sido la tónica predominante en algunos ámbitos».

Y abandonando sus reflexiones político-sociales, el juez de la Liga regresa al ámbito deportivo para calificar de «ejercicio de ciencia-ficción» la «proyección de una hipótesis sobre el pasado» y sobre si «habría influido la disputa de este encuentro sobre otros que se jugaban simultáneamente».

Todo ello en una resolución de 37 folios que concluye que no se ha alterado la integridad de la competición y que el Fuenlabrada actuó correctamente, aspectos sobre los que no se le pedía que se pronunciase en esta ocasión.

Reconoce que el Fuenlabrada se enfrenta a una sanción que puede implicar expulsión por cinco años

En este controvertido informe firmado por Manuel Rivero González, el juez de disciplina social de la Liga también reconoce en su escrito si se demuestra la gravedad de los hechos que se le imputan al Fuenlabrada podría recibir una enorme sanción.

«Para contextualizar debidamente lo que se dice, hay que recordar que nos encontramos en un procedimiento disciplinario incoado al Fuenlabrada, por la posible comisión de alguna de las infracciones previstas en el artículo 69.2 e), 69.3 d) y f) de los Estatutos Sociales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y que la sanción prevista para los casos de especial gravedad, pueden ir desde el apercibimiento hasta la expulsión de la Liga por un plazo de hasta 5 años, sanciones que son inmediatamente ejecutivas, a resultas de su eventual impugnación administrativa y/o judicial», explica el letrado en su escrito.

Esta es precisamente una de las vías que el club blanquiazul está manejando para lograr la permanencia en la categoría de plata del fútbol español. Y que el presidente de la patronal, Javier Tebas, parece que está intentando evitar con la autoinculpación de ayer, al señalar que el club madrileño había seguido todas sus instrucciones desde el primer momento.