Hacienda solicita dos años de prisión para los dos promotores acusados de defraudar 250.000 euros

El consejero del Celta, Antonio Rosendo Martínez, se sentó ayer en el banquillo de los acusados. Pero no tenía nada que ver con el club de fútbol sino con su actividad inmobiliaria. La Agencia Tributaria le acusa de defraudar casi 250.000 euros tras vender 62 pisos de tres edificios de la calle Couto San Honorato. Junto a él el otro acusado es José Ángel López Veiga. Ambos eran administradores de la sociedad promotora San Honorato, pero López Veiga asegura que no tomaba las decisiones.

El partido judicial se terminó de jugar ayer. El balón esta ahora en poder del árbitro, el magistrado Jaime Bardají. El juez titular del penal número 3 tendrá que dilucidar si los dos empresarios inmobiliarios cometieron realmente delito contra la hacienda pública y si este merece la condena de dos años de cárcel que pide el abogado del Estado y la fiscala, o si bien los dos promotores deben ser absueltos.

Rosendo ha empleado la mejora defensa a su alcance. Ha contratado a un prestigiosos bufete madrileño y se ha hecho con los servicios de un perito, el catedrático Ramón Falcón Tella que fue letrado del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y miembro de la comisión para la reforma de la Ley General Tributaria. Falcón mantuvo un duro enfrentamiento dialéctico con el abogado del Estado que representa a Hacienda y con al fiscal. El otro acusado se hizo con los servicio jurídicos de otro gran penalista vigués, Javier Búa.

La acusación se sustancia en que una docena de compradores entregaron presuntamente dinero negro a la promotora. La fiscal modificó ayer ligeramente las cifras que había manejado en su primer informe. Así ayer dijo que los ingresos totales de la empresa San Honorato en el año 2000 ascendieron a 429 millones de pesetas (2,58 millones de euros) -inicialmente había cifrado la base imponible en 424,8 millones-. Sin embargo la empresa sólo declaró 309 millones de pesetas (1,86 millones). La fiscalía considera que según el perito judicial la Agencia Tributaria dejó de ingresar a las arcas públicas 41.451.539 pesetas, es decir 249.708 euros de la promotora. Pase lo que pase los dos imputados no ingresarán en prisión porque la pena pedido es inferior a dos años.