El gobierno local constriñe en 70 metros cuadrados a los diez concejales de la oposición

Vienen tiempos difíciles para la oposición municipal. Suele ocurrir cuando hay un gobierno con mayoría absoluta, y el PP y la Marea están empezando a comprobarlo. Después de tres días de deambular por los pasillos, ya que no se le permite usar ningún despacho, Rubén Pérez, portavoz de la Marea, recibió ayer una dura propuesta del gobierno local sobre medios materiales y humanos. Lo mismo le ocurrió a Elena Muñoz, portavoz del PP. En ambos casos se reunió con ellos el portavoz socialista, Carlos Font, y no hubo acuerdo. Por parte del alcalde se habló de «una medida proporcional».

La propuesta que les trasladó dejaría a la Marea en situación harto precaria. El gobierno local solo quiere permitirle la contratación de un administrativo, rechaza que tengan asesor (responsable de prensa) y les oferta media liberación para uno de sus tres ediles. Nada que ver con lo que tenía el BNG en el mandato anterior con la misma representación (3 ediles).

Respecto al PP, el recorte es también importante, aunque en este caso el grupo ha pasado de 13 a solo 7 ediles. Font planteó a Muñoz que tengan un concejal liberado y otro a tiempo parcial, con el refuerzo de un auxiliar y un asesor.

Respecto al espacio, hasta ahora ambos grupos utilizaban la planta octava (200 metros cuadrados), con mucho más espacio para el PP que para el BNG. El gobierno socialista se va a quedar con la mayoría de las oficinas y le cede solamente 20 metros a la Marea (un despacho) y 50 al PP.

Reducir gasto

Caballero, que se negó a dar los detalles de las propuestas, aseguró que se basa en dos premisas: «Buscamos reducir el coste y aplicar la proporcionalidad de 17-7-3», en alusión a los concejales que tiene cada grupo. «Estamos asignando los espacios conforme a lo que decidieron los ciudadanos», una frase que transmite a las claras que no existe negociación. Legalmente no tiene por qué hacerlo: la propuesta tiene que aprobarse en pleno y le sobran sus 17 votos para hacerlo.

Desde la Marea se rechazó la propuesta, pero tampoco Pérez se mostró dispuesto a negociarla. «Creemos que como grupo tenemos derecho a unos medios mínimos para hacer nuestro trabajo de oposición. Aceptamos una propuesta proporcional, pero partiendo de una base: todos los grupos tenemos que ir a comisiones y precisamos un mínimo de personal para tener un encargado de prensa y alguna oficina donde trabajar y recibir a los ciudadanos».

Pese a ello, descartó mantener una negociación al respecto. «Trasladaremos cual es el mínimo que consideramos aceptable para que el grupo de la Marea realice su labor institucional, y el gobierno decidirá. Es evidente que no nos da igual y que afectará a nuestra actividad, pero veníamos aleccionados sobre lo que podría pasar», declaró Pérez en tono enigmático.

Y un aviso: «Si la mayor parte de la planta octava es para el PSOE, que tiene todo el resto del edificio también, exigiremos control de utilización, pues nos tememos que estarán las oficinas siempre vacías y sin utilizar». Se trata de una situación que se planteó años atrás, con un gobierno que se reservó oficinas en la octava, pero pasados unos meses estuvieron permanentemente cerradas.

Una posición muy diferente a la de Elena Muñoz, que no quiso entrar en los detalles de la propuesta hasta que sea definitiva. «Estamos en un proceso de diálogo y no queremos sacar conclusiones en este momento», explicó cautelosa la portavoz popular. Reconoció que no le gusta la propuesta, pero sugirió que espera que tras una nueva conversación el gobierno local acepte mejorarla. Para convencer al PSOE, le trasladó una contrapropuesta de la que no ha querido dar detalle alguno.

De hacer caso al alcalde, el desenlace de este primer conflicto entre la mayoría socialista y los dos grupos de la oposición se resolverá hoy, aunque tiene hay varias semanas de plazo.

La oposición tenía cinco liberados

En el anterior mandato, el PP tenía tres ediles liberados y algunos a tiempo parcial. El BNG, dos liberados al 100 % y otro a medias. Dentro del gobierno la situación varió durante el mandato, pero la mayoría estaban liberados, unos a tiempo parcial y otros de manera completa, Las excepciones eran Carmela Silva (diputada en Madrid) o Olga Alonso (que siguió como profesora en su colegio).

En el plano de los asesores, el PSOE igualó al BNG, que con tres concejales disponía de cuatro personas en su oficina, exactamente los mismos que el PP con trece ediles.

El panorama que se le avecina a la actual oposición es de un recorte en profundidad, algo que el gobierno socialista no pudo hacer hace cuatro años ya que precisaba el voto del BNG para sacar adelante la propuesta.

El silencio que ayer mantuvo el PP sobre este asunto contrastó con la transparencia de la Marea, que dio a conocer su respuesta a Font. En ella se quejan de la oferta, reclaman un espacio común para poder atender a los ciudadanos; al menos una dedicación exclusiva por grupo y para los otros dos de la Marea salario por 9 horas semanales.

Con claridad, califican de «agravio» reducir la financiación a los grupos como se venía haciendo y hacerlo por número de ediles.

s