La pesca en las Islas Atlánticas tendrá un sello de calidad

La pesca, junto con la presión turística en verano, ha sido hasta ahora el mayor impedimento para aumentar la protección de los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer el plan rector de usos y gestión del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, un documento que consagra la necesidad de controlar la actividad marinera (algo que las cofradías siempre han visto con recelo) pero que, al mismo tiempo, abre puertas para aumentar su valor y garantizar su viabilidad.

Si la ternera gallega tiene un sello de calidad que abre mercados, ¿por qué no crearlo para las navajas de Cíes o el pulpo de Ons? «Los productos obtenidos de la actividad marisquera y pesquera dentro del ámbito del Parque Nacional que cumplan con las regulaciones y la normativa sectorial vigente podrán ser comercializados bajo una marca de calidad», adelanta el plan rector que la Xunta espera aprobar en Consello durante el último trimestre del año, según explicó ayer la directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz. Será, en todo caso, tras dos meses de exposición pública para la presentación de alegaciones.

Ese distintivo de calidad para la pesca de las Islas Atlánticas, que ya han abordado en reuniones previas la Consellería do Mar y las cofradías, tomará cuerpo a través de un reglamento específico. La flota de bajura de las Rías Baixas tiene la oportunidad de crear una marca para el percebe, el pulpo, la navaja y las demás especies que han capturado tradicionalmente y que son su principal sustento.

Los técnicos de la Xunta y de Parques Nacionales, vistas las amenazas y protestas, renunciaron a prohibir expresamente la pesca en determinadas zonas del parque, pero a partir de ahora quieren que los aprovechamientos y usos que se hagan sean «sostenibles, de modo que se minimicen, cuando no se eviten, las afecciones sobre los componentes clave del territorio: medios ecológicos, hábitats protegidos, núcleos poblacionales de especies de interés para la conservación, empleando para ello las mejores técnicas sostenibles».

La idea, como adelantó ayer La Voz, es que haya grupos de trabajo que determinen cuándo hay que hacer paradas en la captura de determinadas especies. Habrá planes de gestión que incluirán: una memoria biológica; recursos, zonas, cotas y regímenes de exclusión, balizamientos, puntos de descarga, control y venta; un programa de seguimiento y control; y un período de vigencia.

Zonas de reserva marina

Y en el plan rector también se prevé, «en función de la disponibilidad técnica y económica, la instalación progresiva de un sistema de seguimiento de embarcaciones a fin de mejorar la seguridad de las personas y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos». Es la referencia al sistema de control vía satélite conocido como «caja azul», que implantarían las consellerías de Mar y de Medio Ambiente «en colaboración con el sector».

El plan rector de las Islas Atlánticas promoverá la aplicación de «códigos de buenas prácticas» entre los profesionales del sector pesquero. No solo eso. También va más allá al prever que se fomente «la creación de zonas de reserva marinas en colaboración con las cofradías de pescadores y la Consellería do Mar». Se trata de un tema espinoso que en un anterior borrador del año 2009 se acometía de una forma más ambiciosa, con 46 áreas en las que se prohibía o limitaba la pesca.

Ahora tendrán que ser las cofradías las que caminen en esa dirección. Si no lo hacen, convertirán en papel mojado algunos de esos propósitos que se fían al consenso entre las partes implicadas.

Otro apartado que recoge el plan rector y que tiene que ver directamente con la actividad pesquera es la prohibición expresa de instalaciones de acuicultura en todo el ámbito del parque marítimo-terrestre. Solo quedan excluidos de esta prohibición los parques de cultivo de Carril, en Vilagarcía de Arousa, delimitados ya por la Xunta en 1995.

La dirección técnica del plan rector ha correspondido a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, mientras que el equipo redactor ha estado encabezado por Pablo Ramil Rego, director del Ibader, el Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural de la Universidad de Santiago. En su exposición de motivos, ya se deja claro que el objetivo principal es armonizar la preservación y conservación de los valores naturales con la actividad económica.

Ni molinos, ni perforaciones

Mucho más drásticas, en ese sentido, son las prohibiciones que recoge el documento sobre determinadas actividades en las islas y en todas sus aguas. El parque nacional queda completamente excluido para aprovechamientos mineros, instalaciones eólicas o de energía hidroeléctrica, fotovoltaica o maremotriz y para sondeos, perforaciones submarinas, dragados de arena.

En todo caso, el PRUG sí recoge todo lo que se podrá hacer durante los diez años de vigencia que tiene, con 26 millones de euros en inversiones.