La Audiencia se opone al indulto del funcionario que enchufó a la cuñada de Carmela Silva

Los jueces que condenaron al funcionario Francisco Javier Gutiérrez Orúe por enchufar a la cuñada de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, en una concesionaria municipal se oponen a que sea indultado por el Gobierno. Orúe solicitó la medida de gracia para eludir los cinco años y tres meses de cárcel a los que fue condenado por un delito continuado de malversación de caudales públicos, junto con otro de falsedad en documento mercantil. La semana pasada, Quinta Sección de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, envió al Ministerio de Justicia su deliberación sobre este indulto. Igual que la de la fiscalía, es desfavorable.

Los tres jueces recuerdan ahora «el uso perverso que por parte del funcionario público se ha venido a hacer de los recursos públicos para favorecer arbitrariamente a una persona», en referencia a la cuñada de Silva. La sentencia consideró probado que esta mujer recibió 108.147 euros de manera fraudulenta, pues cobraba y no iba a trabajar. O, como dice ahora el tribunal, el condenado le facilitó «un empleo totalmente inane e inútil».

Orúe era el jefe del área de Participación Ciudadana del Concello, a las órdenes directas de un concejal Santos Héctor Rodríguez, que fue exonerado. Y es su condición de trabajador público lo que la Audiencia considera determinante para posicionarse: «Estimamos que el penado, precisamente por la particular función de la que se encontraba investido, no debe ser beneficiado de ninguna forma por el derecho de gracia, visto que ha mostrado una conducta que no es acorde con el respeto a las normas básicas impuestas para la convivencia en nuestro Estado».

La sala recuerda también que durante la larga causa judicial el condenado «no vino a mostrar en ningún momento un reconocimiento de culpabilidad de los hechos que se le imputaban»

En su petición de indulto, Gutiérrez Orúe argumentó su compromiso social en que es miembro del PSOE, el mismo partido que dirige el Ministerio de Justicia, de quien depende la propuesta de concesión del indulto, que luego debe ir al Consejo de Ministros. «No concedemos indultos en casos de corrupción, violencia machista o tráfico de drogas para el Campo de Gibraltar», dijo en junio en el Parlamento la ministra de Justicia, Pilar Llop, al ser preguntada por Orúe. El tribunal que lo condenó dice que «no existe motivo alguno, fuera de la discrecionalidad, para que resulte vana la condena impuesta al penado».

Esta misma sala suspendió la entrada en prisión de Gutiérrez Orúe cuando le correspondía, argumentando que estaba pendiente la resolución de su indulto. Admitió en aquel momento que esa suspensión «podría ser valorado discriminatorio», puesto que el Tribunal Constitucional ya limitó esta medida a las sentencias inferiores a cuatro años.