Sobreprecios en la mayor promoción de viviendas públicas de Galicia

En ese momento había una lista de espera de cinco mil personas suspirando por lograr una vivienda social en la mayor ciudad de Galicia. Y de repente estalló el escándalo. La Voz adelantó, hace ahora veinte años, que la Xunta investigaba la venta fraudulenta de los pisos de promoción pública del polígono de San Paio de Navia.

Sobreprecios. Fue la palabra que enseguida apareció en boca de todos. Inmobiliarias denunciadas por pedir hasta 60.000 euros por encima de lo permitido para un piso de estas características, que tienen tasado un precio máximo por metro cuadrado. Las empresas que habían pujado por el suelo, muy cerca de la playa de Samil, eran acusadas de forzar a los compradores a firmar dos contratos, el oficial y el oficioso con supuestas «mejoras». «Compré por 25 millones de pesetas porque me dijeron que no había nada más barato», aseguraba a este periódico uno de los propietarios. El valor máximo no tendría que haber excedido de los 18 millones de la antigua moneda (unos 108.000 euros).

Otra compradora, que tampoco quería facilitar su identidad por miedo a las represalias, corroboraba la versión: en un contrato que había firmado figuraba el precio de los módulos fijados por la Xunta y en otro aparecía un segundo garaje, unos armarios con puertas correderas, trasteros, muebles de calidad para la cocina... El desembolso final era el mismo: 25 millones de pesetas. O lo tomaba o lo dejaba: la inmobiliaria apremiaba a cualquier interesado advirtiendo que había muchas personas esperando y que se los quitaban de las manos.

El plan de actuación urbanística (PAU) de Navia se había empezado a tramitar con un convenio entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia en enero de 1992. Cientos de propietarios resultaron afectados por unas expropiaciones ambiciosas para la época (728.000 metros cuadrados de superficie) y los de la parroquia vecina habían peleado con la Administración para que no hubiese un exceso de alturas en las nuevas construcciones. Fue el entonces todopoderoso conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuíña, quien tuteló la actuación durante toda una década, hasta que llegó el momento de colocar la primera piedra en el año 2000 junto al alcalde nacionalista Lois Castrillo. Este, un tanto vacilón en aquel acto, le había propuesto al delfín de Fraga poner una calle a su nombre. Cuiña le dijo que ni se le ocurriese. En los ocho años anteriores, la Administración autonómica solo había levantado 74 pisos de promoción pública en la ciudad, concretamente en la calle Aragón.

La promoción de Navia era el sueño de miles de jóvenes que no podían pagarse un piso en el libre mercado, justo en una época en la que la burbuja no hacía más que crecer. Por eso supusieron un jarro de agua fría las denuncias por sobreprecios. Lo sabían en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en la delegación de Consumo y en el propio Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), el organismo que no dejó caer el asunto en saco roto y que puso en marcha la investigación, abriendo expediente a dos promotoras inmobiliarias sospechosas. «Vamos a llegar hasta el fondo para ver si existe delito», señalaba el director del IGVS, José Antonio Redondo. 

Negocio redondo

El negocio era realmente voluminoso. Las siete primeras adjudicatarias del suelo en Navia impulsaban 1.488 pisos, lo que representaba más de 152 millones de euros. Navia era una bolsa de suelo muy apetitosa incluso por los bajos comerciales, ya que se trataba de un nuevo barrio en el que, se calculaba, acabarían viviendo 20.000 personas. Lo cierto es que se vendieron como churros.

El alcalde del BNG, tras guardar silencio inicialmente, reducía el problema a «casos aillados». Su punto de vista era que la existencia de una investigación por parte de la Xunta no significaba que existieran sobreprecios «en toda a urbanización». Este periódico ya había adelantado los nombres de las dos primeras empresas denunciadas, pero pronto saltarían a la luz pública más casos. A lo largo de los años siguientes, y tras judicializarse el caso, llegaron las multas y los juicios.

En aquel momento, el afán de las promotoras por lucrarse echó por tierra muchas esperanzas de contener la carestía de la vivienda. Algunas cooperativas sí pudieron demostrar que se podían hacer pisos a un precio razonable. De 90 metros cuadrados, con tres habitaciones, dos baños, salón-comedor, trastero, lavadero y bodega fueron los que levantaron en Veciños de Vigo. Su coste: 93.000 euros. Dieron un hogar a 288 familias en el 2004. «Se o Concello e a Xunta quixeran, están claro que é posible facer vivendas dignísimas como as nosas polo mesmo prezo», aseguraba Victorino Enríquez, que ya había gestionado con compañeros de la Federación Vecinal otras promociones.

En la actualidad, sigue pendiente la ampliación de Navia para otros 1.700 pisos protegidos.