La ministra de Justicia elude aclarar si indultará al condenado por enchufar a la cuñada de Carmela Silva

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha eludido aclarar esta mañana con nombres y apellidos si el Gobierno de España va a indultar al funcionario Francisco Javier Gutiérrez Orúe, condenado por enchufar a la cuñada de Carmela Silva en una concesionaria municipal a la que no iba a trabajar. Orúe fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos (108.000 euros) y falsedad en documento mercantil. El tribunal que lo condenó lo eximió de entrar en la cárcel porque se está tramitando su indulto desde hace un año. Lo solicitó él mismo alegando que tiene un compromiso social que se demuestra en que es militante del PSOE y de la UGT. El Ministerio de Justicia está en manos del PSOE.

La ministra Llop ha asegurado en el Congreso que los indultos se conceden «por razones de justicia, de equidad, de utilidad pública y también de interés superior de los menores», como marca la ley. Ahí, dice, existen líneas rojas: «Los delitos de corrupción, de violencia de género, los delitos contra el medio ambiente y el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar». El delito por el que fue condenado Orúe se enmarca en el ámbito de la corrupción, pero la ministra socialista no ha aclarado si lo entiende de esa manera. No ha citado a Orúe, sino que se ha referido a él como «esa persona a la que usted se ha referido».

Llop contestaba a una pregunta del diputado vigués Diego Gago (PP), que se refirió al caso como «un escándalo de corrupción sin precedentes». El parlamentario recordó que la presidenta de la Diputación de Pontevedra y primera teniente de alcalde del gobierno local de Vigo es también presidenta del Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE). Gago culpó tanto a Silva como al alcalde, Abel Caballero, de quien dijo que «miró para otro lado» mientras Vanesa Falque era contratada por Imesapi, la concesionaria municipal en la que el tribunal consideró probado que estaba contratada pero que no iba a trabajar. El gerente de esa empresa, Ramón Comesaña, también fue condenado. 

Sin embargo, ni Abel Caballero ni Carmela Silva, a los que ha hecho referencia el congresista del PP, llegaron a estar investigados por la Justicia nunca. La sentencia no explicita el motivo por el que Orúe enchufó a Falque, que tampoco ha merecido reproche penal. La Fiscalía y la Audiencia Provincial de Pontevedra sí se han pronunciado ya en contra del indulto de Orúe.

Durante la pregunta oral en el Congreso de los Diputados, Diego Gago exigió saber «si ser militante del PSOE es un eximente para merecer una medida de gracia». La ministra de Justicia respondió agitando otros casos de corrupción del PP, como Kitchen. «Mírense en el espejo, se les ven a ustedes las costuras», contestó. «Que me hable usted, señalándome con el dedo, de rectitud política y de cumplimiento de la legalidad me resulta sorprendente», dijo. La ministra recordó que un Gobierno del PP también concedió un indulto a «un familiar directo de un miembro de aquel Consejo de Ministros». No lo citó, pero se refería al Gabriel Arias Salgado, hermano del entonces ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, que había sido condenado a un año y medio de cárcel por falsedad documental para perjudicar a su exmujer durante su separación.