El Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de Pontevedra pelean incluso por cómo deben dialogar entre ellos

No hay concesión entre el Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de Pontevedra. Las relaciones entre las dos instituciones están bloqueadas y sin atisbo para una cumbre entre el alcalde y el presidente Luis López, como tampoco se antoja fácil un pacto sobre la financiación de la nueva grada de Gol de Balaídos. El conflicto que surgió en el arranque del mandato, tras exigir el Concello la devolución de la sede que le había cedido a la Diputación en el Casco Vello hasta el 2029, simboliza esa distancia institucional. Esta se ha agravado frenando la posibilidad de diálogo sobre quién de los dos puede utilizar el edificio inmueble de la calle Eduardo Chao, cedido al organismo provincial cuando lo presidía la socialista Carmela Silva. Al perder esta dicho cargo reclamó el edificio para su concejalía y el Concello comunicó el rescate de buena parte del inmueble antes de que el nuevo presidente provincial tomase siquiera posesión. La Diputación respondió con una alegación en la que recuerda que cualquier discrepancia sobre el convenio firmado en el 2020 deberá ser objeto de debate en una comisión de seguimiento entre las dos instituciones.

Ahí, precisamente, es donde surge el nuevo problema. Fuentes de la Diputación de Pontevedra señalan que el gobierno municipal vigués exige controlar la comisión desde los puestos de presidencia y secretaría. El ejecutivo provincial exige que las dos instituciones se repartan esas posiciones para equilibrar dicho foro de discusión. Pero no hay acuerdo, y los testimonios recogidos hablan de «bloqueo total» en el conflicto.

El acuerdo de cesión del edificio que en su día firmaron Abel Caballero contempla la constitución de una «comisión para o seguimento e coordinación da execución do convenio» conformada por las dos administraciones. «O Concello de Vigo rompe de maneira imprevista a cooperación recollida no propio convenio, crebando o seu compromiso de forma unilateral, creando uns prexuízos económicos á Deputación, e restando eficacia e eficiencia na xestión dos recursos públicos», contesto el organismo provincial. «El convenio no se puede rescindir de manera unilateral, tiene que tener el visto bueno de las dos instituciones en esa comisión para negociar un nuevo acuerdo o cómo lograr una salida al conflicto», señala el organismo supramunicipal. Añaden que la exigencia del gobierno local de ocupar las dos plazas de referencia de la comisión es una manera de impedir un acuerdo, «pues es evidente que la Diputación no lo iba a aceptar y así podrían echarnos la culpa del bloqueo», prosigue en su defensa la institución provincial.

El inmueble, de 1.250 metros cuadrados repartido en sótano, planta baja y primera, albergó solo unos meses durante el año 2015 el Centro de Arte Fotográfica de Vigo, proyecto que costó 2 millones de euros. Ahora sigue siendo utilizado por la Diputación y la vicepresidenta Marta Fernández-Tapias que además de ejercer como líder de la oposición municipal, despacha tres días a la semana en la sede de la calle Eduardo Chao.

La exigencia de la devolución del control del edificio fue justificada desde el Concello por las necesidades de espacio aducidas por la Concejalía de Patrimonio Histórico, Cultura, Igualdade e Normalización Lingüística que preside Carmela Silva. Su departamento alegó que los técnicos municipales no encontraron otro emplazamiento del Ayuntamiento que en un arco de 500 metros alrededor del consistorio estuviese sin actividad para desarrollar sus planes y acciones especificas como la coordinación de áreas de su gestión o la defensa de la igualdad de la mujer y la lengua gallega. El gobierno municipal alegó, en definitiva, «o maior interese público na actividade a desenvolver polo Concello de Vigo sobre o inmoble da súa propiedade».

Para ello el gobierno municipal exigió la liberación del sótano, planta baja y primera, permitiendo a la Diputación que siguiese disfrutando de parte del nivel de acceso directo desde la calle para acoger el servicio de cobro del ORAL y la planta segunda para despachos administrativos.

El gobierno provincial considera insuficiente dicha superficie para sus planes en la ciudad, por lo que además de manifestar su intención de seguir en el inmueble hasta el final de su concesión, reclama en caso contrario una indemnización del Concello.