La apertura de un vial ilegal en Cabo Estai termina con una multa menor

La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística ha impuesto una multa de 35.549 euros a los promotores de un vial declarado ilegal en Cabo Estai. Este organismo de la Xunta considera que los promotores han incurrido en una infracción grave por hacer obras no autorizadas en la zona de servidumbre de protección. Les impone una multa correspondiente con el 25 % del valor de las obras ejecutadas. Se trata de una carretera asfaltada que parte de la calle Arquitecto Cominges y que desemboca en las rocas del mar. Su construcción causó una gran polémica entre el vecindario y colectivos ecologistas. Supuestamente servirá para dar servicio a una urbanización de viviendas que se quiere promover, producto de una parcelación de terrenos que el secretario municipal también declaró ilegal en un informe reciente. Ya hay una licencia concedida.

La asociación de vecinos de San Miguel de Oia no está conforme con la resolución y presentará un recurso. «Para nosotros es totalmente insuficiente. Lo que queremos es que se reponga el entorno a su estado anterior y que se proteja. No puede ocurrir que vengan determinadas personas y les den licencia. A los usurpados en sus terrenos no les iban a dar ninguna», valora el presidente, Ángel Goberna.

La resolución de la Aplu pone fin al expediente sancionador y de reposición de la legalidad. La Xunta había primero archivado la denuncia porque constaba la preceptiva autorización del órgano competente en materia de costas. Sin embargo, los vecinos insistieron y un inspector constató que los trabajos no se estaban llevando a cabo según el proyecto autorizado. Hay diferencias técnicas como, por ejemplo, un trazado que no coincide, un pavimento diferente, materiales distintos a los previstos o una errónea colocación de las farolas y de la canalización del alumbrado público. Además se llevaron a cabo movimientos de tierras con rellenos.

Cuando la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística ordenó parar las obras, ya estaban ejecutadas. Los promotores denunciados son miembros de una familia de la zona. Uno de ellos es un ingeniero del departamento de Urbanismo del Concello de Vigo. Presentaron en su defensa el informe de otro ingeniero municipal que reconocía que se hicieron cambios en la ejecución del proyecto, pero acordados entre la dirección de la obra, la propiedad y el departamento municipal de infraestructuras y urbanización.

El arquitecto de una empresa que hizo las obras decía que las discrepancias detectadas son «axustes permisibles e non substanciais que no modifican o autorizado».

Obras no autorizadas

Los instructores del expediente consideran probado que se llevaron a cabo obras que no estaban contempladas y que «as obras que se examinan, foron realizadas no seu día carecendo da preceptiva autorización do órgano competente en materia de costas».

Constituyen una infracción grave tipificadas en la Ley de Costas, consistentes en la realización de construcciones no autorizadas en la zona de servidumbre de protección. Al mismo tiempo, también constituyen una infracción leve, consistentes en el incumplimiento de las condiciones del correspondiente título administrativo. Además de la sanción económica, la Aplu obliga a la reposición de las obras que no fueron autorizadas en un plazo máximo de tres meses. Les advierte expresamente que, en caso de incumplimiento, procederán a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas.

El secretario destacó la falta de interés público de la obra denunciada

El secretario municipal, José Riesgo Boluda, emitió un informe en junio declarando ilegales tanto el vial construido en Cabo Estai y por el que ahora la Xunta ha multado a los promotores, como las licencias municipales para la creación de nuevas viviendas en este espacio de interés paisajístico. Señalaba que los instrumentos de planeamiento pueden contemplar el trazado de nuevos viales respondiendo al interés publico para dar respuesta a una necesidad colectiva, bien para el tráfico de vehículos o la movilidad urbana. Sin embargo, en esta carretera observaba que es «imposible apreciar mínimamente cuál es el interés público que justificaría cuál es la existencia del vial». Considera que ni siquiera figura en el planeamiento esta franja de 180 metros de longitud. Tampoco considera sostenible ni que se adapte al medio ambiente la construcción de cinco viviendas unifamiliares en el frágil ámbito de Cabo Estai, concebido como uno de los espacios litorales que más valores naturales conserva en el término municipal.

Según su criterio, es procedente la revisión de las licencias que fueron otorgadas porque no se adecúan a la legalidad. La desaparición de un camino pintoresco que llegaba hasta las rocas para dar paso a un vial, la barrera visual que supondrán las construcciones pretendidas y la ruptura de la armonía del paisaje constituyen impactos significativos no deseables que, según el alto funcionario, «deben ser evitados». Apuesta por la desaparición de la carretera ya construida para reponer el antiguo camino de tierra que había antes de estas obras que tienen procedimientos judiciales abiertos en las vías penal, civil y contencioso administrativa.