Reabierto el caso de O Marisquiño por «indefensión» de parte de los heridos

No está todo dicho sobre el accidente que causó heridas de diversa consideración a 467 personas en la clausura del festival urbano de O Marisquiño en agosto del 2018 en Vigo. La Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de ordenar la apertura de la causa archivada el pasado enero, al menos en lo que respecta a ocho de los heridos que no aceptaron las indemnizaciones ofertadas por las aseguradoras del Ayuntamiento y Puerto de Vigo.

El tribunal provincial revoca en un auto el rechazo judicial al recurso que la defensa de los afectados había planteado contra el archivo de la causa, para que, entre otros extremos, se llevase a cabo una más minuciosa valoración psicológica del estado de los heridos disconformes con que se zanjase el caso sin apuntar responsabilidades en el accidente y determinar las consecuencias personales generadas por el mismo.

El tribunal deja sin efecto la decisión de la jueza encargada del caso, la titular del juzgado de Instrucción número tres de Vigo, e insta a dictar una nueva resolución sobre los recursos presentados por los heridos, que esté «suficientemente motivada» advierte. La Audiencia reconoce que el rechazo judicial a la petición del grupo de afectados, que se redujo a decir solo que «no ha lugar», «limita y menoscaba el derecho de defensa de los recurrentes, al no cumplir el grado de suficiencia que exige una tutela judicial». Y dice más el tribunal provincial sobre esa situación de indefensión: «su reparación exige la nulidad de la resolución impugnada», para realizar otra plenamente justificada.

«Es un revés para la jueza encargada del caso», valora Francisco Méndez Senlle, abogado de parte de las víctimas, que ha venido reclamando desde el momento del accidente una correcta valoración del estado de las víctimas, en especial de las secuelas psicológicas causadas por un siniestro que provocó heridas de consideración a diversos asistentes al concierto, así como aprisionamiento de personas bajo la estructura del muelle colapsado.

En el recurso presentado por el letrado al que ahora se ordena atender, se advertía que aunque la jueza determinase que no hubo delito en el origen del suceso, «el sentido común» era suficiente para comprobar que hubo una imprudencia grave no valorada. También apuntaba que no atendió las dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que determinaron la responsabilidad del Ayuntamiento de Vigo en la falta de cuidado y mantenimiento de la estructura de hormigón en la que autorizó la celebración del concierto. Otro recurso presentado por otra de las afectadas recurrentes, incidió en que las pruebas realizadas a los heridos con secuelas no fueron suficientes, y que además existió realmente «una imprudencia penalmente valorable, pues la infraestructura donde ocurrió el accidente se encontraba en un estado de conservación lamentable que hacía previsible el fatal colapso».

Ni Ayuntamiento de Vigo ni el Puerto, las dos entidades que autorizaron el festival, supervisaron el estado del muelle, afectado por la corrosión en tramos clave para su integridad.

Una indemnización de 780.000 euros que obvia las fobias provocadas por el colapso y el tumulto

Los heridos que tratan de mantener viva la causa judicial de O Marisquiño inciden en que la instrucción del caso olvidó «lo verdaderamente importante de los hechos investigados: la cantidad de lesionados y perjudicados que deja el accidente». El abogado Francisco Méndez Senlle llegó a valorar en su recurso la instrucción como «defectuosa actuación judicial», al centrarse en rechazar la existencia de delitos en el accidente, pero obviando la responsabilidad frente a los heridos de las instituciones que autorizaron el concierto.

Rechazan los heridos que no se hubiese llevado a cabo un análisis pormenorizado de las secuelas psicológicas generadas por el colapso del muelle y el posterior tumulto que dejó atrapadas en el agua a decenas de personas. «Las dolencias psicológicas con motivo de este siniestro han sido recurrentes entre los perjudicados en el mismo, y casi todas referidas a fobias a los lugares cerrados, a las aglomeraciones de personas, a las escaleras mecánicas, a los ascensores, a los puentes... que no se curan tan pronto y necesitan de multitud de sesiones de terapia», mantiene el letrado. Los recurrentes no aceptaron su parte en los 780.000 euros pagados a 355 de las víctimas del siniestro., al estimar que las indemnizaciones no cubrían todos los gastos generados, y rechazar la opinión de los peritos participantes en el caso de que los «episodios de estrés postraumático se curan solas», según rememora el abogado.