La camarera en paro y su crío pasarán en casa estas Navidades

El cerrajero fue el primero en llegar. No era la primera vez. Hace veinte días ya estuvo en la vivienda. Ayer esperaba a la comisión judicial a la entrada del caminito de San Miguel de Oia que da acceso a la casa en la que una camarera en paro iba a ser desahuciada con su hijo de dos años. Pero ninguno de los dos inquilinos se encontraba allí porque la mujer, T.S.O., estaba con su crío de dos años en el hospital.

La humedad y el frío se respiraban en el ambiente en el callejón de Cesáreo Vázquez. El termómetro marcaba 7 grados a las nueve de la mañana, dos menos que en el casco urbano de Vigo, y la noche fue mas fría aún, campo abonado para los virus respiratorios que han llevado al niño a urgencias. A esa hora, la Valedora do Pobo trataba de localizar a la desahuciada. «Queremos ver si podemos mediar ante el juzgado y encontrar algún tipo de arreglo y darle una solución habitacional a esta chica y su hijo porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad», señalaban desde la institución. Pocos minutos después, aparecían en la casa los representantes del juzgado y de la propiedad. Detrás de la cancela asomaba el busto del abogado del despacho que defiende a la familia desahuciada de forma gratuita. «Lo hago por amistad», decía el letrado del bufete Global Law. Explicaba al funcionario judicial que su clienta no había visto las notificaciones de desahucio que tenía en el buzón y a la comisión le indicaba que estaba en vigor el contrato de arrendamiento que T.S.O firmó hace tres años con la familia originariamente dueña de la casa, por la que paga una renta de cien euros al mes, gracias a que son familiares políticos. La mujer brasileña amenazada de desahucio tiene 30 años.

En la anterior visita del juzgado en la casa se encontraban cinco perros y varios personas con las que la joven mantiene amistad. La familia le dejó la casa por esa renta módica, ya que normalmente trabaja en la hostelería, pero ahora leva un tiempo en situación de desempleo.

El juzgado tenía orden de desahucio por una demanda de Interinmobiliaria, a la que Bankinter encargó la venta de la propiedad y que fue la que demandó a los ocupantes. Pero ayer se produjo un giro inesperado. «No sabíamos que Interinmobiliaria había vendido la propiedad», señalaba el funcionario ante los representantes de los demandantes y los nuevos dueños desde el 12 de diciembre han resultado ser un fondo patrimonial: Spanit. «Vamos a tener que negociar», admitía un representante del fondo.

Esta situación obliga a un nuevo procedimiento, ya que el letrado puede presentar un escrito con sus alegaciones y la inquilina y su hijo de corta edad gozan de un respiro navideño porque el real decreto que impide los desahuciados en situación de vulnerabilidad está en vigor hasta, al menos, el 31 de diciembre. Así que el cerrajero se tuvo que marchar por donde vino. La pesadilla antes de Navidad se acabó.