Expedientan a un administrativo del centro de salud de Coruxo que se negaba a emitir pasaportes covid

Hubo meses en los que todo giraba en torno al pasaporte covid. El papel que demostraba que una persona estaba vacunada o curada era obligatorio tanto para cruzar una frontera como para entrar en un restaurante. En ese momento en el que el certificado covid era un salvoconducto para hacer actividades normales, un administrativo del centro de salud de Coruxo, en Vigo, se negó a expedirlos, pues creía que estaba incumpliendo la ley. El Servizo Galego de Saúde se lo ordenó en distintas ocasiones, pero el trabajador siguió negándose. Por eso, le abrieron un expediente sancionador y ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo ha ratificado: el administrativo ha sido sancionado por dos faltas graves que conllevan tres meses de suspensión de empleo y sueldo.

Sucedió en el verano del 2021. Los ciudadanos podían acceder a la aplicación Sergas Móbil para obtener el certificado, pero no todo el mundo estaba dado de alta en el sistema de seguridad digital, por lo que muchos acudían al centro de salud a pedir el documento. Este administrativo recibía cada día veinte peticiones en el centro de salud de Coruxo, según se probó en el procedimiento judicial.

Él cuestionaba que fuese legal que un trabajador no sanitario accediese a datos clínicos. Así que se negaba y, como alternativa, daba a los usuarios una cita con el personal sanitario.

Ante los problemas, la dirección de recursos humanos del área sanitaria de Vigo le envió cuatro correos en el mes de julio del 2021 para ordenarle que emitiese los certificados. Él los contestó oponiendo dudas legales, pero el Sergas no le respondió.

Esas dudas las resolvió el juzgado de lo contencioso de Vigo, que ya en primera instancia confirmó el expediente sancionador cuando el trabajador lo recurrió: «No le podía asaltar ninguna duda sobre la legalidad de la actuación que se le había encomendado, desde el instante en que su práctica se ejecutaba a demanda». Es decir, era el propio ciudadano el que le pedía el certificado, por lo tanto, contaba con «la autorización más importante, la única importante, para acceder a los datos del sujeto».

En su recurso, la defensa del trabajador dijo que rebelarse contra la orden de expedir el pasaporte covid fue una «acción heroica» que solo lo llevó a «un viacrucis administrativo y judicial en defensa de los derechos, no solo los suyos personales, sino también de todos los ciudadanos.

Los magistrados reponen que el funcionario «desobedeció contumazmente las sucesivas órdenes de actuación» y recuerdan que para emitir el certificado covid no era necesario acceder a la historia clínica, pues era un certificado meramente administrativo con un aplicativo informático propio. «El demandante no tenía legitimación para erigirse en adalid de una sedicente legalidad que no estaba llamado a interpretar», concluyen los jueces.