La Audiencia Nacional condena a un nigeriano que timó 6 millones de euros en Vigo y otras 14 ciudades

Muchas de las estafas en compras de coches o los alquileres de pisos turísticos por internet tienen una segunda parte desagradable. Algunos de estos casos han llegado a juicio. El timador suele pedir el carné de identidad al cliente y luego usa sus datos sin consentimiento para montarse una identidad falsa con la que estafar a otras víctimas. En otros casos, como una sentencia del 14 de febrero de la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, el condenado es el cliente. Se trata de un casero que puso un anuncio para el alquiler turístico de un piso y recibió una llamada de un posible cliente interesado. El casero le ordenó pagar 300 euros de fianza pero el cliente, mediante una artimaña, le convenció para que el propietario le facilitase su cuenta bancaria para ingresar el importe. Lo que hizo fue quitarle los 300 euros al dueño. La Audiencia le impuso una multa de 240 euros por una estafa leve y la devolución del dinero.

En otro caso, la sección tercera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una sentencia del 10 de abril, ha condenado a un nigeriano de 56 años a 20 meses de cárcel por estafa informática, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Fue investigado entre el 2013 y el 2016 por hacer timos en Vigo (en el 2015) y en otras 14 ciudades de España. La Brigada de Extranjería (Ucrif) de Madrid le seguía la pista desde el 2015. En total, le acusan de estafar seis millones de euros. Lo localizaron en Londres y lo extraditaron.

Formaba parte de una banda que operaba desde el 2013 en Nigeria y España, y se cree que tenían más infraestructura en Turquía y el Reino Unido. Suplantaban la identidad de las víctimas de internet y usaban el engaño para obtener las credenciales de acceso a las cuentas de correo electrónico de los perjudicados. Luego, accedían a sus cuentas bancarias, se hacían pasar por los titulares y realizaban transferencias de dinero a cuentas abiertas por las multas, que cobraban comisiones del 5 al 20 %. Incluso intervenían en contratos formalizados por las víctimas para suplantarlas y ordenar pagos y transferencias en otra cuenta de destino. Los miembros de la banda redactaban «hojas de confirmación» para acreditar los beneficios que enviaban a Nigeria.