Algunas soluciones contra el «tarifazo» de Sogama

El tema de la semana, y lo que le queda, ha sido el anuncio del espectacular aumento de las tarifas que Sogama va a repercutir en los concellos y estos, a su vez, en la ciudadanía. Como suele suceder en estos casos, tan importantes son las cosas que se dicen como las que no se dicen. Se dice, por ejemplo, que la subida que anuncia Sogama será un «tarifazo» que aumentará en 4,8 millones la tarifa actual que pagamos a la empresa mixta público privada por la gestión de nuestros residuos urbanos.

Lo que no se dice es que en buena medida este aumento tiene que ver con una obligación legal derivada de la ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular (para entendernos: la ley que impide separar los tapones de las botellas de plástico) y que en su artículo 11.3 establece que «las entidades locales establecerán, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos». ¿Qué quiere decir esto? Pues que los 82 euros que pagamos en el recibo de la basura no cubren, ni de lejos, el coste real de gestionar los residuos (la diferencia la cubren ayuntamientos y Sogama) y la ley estatal exige que a partir de abril del año que viene la ciudadanía paguemos realmente lo que cuesta.

En cualquier caso, Vigo será la ciudad gallega que más notará la nueva tarifa por una razón simple: somos los mayores productores de residuos urbanos de la comunidad, generando, descontada la parte derivada al reciclaje, unas 277 toneladas diarias y, precisamente, se paga por generación. Escuchando las declaraciones de estos días, las cifras reales de reciclaje en Vigo varían entre el 13 y el 18 %, por lo tanto, en contra de lo que afirmaba aquella campaña municipal, Vigo no es la ciudad que más y mejor recicla. Sea cual sea la cifra, sería en cualquier caso menos de la mitad del 50 % que legalmente se tendría que reciclar a día de hoy y ni a esas paupérrimas cifras llegamos en lo referente a la obligación legal de recogida y tratamiento diferenciado de biorresiduos para su compostaje, que representa de media el 42 % de los residuos.

¿Qué podemos hacer para reducir esa factura? Van algunas ideas. Una campaña de educación ambiental específica para implementar la única solución real al problema de los residuos y la única ecológica: no producirlos. Por eso, reducir es la prioritaria, de las tres R de la gestión de los residuos. Es una regla aritmética simple: cuantas menos toneladas de residuos produzcamos, menos tendremos que pagar. Implementar el sistema SDDR (Sistema de depósito, devolución y retorno) para los envases, algo que cada vez es más común en Europa. Compostaje individual y comunitarios descentralizado, que, en el caso de Vigo, reduciría al menos un 25 % nuestros residuos. Y por último, después de reducir y compostar, reciclar. Ninguna de estas medidas es ninguna novedad. Todas ellas las hemos propuesto, argumentado y cuantificado en estas páginas durante los últimos años. La respuesta siempre ha sido el silencio.

El resumen es sencillo: en estos años, muchos años, nadie ha hecho los deberes para cumplir las obligaciones derivadas de las normativas de residuos europeas. Ni el Estado, ni la Xunta, ni el Concello, y seguimos priorizando vertedero e incineración, la peor solución y que más penaliza Europa. Tampoco nadie ha hecho caso de las advertencias ni las sugerencias de los colectivos ecologistas. Quizás ahora que nos dolerá, y mucho, en el bolsillo nos lo empecemos a tomar en serio.