Juzgan al exalcalde de Baiona Carlos Gómez por quitarse cinco multas por aparcar en zona de carga y descarga

El que era alcalde de Baiona en el 2021, el socialista Carlos Gómez, se sentará los próximos días 17 y 19 en el banquillo de la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, en Vigo. Está acusado de quitarse cinco multas de la Policía Local de Baiona por aparcar en zona de carga y descarga el 30 de abril, los 3 y 4 de mayo y el 7 y 9 de junio del 2021. Afronta tres años de cárcel y 15 de inhabilitación para cargo público, así como 17 sin poder presentarse como candidato a las elecciones. Un mando policial también está involucrado. Actualmente, Gómez ya no es alcalde tras perder las últimas elecciones pero siguió carrera como diputado provincial.

Agentes de la Policía Local de Baiona vieron el coche, del que era titular, y formularon denuncias de infracción por estacionamiento indebido en la zona de carga y descarga en la calle Elduayen. Se incoaron varios expedientes sancionadores y, en el período de alegaciones, el acusado reconoció ser el conductor en esas fechas. Según la Fiscalía, para eludir la sanción por eses estacionamientos indebidos, el alcalde se había puesto de acuerdo con el número dos de la Policía Local, el jefe, para alegar que por razón de su cargo poseía una tarjeta de estacionamiento autorizado pero que no la había colocado en el vehículo esos días porque la había olvidado en otro coche y aportó copia de la supuesta tarjeta.

Según el fiscal, esta fue elaborada «ad hoc» (a propósito para la ocasión) con posterioridad a las infracciones, firmada por el propio acusado como Alcalde-Presidente y por su presunto cómplice, el oficial jefe de la Policía Local. Por tal motivo, acusa a ambos de falsedad.

A mayores, en su escrito de alegaciones, el alcalde adjuntó un informe, firmado por el jefe policial con papel timbrado de la  Policía Local y que dirigió al propio alcalde, o sea, a sí mismo, en el que se decía que en relación con los expedientes de denuncia por infracciones de tráfico incoados por los agentes ya tenía conocimiento de la tarjeta acreditativa del estacionamiento autorizado para dicho vehículo al servicio del departamento de la Alcaldía, por lo que dicho vehículo había estacionado en la calle Elduayen los días en cuestión con el conocimiento y la autorización oficial.

La tarjeta, replica el fiscal, en todo caso era de estacionamiento autorizado de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Tráfico, por lo que no ampararía el de zona de carga y descarga, sino solo en espacios  habilitados para ello, detalle sobre el que las alegaciones y el informe guardaron silencio.

El instructor del expediente, de la Unidad de Sanciones de Tráfico de la Diputación de Pontevedra omitió el preceptivo traslado de las alegaciones efectuadas a los agentes denunciantes y emitió propuestas de resolución para que se estimasen las alegaciones y se archivase el procedimiento.

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El alcalde, a sabiendas de todos estos apaños, según el fiscal, el 23 de agosto del 2021 firmó cinco resoluciones distintas en idéntico sentido en las que «con total desprecio» de su deber de abstención estimó sus propias alegaciones como denunciado y resolvió archivar los procedemientos sancionadores contra él sin imponerse sanción ninguna a sí mismo.

La Fiscalía le acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial  con un delito de falsedad en documento oficial por funcionario público. Al mando policial, lo acusa de cómplice en el delito de prevaricación y de autor en el de falsedad.

La Fiscalía pide que el alcalde sea inhabilitado para empleo o cargo público e para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 15 anos, por el delito de prevaricación y a tres años de prisión, multa de 1.080 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (derecho a presentarse como candidato a unas elecciones) por dos años, por la falsedad.

El mando policial se enfrenta a inhabilitación car cargo público por cuatro años y medio por la prevaricación y tres años de cárcel y multa de 1.048 euros, así como  inhabilitación especial para empleo o cargo público por la falsedad.