Cangas aprueba el presupuesto tras cuatro años de bloqueo

Cangas ya tiene presupuesto después de cuatro años con las cuentas prorrogadas por falta de acuerdo entre los partidos de izquierda. Se aprobaron en el pleno de ayer con el voto de calidad la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), que anunció antes que se sometería a una moción de confianza si no se aprobaban. Para desbloquear la situación fue determinante la abstención de Alternativa Veciñal, el partido de la exregidora Victoria Portas.

El presupuesto que recibió luz verde asciende a 19,2 millones de euros de gasto para este año. En la sesión se produjo un empate entre los diez votos de los tres grupos de izquierda que conforman el gobierno (Bloque, PSOE y Esquerda Unida) y los diez del Partido Popular. La postura de Alternativa Veciñal permitió que la nacionalista Gestido inclinase la balanza. Victoria Portas pactó la abstención con el gobierno local porque este ha incluido en el documento económico diez puntos que le exigía. El abrazo que se dieron al final de pleno Iría Malvido y la exalcaldesa puso de relieve la alegría y la buena voluntad para llegar a un acuerdo.

En el otro lado, un PP con diez ediles y 6.000 votos en las pasadas elecciones, doscientos menos que sus adversarios, considera lo aprobado una estafa. Según el portavoz de Hacienda popular, Pío Millán, condicionará las cuentas municipales para los próximos años.

Los últimos presupuestos aprobados y que seguían en vigor fueron los del 2020, en plena pandemia. El gasto sube de 16 a 19,2 millones. La mayor partida es para el capítulo de personal, que se lleva 8,7 millones, uno más que en el 2020. Los gastos corrientes y de servicios se sitúan en casi 7 millones (en concreto 6.990.987 euros). El Concello reserva una partida de casi 800.000 para pagar facturas atrasadas. Hay que abonar intereses por el pleito que ganó la constructora Promalar y otros fondos son para la UTE de Aqualia que se encarga del saneamiento y de la gestión del ciclo integral del agua.

La concejala de Hacienda, Xiana Abal, reconoció que existe un grave problema con los vertidos que hay que resolver pero dijo que la Xunta debe ayudar en este asunto.

Las enmiendas de Alternativa Veciñal que se aprobaron y que ahora quedan pendientes de ejecución fueron las siguientes: 150.000 euros más de gastos de personal para que no se privaticen servicios; 186.000 para vivienda pública; 130.000 euros para crear una empresa que gestione la piscina; 10.000 para comprar la capilla de Santa Marta; 45.000 euros para el plan de movilidad; 36.300 para estudios sobre el contrato del agua y su posible rescisión; otros 10.000 euros para el aula matinal; 50.000 más para las escuelas deportivas; 100.000 para comercios y 70.000 para turismo. Ese fue el precio impuesto por Victoria Portas para no volver a tumbar las cuentas.